► La Consejería de Medio Ambiente defendió en septiembre de 2021, en base a un informe, que la limpieza de fangos no le correspondía pero el documento que así lo sostenía aparece firmado en diciembre de ese mismo año
► López Miras conocía el resultado de un informe que aún no se había encargado, y que ni siquiera se había comenzado a realizar
Los miembros del Gobierno regional deben realizar algún tipo de formación en artes adivinatorias, futurología o de cualquier rito que permita a sus seguidores ser capaces de conocer el futuro porque sino no se entiende lo que hemos descubierto en LasNoticiasRM.
Pero para explicar el hallazgo, primero hagamos un breve repaso de los hechos que acontecieron en septiembre del año 2021, cuando el Gobierno de López Miras intentaba echar la culpa del estado en el que se encontraba el Mar Menor al Gobierno central.
En esos momentos, el gabinete del presidente ideo una estrategia consistente en generar la falsa creencia de que la retirada de lodos y fangos que se estaban acumulando en las playas del Mar Menor, por efecto de la incesante entrada de nutrientes procedentes de la agricultura y la degradación del ecosistema, correspondía al Gobierno de España.
Todos los miembros del ejecutivo, especialmente el presidente regional y el consejero de la materia (hoy senador) Jose Antonio Luengo, salieron a difundir las tesis fabricadas en San Esteban para, una vez más, intentar no hacer frente a sus obligaciones.
Por más que desde el Ministerio dirigido por Teresa Ribera, como por la Delegación de Costas en la Región, explicaban que esos trabajos correspondían a ayuntamientos y a la comunidad autónoma, Miras y su gente no paraban de repetir que eso era falso y que no tenían competencias.
En medio de esa batalla por imponer su relato, el diario La Verdad llevaba a su portada del 3 de septiembre de 2021 la siguiente noticia: “Un informe jurídico concluye que limpiar los fangos del Mar Menor compete a la CHS”.
En la noticia, firmada por Gregorio Mármol, subtitulaba “el análisis encargado por Luengo al exjefe de los abogados del Estado sostiene que la Comunidad carece de atribuciones para retirar lodos y fangos”.
La noticia relataba lo explicado por un informe encargado por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, cuyo titular era Antonio Luengo y que, supuestamente, había elaborado el despacho de José María López-Alascio, que hasta 2015 fue jefe de la Abogacía del Estado en la Región.
Dicho informe daba una serie de argumentos legales por los que, según se redactor, las competencias para retirar los fangos y lodos de las playas del Mar Menor correspondían a la Confederación Hidrográfica del Segura, o lo que es lo mismo, daba carácter de oficialidad a la tesis mantenida por el ejecutivo de López Miras en contra del Gobierno de España.
Hasta aquí todo podría parecer normal dentro de la política de confrontación constante del Gobierno de López Miras con el de Pedro Sánchez. Esa batalla que mantiene abierta, por cualquier motivo, el presidente regional para evitar hablar de lo que realmente sucede en la Región de Murcia.
Todo normal salvo por un detalle: el informe del que informaba en primicia La Verdad, y del que más tarde se hicieron eco la mayoría de medios regionales como también los nacionales, no fue encargado hasta diciembre de ese año, y redactado y firmado por su autor el 28 de ese mismo mes según desvelan los metadatos del documento.
En otras palabras, en septiembre López Miras sabía el resultado de un informe que aún no se había encargado, y que ni siquiera se había comenzado a realizar.
El expediente de contratación deja en evidencia a López Miras
LasNoticiasRM ha tenido acceso al expediente de contratación completo encargado por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, cuyo titular era Antonio Luengo, que sostiene los hechos relatados.
Según la información publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, Luengo contrató a abogado José María López-Alascio el 29 de diciembre de 2021 para realizar un informe “con el fin de conseguir el objetivo de la recuperación ambiental del mar menor”. Por ello la consejería consideraba “necesario un análisis competencial de las distintas administraciones involucradas en dicho objetivo, para lo cual se propone la contratación del servicio de soporte jurídico a la dirección general del mar menor, tras la entrada en vigor de la ley 3 20, de 27 de julio, de protección y recuperación del mar menor”.
En el detalle del documento de adjudicación de dicho contrato se puede comprobar que la fecha del acuerdo era el 29 de diciembre de 2021.
El documento de autorización del gasto para el contrato menor encargado a López-Alascio, está fechado el 2 de diciembre de 2021 a las 11:23 horas, la memoria de la justificación para la contratación del servicio, el 16 de diciembre de 2021 a las 13:33 horas y la disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago el mismo 29 de diciembre a las 15:08.
Por si no fueran suficientes las fechas presentes en los documentos del expediente administrativo de la contratación de los servicios de López-Alascio, los metadatos del propio informe también revelan que la la creación del documento fue hecha el 28 de diciembre de 2021 a las 13:37 horas.
López Miras pagó por un informe a medida
Los hechos demuestran que el ejecutivo de López Miras no encargó un informe a un técnico independiente para saber cuál era su opinión al respecto de la batalla competencial, sino que compró un informe a medida de sus necesidades por casi 6.000 euros y lo mandó a los medios de comunicación antes de que se hubiera encargado y realizado.
La dudas que me surgen son por un lado saber si ¿realmente López-Alascio hizo el informe o, tal vez, solo le pagaron por poner su firma en un documento redactado por el propio Gobierno regional?. y por otro, ¿por qué el Gobierno regional difundió un documento entre medios de comunicación que aún no había encargado al firmante del mismo?.
Estos sucesos demuestran que el ejecutivo regional no tiene problema en comprar papeles que respalden sus tesis y pone de manifiesto la nula credibilidad de cualquier informe que presente dado que, como se ha demostrado en este caso, pueden ser hechos con unas tesis preestablecidas con el único fin de sostener sus posiciones políticas y dar la falsa impresión a los ciudadanos de llevar razón.
Este ejemplo demuestra que la estrategia de confrontación permanente no es una invención de la oposición ni de los medios de comunicación. Es un hecho consumado y que además no se escatima en gastos para sostenerlo.
