Un servicio fundamental para la ciudadanía como el 112, mermado, coaccionado y con la connivencia del Gobierno regional para permitir el incumplimiento del pliego de condiciones de la licitación
Esta semana en LasNoticiasRM hemos dado un paso más al publicar el contenido de un duro, durísimo informe de la Inspección Provincial de la Seguridad Social de Murcia realizado a instancias de una denuncia presentada por los trabajadores del 112 en 2017.
Durante varias entregas hemos ido desgranando todo lo que el inspector detectó en su labor inspectora, y como han visto y leído (más de un millón de visitas a la web entre el miércoles y ayer domingo lo acredita) los hechos hablan por si solos.
El inspector se encontró con una empresa adjudicataria que tenía trabajadores contratados entre las distintas empresas de su grupo y no en la empresa que ganó el concurso (Ferrovial Servicios SA), algo que no estaba permitido ni consta ningún permiso para ello.
También descubrió multitud de incumplimientos por parte del adjudicatario, con la connivencia del Gobierno regional que, como explica Puri Sánchez -Supervisora actual del servicio y presidenta del comité de empresa-, se escudaba en que «se veían impotentes de hacer cumplir a Ferrovial el pliego de condiciones de la licitación porque la adjudicataria tenía muchos abogados, una maquinaria muy pesada y no conseguían hacerles cumplir con lo que estaba por escrito».
Una adjudicación que nació viciada por la presentación de una oferta por parte de Ferrovial, un 18% más baja que la base de la licitación, que a todas luces parecía a pérdidas y para Puri Sánchez era una forma de quitarse a la competencia de en medio «y una vez adjudicado el contrato, su estrategia fue no cumplir con el pliego de condiciones y no cumplir con la oferta que presentó, que mejoraba las condiciones del pliego del concurso».
¿Sin sala de backup en el 112? Sí, es posible.
Pero no quedaron ahí las pesquisas del inspector de Trabajo. También descubrió que Ferrovial no había aportado un edificio para disponer de una sala backup, tal como exigía el pliego de condiciones, y solo fue gracias a la presión de los trabajadores al judicializar el asunto, cuando decidió crear dicha sala, eso sí, en un lúgubre sótano, sin ventilación ni luz natural, incumpliendo la normativa en seguridad ya que por no disponer, no disponía ni de una salida de emergencias. Un zulo haciendo las veces de sala de trabajo solo para aparentar cumplir.
Además, del resultado de la acción inspectora, se conoce que la adjudicataria estaba haciendo uso de las instalaciones de la Comunidad Autónoma sin pagar ni un euro por ellas ni por los gastos ocasionados por dicho uso. Suministros energéticos, plataforma tecnológica, servicios de mantenimiento, comunicaciones y sin fin de costes que asumía la CARM sin que se conozca pago por parte de Ferrovial para compensar y hacerse cargo de ello, algo contrario a lo que marcaba el pliego de condiciones de la licitación.
Pero no es todo, para el inspector existió una cesión ilegal de trabajadores de libro. Y así lo denunció en su informe en multitud de ocasiones. Una pena que este documento perdiera fuerza probatoria en la acción judicial que iniciaron los trabajadores por haberse demorado más de lo marcado en la ley. De nuevo se libran, al estilo Pedro Antonio Sánchez, por un error en los plazos.
Connivencia, la clave de todos los problemas del 112
Así es fácil ser licitador público. Un contrato de casi 6,5 millones de euros por cuatro años, que gracias al Gobierno regional y su costumbre de mirar hacia otro lado cuando se trata de su red clientelar, seguro que hicieron que la multinacional sacara unos jugosos beneficios.
Y lo de la connivencia no lo digo yo, que también, lo dice el inspector de trabajo y lo repite en muchísimas ocasiones en las casi 500 páginas de las que consta el documento.
«La permisividad ante estas situaciones solo cabe explicarse si media una connivencia o acuerdo entre la empresa adjudicataria y la DGSCE de la que depende el CECOP; con la única intención de que se cubran de forma prioritaria las vacantes de este último servicio«, decía el informe. Quien no quiera ver esta evidencia está ciego o prefiere mirar hacia otro lado.
Por el camino, un servicio fundamental para la ciudadanía como el 112, mermado, coaccionado y sin los recursos necesarios para poder llevar a cabo su importantísima misión. Trabajadores a los que no se les permite crear un convenio colectivo propio y les hacen acogerse al de telemarketing, de los peores pagados del país, y que no recoge las necesidades específicas de este sector.
Un convenio con sueldos cercanos al salario mínimo interprofesional, que no contempla guardias localizables, aquellas que sirven para sustituir a una persona que por alguna razón no ha podido acudir a su puesto de trabajo, y obliga a presentarse en menos de 40 minutos desde que son avisados.
Pero según nos cuentan, y publicaremos en cuanto tengamos todos los cabos atados, las adjudicatarias de los servicios de limpieza de los edificios públicos de la Comunidad Autónoma y el Servicio Murciano de Salud, están en la misma o peor situación. Todo se andará y se sabrá, se los aseguro.
¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo va a permitir la ciudadanía de la Región de Murcia estos desmanes con el dinero público? El dinero de todos, ese que debería usarse para el bien general, y no para beneficiar a unos pocos para que otros puedan conservar su poltrona.
Se acercan unas elecciones que se antojan cruciales para darle un cambio de rumbo a esta Región. Piensen y voten en conciencia. Parafraseando a Inés Arrimadas en la plaza Belluga de Murcia, en acto de campaña de las elecciones autonómicas de 2019, «¿os imagináis 32 años gobernando los mismos y haciendo lo mismo?», ella si lo imaginó aunque mintió y no cumplió pudiendo hacerlo, de nosotros depende que no vuelva a suceder.