El Tribunal Constitucional impide que se debata en el Senado las modificaciones legales para su renovación, aceptando las medidas cautelares exigidas por el PP sobre hechos que aún no han sucedido
Anoche el Tribunal Constitucional asestó un duro golpe a la democracia tal como la conocemos. Decidió acatar las directrices del Partido Popular y evitar que el Senado pueda debatir la modificación legal aprobada el viernes pasado en el Congreso de los Diputados por una amplia mayoría de la cámara.
Este hecho sin precedentes hace que la separación de poderes instaurada y marcada a fuego en la Constitución quede totalmente desdibujada, y pone al filo del abismo a la democracia tal como la conocemos.
Un partido político ha impuesto su voluntad en el máximo órgano judicial. El Partido Popular ha cruzado una línea roja de difícil retorno, colocándose más cerca de pasar a ser una formación política anticonstitucional, y por tanto que deba estar fuera del sistema político actual.
La soberanía popular no puede ser usurpada por esta derecha rancia y tirada al monte. Totalmente desesperada y angustiada por no ostentar el poder y que sigue haciendo buena aquella famosa frase de M. Rajoy que decía que «cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político».
En resumen, el Partido Popular quiere llevar a España al caos y la destrucción. Creen que así podrán recuperar el control del Estado y volver a gobernar. Pero mucho me temo que se equivocan. Tomar las instituciones por las bravas no es una opción. El pueblo no olvida y lo tendrá muy presente en las próximas citas con las urnas.
Por suerte nos dotamos de un sistema democrático sólido que no va a poder ser pisoteado por los intereses personales de unos pocos. Hay alternativas para salvar este intento de imponer las tesis de unos pocos frente a las de la mayoría.
En manos del Consejo de Ministros está el aprobar una proposición de ley que marque las normas de renovación del Tribunal Constitucional y acabe con el mandato vencido de todos aquellos magistrados que se aferran a su sillón, extraordinariamente remunerado, y que impiden que se cumpla el mandato de la Constitución.
Y ya no voy a entrar en las supuestas promesas hechas por el Partido Popular a algunos miembros del Tribunal Constitucional que afirman prometer puestos de relevancia en un futuro gobierno de Núñez Feijóo.
Porque de ser ciertas, supondría que la corrupción ha llegado a lo más alto de las instituciones. A aquella creada para salvaguardar el cumplimiento de nuestra Carta Magna. A la que debe velar por el cumplimiento del mandato constitucional. Me niego a creer que esto sea cierto, por el bien de nuestro país.
Los que ya no deberían estar por haber caducado su mandato no pueden autoimponerse y vetar propuestas que han salido adelante con una gran mayoría de la representación popular en el Congreso. Esos magistrados deberían recordar las normas de la democracia y dejar de actuar de esta manera más cercana al autoritarismo y a estados dictatoriales.
La decisión de ayer del Tribunal Constitucional supone un antes y un después en la historia de nuestro país. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio, no lo duden. Este golpe judicial a la democracia no puede quedar sin respuesta.