La alcaldesa de Cartagena junto a Juan Pedro Torralba y la empresa adjudicataria del contrato de jardines han sido denunciados ante los juzgados de Cartagena por hechos que podrían encuadrarse dentro de lo delitos de prevaricación, fraude y malversación
El pasado mes de octubre de 2022 tuvo entrada en el juzgado de instrucción número 4 de Cartagena una denuncia presentada por la Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública en nombre del presidente de la Asociación de Afectados por los Servicios Públicos de Cartagena, Marcelo Correa.
En dicha denuncia, Marcelo Correo relata una serie de supuestos incumplimientos que habrían sido realizados por la adjudicataria del contrato del «Servicio de conservación y mejora de los jardines y arbolado en Cartagena», la UTE ACTÚA-ACCIONA, en connivencia con el concejal del área, Juan Pedro Torralba, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso LasNoticiasRM en exclusiva, se indica que la UTE «está incumpliendo constantemente Innumerables clausulas, por las que en definitiva se la otorgó la licitación, en detrimento de otras empresas que se presentaron a la misma. Todo ellos con la connivencia y conocimiento del responsable del servicio, el concejal Don Pedro Torralba Villada, y su alcalde Doña Noelia María Arroyo Hernández».
Menos trabajadores de los que debería
El denunciante afirma que «la UTE presentó una oferta con 123 trabajadores, que según su oferta eran (todos menos 6) a jornada completa y los 12 meses del año. Como se expone en la oferta de la UTE el número necesario de trabajadores es de 119 trabajadores adscritos al 100% de tiempo y con la cobertura de vacaciones cubierta. Debido a esto, el total de personal de nueva contratación será de 39 trabajadores al 100% y un trabajador al 22 % haciendo un total de 123 trabajadores»
En el pleno municipal del pasado 26 de julio de 2019, a preguntas de los grupos de la oposición, «el concejal responsable de jardines (Juan Pedro Torralba), contestó que el personal dado de alta en el periodo de febrero a mayo era de 88 trabajadores a jornada completa y 8 a media jornada», lo que indicaría, según el denunciante, el incumplimiento de las condiciones del pliego de condiciones de la licitación.
Además, el denunciante valora esta diferencia entre el personal que debería estar prestando el servicio y el que realmente lo estaría haciendo, siempre según su versión, y lo cuantifica en más de dos millones de euros.
«Considerando un promedio de 26 trabajadores menos a lo largo de 2,75 años (01/0172019 a 30/09/2021) y a unos 29.000€ de media, habría un importe pagado por trabajo no realizado de 2.073.500 €, dinero de todos los contribuyentes de Cartagena que aparece abonado sin saber destinatario», explica Correa en el escrito presentado.
Plantas no colocadas
Otro de los argumentos que da el denunciante se refiere al número de plantas que la UTE se comprometió a plantar en los jardines y zonas verdes del municipio, y que según afirma Correa no han sido plantadas.
«Según la oferta de la empresa adjudicataria, el contratista tiene que colocar anualmente 3.983.197 plantas, lo que supone un numero de 16000 plantas por día. En los casi tres años de ejecución de contrato, en las ordenes de trabajo se ha cambiado las variedades a plantar por él mismo, 0,01 para plantas de flor de temporada o entre 0,05€ y 0,10€ para las arbustivas, por otras variedades con precios superiores, hasta un 17500%, con lo que consiguen no cumplir con las mejoras que lo adjudicatarios informaron y por lo que se les otorgo 39,996 puntos, que fueron los decisivos para la adjudicación del contrato», relata la denuncia.
Casi 5 millones de euros de perjuicio económico para el consistorio, según el denunciante
Correa cuantifica, según su criterio, el posible perjuicio económico para las arcas municipales de los hipotéticos incumplimientos en los que pudiera haber incurrido la UTE. Según este cálculo, la cifra que arroja Correa en la denuncia es de 4.847.639,16 euros.
«Realizando las cuentas oportunas, el total del posible perjuicio a las arcas municipales, por varios conceptos es de 3.966.646€ aproximadamente. Si se aplica el 0,5% de GC y 0,5 % de Beneficio industrial, más el 21 % de IVA, son 4.847.639,16€», se explica en el documento.
«Importe este estafado por la empresa adjudicataria, el concejal del servicio y su responsable superior alcaldesa de Cartagena, que, a preguntas y peticiones de informes, (de obligado cumplimiento por el ayuntamiento a realizar, porque así la ley obliga) por parte de ASEPUCAR, en casos dan silencio por respuesta y en otras ocasiones presentan informes falsos», afirma Correa.
Posibles delitos de prevaricación, fraude y malversación
Fuentes jurídicas consultadas por LasNoticiasRM han indicado que los hechos descritos en el escrito de la denuncia podrían encuadrase dentro del posible delito de prevaricación por omisión del deber de control del cumplimiento del contrato, posible delito de fraude a la administración publica si se probara que hay concertación entre contratista y responsable del contrato y el posible delito de malversación.
El PSOE de Cartagena lleva meses denunciando la dejadez en el mantenimiento de los jardines
El PSOE de Cartagena lleva meses denunciando el estado de los jardines y zonas verdes de Cartagena. Su portavoz, Pedro Contreras, ha manifestado que «Arroyo se olvida que es una obligación municipal proteger estos pequeños pulmones en nuestro municipio, que en la actualidad se encuentran absolutamente degradados, para que puedan ser utilizados por los ciudadanos y especialmente por los menores».
El secretario general de los socialistas de Cartagena y candidato a la alcaldía, Manuel Torres, ya advertía que “la pésima actuación del gobierno municipal deja abandonado el mantenimiento de muchos espacios verdes de la ciudad y de todos sus barrios y diputaciones”.
Torres explicó en nota de prensa que «todo el procedimiento del nuevo contrato de parques y jardines lleva bajo sospecha de irregularidades demasiado tiempo y que esta situación demuestra de una manera evidente que la gestión del gobierno municipal no ha sido clara».