Joaquín Segado tendrá que explicar por qué contrató a su compañero de partido y de corporación, Gabriel Ruiz, para realizar un estudio sobre el cambio climático en el Puerto de Cartagena por más de quince mil euros
En todas las instituciones públicas siempre hay un predecesor y un sucesor, y entre medio de ambos, las personas que preceden y a las que suceden. Ese es el caso de Joaquín Segado, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional y recién nombrado director de la campaña electoral del Partido Popular que fue sucesor de Antonio Sevilla y predecesor de Yolanda Muñoz.
Empezando de presenta a pasado nos encontramos con Yolanda Muñoz. Esa dama popular, baluarte conservador instaurado en la Autoridad Portuaria de Cartagena por obra y gracia del dedo de Fernando López Miras.
Porque, pese al pueril intento del flamante nuevo portavoz del Gobierno regional y delfín del López Miras para ocupar San Esteban en un futuro, Marcos Ortuño no convenció a nadie con su «quiero dejar claro que no existe ninguna trama del PP. Y no existe ninguna relación con el Gobierno regional, porque la Autoridad Portuaria depende exclusivamente de la Administración General del Estado».
Todo el mundo sabe, y sino ya se los digo yo, que el Puerto de Cartagena depende de Puertos del Estado, pero que su presidencia es mandatada por el Gobierno regional tal como se recogió en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del pasado 13 de diciembre de 2019.
Yolanda Muñoz imputada por delitos de corrupción
Yolanda Muñoz parecía llevar una consigna desde el primer minuto que fue nombrada presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena: servir de palanca para recuperar Cartagena, que durante dos legislaturas había perdido e incluso bajado resultados electorales, y servir de financiación indirecta al Partido Popular de Fernando López Miras.
Y en esas ha estado Yolanda desde su nombramiento. Es la presidenta que más dinero ha gastado en comprar publicidad en medios de comunicación y propaganda. Ha regado con dinero público la mayoría de medios de comunicación de esta Región, con salvedad de uno que llama mucho la atención: no ha dado ni un duro al portal de noticias Murcia.com, algo insólito.
Además ha mantenido contentas a varias agencias de publicidad y marketing, muchas de ellas cercanas al Partido Popular. No lo digo yo, los datos están ahí, solo tienen que mirarlos. En LasNoticiasRM hemos dado buena cuenta de algunos de esos contratos durante estos meses.
Pero la buena de Yolanda, y siempre según la versión que plantea la UCO y la Fiscalía, no le parecía suficiente. De hecho a día de hoy se encuentra imputada por haber cometido, supuestamente, delitos muy graves.
«Según la fundamentación del auto, los hechos que resultan de las denuncias presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos muy diversos», entre ellos «los de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos/uso de información privilegiada, negociaciones y actividades prohibidas y falsedad de documentos públicos», reza el auto de la jueza del juzgado de instrucción número 1 de Cartagena.
Joaquín Segado, un año en el cargo y muchos misterios
Su trayectoria es larga aunque no sobresaliente. Siempre al cobijo de su partido. Sin estudios superiores y cuyo mayor mérito en el ámbito privado ha sido el ser «empresario autónomo entre 2001 y 2003«, tal como reza su reseña biográfica publicada en la web de la Asamblea Regional.
A partir de ahí suma una sucesión de puestos en el Ayuntamiento de Cartagena y Administración regional, además de los puestos orgánicos dentro del Partido Popular, siendo nombrado por López Miras vicesecretario de Acción Política, Comunicación y Formación en el PP regional en el último congreso regional de los populares, y más recientemente director de campaña del PP para las elecciones en la Región de Murcia.
Para entender su aterrizaje en la Autoridad Portuaria de Cartagena debemos poner en contexto todo. López Miras decidió apuntar con su dedo mágico a Noelia Arroyo, quien había sido una leal y servil consejera y portavoz del Gobierno Regional, haciendo la veces de la actual Mar Moreno con su, digamos, estar encima de los medios de comunicación (aunque eso es otra historia que ya contaremos).
López Miras nombró a Noelia Arroyo candidata a la alcaldía de Cartagena, en contra del criterio de la agrupación local popular. Cuentan que el cabreo de Joaquín Segado cuando se enteró de la noticia fue antológico y que incluso amenazó con disolver la ejecutiva local y formar una gestora.
La sangre no llegó al rio, y las buenas artes (o malas, según se mire) de López Miras consiguieron ofrecerle algo al bueno de ‘Quino’ (a Joaquín Segado se le conoce entre sus amigos y conocidos por este diminutivo) que colmaría, al menos temporalmente, sus ansias de poder: presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Puesto dorado, más de 90.000 euros anuales de sueldo y con un presupuesto inmenso para gastar y regar a amigos, conocidos y allegados.
Así pues, se hizo la voluntad de López Miras y ‘Quino’ Segado fue presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, y Noelia Arroyo candidata a la alcaldía de Cartagena, aunque volviera a perder las elecciones de 2019 y que solo consiguiera formar gobierno con la compra de voluntades de Castejón y su séquito, quien eligió el sillón antes que a su partido, demostrando la calaña de la que estaba hecha, y que finalmente sería expulsada del PSOE.
