Un informe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia desvela que el Gobierno López Miras pudo actuar en connivencia con Ferrovial Servicios SA permitiéndole no cumplir con los servicios contratados
En noviembre de 2016, la consejería de Presidencia, que en aquel entonces dirigía Mª Dolores Pagán Arce, adjudicaba a la empresa Ferrovial Servicios SA el contrato para el «Servicio de Explotación Operativa y Tecnológica del Sistema Integrado de Gestión de Emergencias 112 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia» con una duración de 48 meses por un montante de 6.458.272,18 €.
Según dicho contrato, «el adjudicatario Ferrovial Servicios SA», se comprometía a cumplir «los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares redactadas para esta contratación, a cumplir con la proposición técnica ofertada, así como a los términos de la oferta presentada».
El plazo de ejecución del contrato sería el comprendido entre el día 1 de diciembre de 2016 hasta el 30 de noviembre de 2020 y sería fraccionado según la tabla adjunta.
Ferrovial Servicios SA no renovaría como proveedor en la nueva licitación que sería adjudicada a Ilunion Emergencias SA para prestar el servicio desde el 15 de noviembre de 2021 hasta el 14 de noviembre del año 2025 por valor de 9.026.826,76 €, casi un 40% más que la anterior licitación.
En Agosto de 2017 la Inspección de Trabajo inicia actuaciones inspectoras por una denuncia recibida
En Mayo de 2017, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia (IPTSS) recibe una denuncia contra la empresa Ferrovial Servicios SA, adjudicataria del Servicio de Explotación Operativa del Sistema Integrado de Gestión de Emergencias del 112 en la CARM, que es ampliada en julio del mismo año.
A raíz de los escritos de denuncia presentados, y con la finalidad de comprobar los hechos contenidos en los mismos, así como la documentación que les acompaña, la IPTSS comienza una acción inspectora con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados.
El trabajo de la IPTSS desembocará en un pormenorizado informe de casi 500 páginas que concluirá que, aparentemente, el Gobierno de López Miras miró hacia otro lado y no hizo cumplir las condiciones del contrato adjudicado, llegando a afirmar que «la carencia de medios materiales propios y la falta de contratación de los suministros necesarios para la gestión del servicio de atención de llamadas del 112RM por parte de la empresa Ferrovial Servicios SA (…) suponen un verdadero incumplimiento de la oferta realizada por la empresa».
Como iremos desgranando en los próximos días en LasNoticiasRM, los incumplimientos reiterados y constantes van desde no disponer de un local propio para desempeñar el servicio; hacer que la CARM sufrague todos los gastos de gestión, estructura y mantenimiento de instalaciones donde se prestaba el servicio; cesión ilegal de trabajadores entre el Gobierno de López Miras y Ferrovial Servicios SA; incumplimientos en materia de protección de datos y falta total de control sobre el correcto cumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas y Administrativas del contrato.
El informe explica como trabajadores de Ferrovial Servicios pedían excedencias en la empresa para, en teoría, cuidar a familiares, y el mismo día eran contratados por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias para prestar sus servicios en el Centro de Coordinación Operativa ubicado en el mismo lugar dónde se prestaba el servicio de llamadas del 112, en lo que podría entenderse como un ahorro para el adjudicatario del contrato tanto en sueldos como en cargas sociales.