El recién cesado Director General de Carreteras ya fue imputado por un delito de prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio y el patrimonio en su etapa de alcalde de Alguazas
Ayer nos sorprendió la noticia de la detención y posterior cese de Jose Antonio Fernández Lladó, alto cargo del Gobierno de la Región de Murcia, muy amigo del, en otro tiempo, todopoderoso Ramón Luis Valcárcel.
Fernández Lladó tiene una larga carrera política en el Partido Popular que comienza en Alguazas, donde primero fue Concejal de Urbanismo y Hacienda y alcalde de 2001 a 2005 y de 2007 a 2015.
En su primer ciclo con las competencias de urbanismo, fue donde tuvo su primero problema legal grave que se conozca: fue denunciado por la asociación Entrecauces, en referencia a un permiso de obras que el popular Lladó concedió en una parcela cercana a la Torre Vieja o Torre de los Moros (Bien de Interés Cultural) cometiendo un presunto delito contra la Ordenación del Territorio, ya que esta parcela no tenía los permisos de edificación necesarios para realizar la obra que se llevó a cabo.
Las obras objeto de la denuncia se referían a la construcción de una vivienda unifamiliar y un restaurante en suelo no urbanizable a escasos diez metros de la Torre Vieja, catalogada como Bien de Interés Cultural.
Por aquellos actos el fiscal pidió un año de prisión y ocho de inhabilitación para el entonces alcalde, Fernández Lladó.
La presidenta de la Asociación Entrecauces, Carmen Mondéjar, que actuó como acusación particular, declaró que «el alcalde es cómplice de permitir una obra ilegal en una zona protegida».
En marzo de 2012 declaró en los juzgados de Murcia, acto que se prolongó por seis horas para dar cuenta de las licencias y permisos dados.
Días antes de la celebración del juicio contra Fernández Lladó, la Comunidad Autónoma aprobó (como recogió el BORM) una modificación puntual de las normas subsidiarias (puesto que no había Plan General de Ordenación Urbana) legalizando las construcciones en esa zona.
La titular del Penal número 2 de Murcia resolvió que no quedaba demostrado que «a sabiendas, infringiera las obligaciones de observar la normativa urbanística», siendo absuelto, lo que no impidió que la fiscalía y la acusación particular consideraran que la nueva normativa aprobada días antes del juicio había sido la base para que la juez absolviera a Fernández Lladó solicitando por ello la revocación de la sentencia.
En el año 2008, Fernández Lladó, también fue acusado por la oposición de Alguazas de pagar con dinero municipal el transporte de militantes del Partido Popular a un mitin con motivo de las elecciones de ese mismo año al encontrarse una factura que acreditaba el gasto.
Con los cargos de los que ayer fue acusado, recordemos, tráfico de influencias, cohecho y fraude a la Administración Pública, Fernández Lladó queda pendiente de juicio.
Así pues, para Fernández Lladó, no era la primera vez que pasaba por el duro trance de ser acusado de delitos penales. La primera vez se salvó sobre la bocina, parece que esta vez la cosa puede estar mucho más complicada.