Un año en la Autoridad Portuaria con muchas sombras
Durante el año en que Joaquín Segado estuvo al frente de la Autoridad Portuaria pocas son las ‘hazañas’ que se le conocen pero lo que si ha descubierto el equipo de LasNoticiasRM han sido algunos contratos, cuanto menos sospechosos de los que daremos cuenta en los próximos días.
Joaquín Segado tendrá que explicar por qué contrató, siendo presidente de la Autoridad Portuaria, a su compañero de partido y de corporación, Gabriel Ruiz, para realizar un estudio sobre el cambio climático en el Puerto de Cartagena por más de quince mil euros.
La Autoridad Portuaria de Cartagena, bajo el mandato de Segado, contrató a la mercantil Nostos SL por 15.156,46 euros para realizar un «estudio de la divulgación del Puerto de Cartagena ante el cambio climático, el cual deberá prever los efectos negativos que sobre la infraestructura portuaria, la biodiversidad del entorno, calidad de sus aguas, etc».
Nostos SL es propiedad de Gabriel Ruiz López, quien fue concejal del Ayuntamiento de Cartagena y director general de Litoral con Pilar Barreiro y compañero de corporación de Joaquín Segado.
Además, según se desprende del análisis de las cuentas anuales del año 2018 de la empresa, ese contrato supuso más del 30% de los ingresos de ese año para la sociedad. Mercantil constituida en octubre de 2015 y que, como se puede comprobar en las cuentas anuales, presentó pérdidas en el año anterior.
Además, se da la circunstancia de que el hermano de Gabriel Ruiz es Juan Carlos Ruiz, diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Popular desde 2003 hasta 2015 además de Consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, puesto del que tuvo que dimitir por su imputación en el caso ‘Púnica’.
Juan Carlos Ruiz está imputado por presunta malversación de caudales públicos y en su despedida dijo tener «la conciencia tranquila» y sentirse «absolutamente inocente».
Segado pagó la herencia de Sevilla
Y es que Segado no solo hizo ‘cosas por su cuenta’, también pagó contratos heredados de Antonio Sevilla, aunque podría haberse negado no lo hizo, lo que le convierte en partícipe necesario.
Joaquín Segado, como presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, pagó 58.080 euros a la empresa Ocean Infrastuctures Managemente SL por la «elaboración de documentación y visitas necesarias para la búsqueda de nuevos operadores en el Puerto de Cartagena», propiedad de Jose Luis Almazán Palomino, quien fue imputado en el caso Lezo por exigir mordidas a la constructora OHL para la financiación de las elecciones europeas de 2009 a favor del Partido Popular.
«Para tirar por la calle del medio necesito dos cosas: darle un cierto gusto a mis jefes y tienes que contar con 400.000 euros para las europeas del PP. Yo soy un equilibrista, necesito darle cierto gusto a todo el mundo». Esto fue lo que le dijo Jose Luis Almazán, exdirector del puerto de Melilla y exmiembro de la ejecutiva del PP al exdirector de Obra Civil de la Constructora OHL.
Antonio Sevilla, el hombre que inventó las autorizaciones administrativas retroactivas
Antonio Sevilla pasará a la triste historia regional por ser el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena que aprobó la primera autorización administrativa retroactiva, algo que aún hoy causa polémica entre expertos legalistas.
Y en este punto es donde hablamos de la desastrosa y ruinosa Desaladora de Escombreras, esa obra encargada por Ramón Luis Valcárcel, que está costando a todos los ciudadanos de la Región de Murcia más de 600 millones de euros y que tiene al expresidente de la Región imputado, quien en unas semanas veremos sentado en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones.
Pues bien, el bueno de Antonio Sevilla fue quien autorizó de forma retroactiva la renovación de la autorización a Hydro Management, empresa del grupo ACS (ya saben, Florentino Pérez y tal…) para captar agua de mar y así producir agua desalada. La desaladora estuvo más de seis meses captando agua sin autorización.
Hoy sabemos que la Fiscalía también sospecha de varias contrataciones realizadas por la Autoridad Portuaria en los últimos tiempos, y que supuestamente habrían contado con la intermediación de Sevilla para su consecución.
Además, la Fiscalía investiga un viaje de Sevilla a Cuba, junto a altos directivos de la Autoridad Portuaria, a gastos pagados, y que habría estado sufragado gracias a gratificaciones por sus servicios.
El pasado viernes dimitió Yolanda
Este viernes Yolanda Muñoz cedía ante las presiones de su partido y dimitía obligada por la imputación formulada por la juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena, que hacía suyas las pesquisas de la Fiscalía y solicitaba investigar a la ya expresidenta de la Autoridad Portuaria.
Muñoz intentó aferrarse al sillón dorado del Puerto de Cartagena pero no pudo soportar las presiones que provenían de dentro de su partido. Me cuentan que después del intento de aguantar, tras su comunicado del pasado jueves por la tarde, fue el mismo López Miras el que la llamó y le ordenó dimitir para no dañar más al Partido Popular, tanto en Cartagena como en la Región de Murcia.