El expresidente de la Región de Murcia y máximo mandatario del Partido Popular durante más de una década es acusado de presuntos delitos de prevaricación continuada, otro delito continuado de fraude y un tercero de malversación de caudales públicos
Nuevo varapalo judicial para el Partido Popular que ve como un segundo presidente regional, el en otro tiempo todo poderoso Ramón Luis Valcárcel, acaba en el banquillo de los acusados.
En el extenso escrito de acusación, el fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano , realiza un minucioso análisis de la supuesta trama corrupta que llevó a la Comunidad Autónoma a adquirir la planta desaladora de Escombreras a un precio totalmente injustificable y generando importantes daños a las arcas públicas de la Región de Murcia.
El fiscal pide penas de 11 años y medios de cárcel, 47 años de inhabilitación para el expresidente de la Región de Murcia y que se le embarguen sus bienes para hacer frente a 74,1 millones de indemnización por el sobrecoste en el contrato de arrendamiento de la infraestructura.
600 millones de euros por una desaladora parada
Recordemos que el Gobierno regional adquirió la Desaladora de Escombreras por un importe cercano a los 600 millones de euros, cuando su valor de mercado apenas superaba los 20 millones de euros.
Además lo realizó como reclamo político para la consecución de votos generando una falsa situación de crisis hídrica y justificando así la urgencia y necesidad de la compra de la infraestructura.
También se da la circunstancia, que en todos los años de funcionamiento de la infraestructura han sido pocos los momentos en los que ha funcionado a máxima capacidad, llegando a estar para y sin dar servicio durante mucho tiempo desde su construcción y puesta en funcionamiento.
«Plan preconcebido»
El escrito de acusación del ministerio fiscal es claro y afirma que toda la trama que rodeó a la Desaladora de Escombreras era un «plan preconcebido» por el propio Valcárcel quien actuando como «instigador» consiguió esquivar todos los obstáculos que se le presentaron en el camino, desplegando una «huida hacia delante que supuso un sobre coste de 74,1 millones de euros, solo en el contrato de alquiler de la infraestructura.
Además el Fiscal solicita que se proceda al embargo de todos los bienes, inmuebles, productos financieros, planes de pensiones, sueldos o pensiones que Valcárcel tenga a día de hoy a su nombre para satisfacer los posibles daños económicos que pudiera haber causado a las arcas autonómicas.
Utilización política
En el escrito de acusación se refleja que la compra de la desaladora se realizó «en un momento de confrontación política sobre el modelo de gestión del agua y de incertidumbre sobre la suficiencia de los recursos hídricos que se consideraban necesarios».
De esta manera se aprobó la ley de creación de la Empresa Pública del Agua (EPA) y fue con el consentimiento y aprobación de Valcárcel que se ordenara «disponer de una fuente de caudales propios procedentes de la desalación del agua de mar».
El fiscal apunta a que el por aquel entonces presidente de la Región de Murcia hizo este encargo «a sabiendas de que, tal legítima finalidad, se iba a realizar mediante una ilícita operativa».
Más de 60 testigos solicita la Fiscalía
La lista de testigos que solicita la Fiscalía es enorme, superando los 60 nombres, entre los que se encuentran el recientemente condenado a 3 años de cárcel, Pedro Antonio Sánchez, o la exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro.
Destaca también la presencia de varios exconsejeros como el extitular de Presidencia, Fernando de la Cierva; o la extitular de Economía, Inmaculada García. Además de 21 de los alcaldes que regían municipios cuando Valcárcel, entre ellos el exalcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, el de Torre Pacheco, Daniel García Madrid o el de Totana, Juan Morales, este último condenado a pena de cárcel en el ‘caso Tótem’.