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La devastadora DANA que arrasó el litoral mediterráneo este martes, cebándose con nuestros vecinos de la Comunidad Valenciana y que ya ha causado 95 muertos (en el momento de escribir este artículo) y decenas de desaparecidos, se ha quedado muy cerca de nuestra región.

En la memoria reciente tenemos la depresión aislada en niveles altos (DANA) que asoló, entre el 12 y el 14 de septiembre de 2019, la Región de Murcia, parte de Alicante y Almería provocando la muerte de seis personas, 4.000 evacuados o incomunicadas, 80 carreteras cortadas, cientos de miles de hectáreas de cultivo arrasadas y 25 municipios con daños severos en infraestructuras.

La factura de aquel desastre natural, según un informe de la Fundación Aon España que fue presentado noviembre de 2021 en el VI Simposio del Observatorio de Catástrofes de este organismo sobre ‘El coste de las catástrofes’, ascendió a 1.319 millones de euros.

Nunca, desde que hay registros, había llovido tanto en un solo día en estas zonas del sureste español, conocidas por su escasez de lluvias.

Y es por la cercanía de la catástrofe por lo que he decidido indagar acerca de lo hecho por el Gobierno regional desde la trágica experiencia vivida hace apenas cinco años y el resultado no ha podido ser más desolador: no se ha hecho nada o casi nada.

El 18 de septiembre de 2020, un año después del trágico suceso meteorológico, López Miras presentaba “un plan de 77 millones de euros y 250 medidas para dar solución a las inundaciones”. Según la nota de prensa distribuida por el Gobierno regional, el presidente de la Comunidad Autónoma hacía este anuncio “para dar una solución a las inundaciones en la Región de Murcia y garantizar la seguridad de las personas”.

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López Miras, durante la constitución de la Mesa de coordinación interadministrativa para prevenir las inundaciones en la Región de Murcia

Enfatizaba Miras en que su gobierno no podía “permitir ni una sola vez más que las inundaciones destrocen hogares y negocios, ni pongan en peligro la vida e integridad de nuestros vecinos”, remarcando que aquel anuncio pretendía “dar respuesta a las justas reivindicaciones de los ciudadanos”. 

Anunciaba en aquel acto un total de 40,4 millones que supuestamente se destinarían a abordar la planificación y mejora del territorio frente a los riesgos de inundación, incluyendo los hábitats urbanos y rurales, y la mejora de las carreteras regionales en las que se pretendía actuar en un centenar de puntos negros por inundaciones en la red regional. Además, también se invertirían 36,5 millones para minimizar el impacto de las inundaciones en los municipios ribereños y sobre el Mar Menor.

Como clave de bóveda de aquel imponente plan, nuestro flautero presidente anunciaba la salida a licitación del Plan para la prevención de las inundaciones en la Región de Murcia (POTPRI), por un valor de más de 147.000 euros, que fijaría las “reglas del juego” en materia de territorio para evitar el peligro o reducir el riesgo de inundación que padecen determinadas zonas de nuestro territorio.

Además, el citado POTPRI pretendía lograr una actuación coordinada de todas las administraciones y los agentes sociales para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones, y la mitigación y adaptación al cambio climático, entre otras cuestiones relacionadas con el territorio.

El inicio del informe sobre la necesidad para sacar a contratación la redacción del POTPRI decía “La Región de Murcia, por su situación en la cuenca mediterránea, está sometida periódicamente a procesos de lluvias torrenciales provocadas por depresiones aisladas en niveles altos de la atmósfera, las conocidas DANA, las cuales producen importantes inundaciones con cuantiosos daños en el territorio y, en algunos casos, lamentables pérdidas humanas”, confirmando así lo importante de su puesta en funcionamiento.

En octubre de 2020, el Ejecutivo de López Miras se auto regaló un debate monográfico en la Asamblea Regional sobre las medidas para reducir los riesgos de inundación en la Región de Murcia, enmarcado dentro de su estrategia de venta de humo.

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Imagen del debate monográfico

En él, el hoy senador y entonces Consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga indicó que este plan fijaría las “reglas del juego” en materia de territorio para evitar el peligro o reducir el riesgo de inundación que padecen determinadas zonas de nuestra comunidad autónoma.

Destacó que el objetivo de aquel plan era lograr una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y los agentes sociales para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones sobre la salud de las personas y los bienes, el medio ambiente, el patrimonio cultural, el paisaje, la actividad económica y los equipamientos e infraestructuras.

Como ya nos tiene acostumbrados este Gobierno regional dirigido por el nefasto López Miras, todo quedó en un anuncio vacío que sirvió de cortina de humo para tapar su inacción y colmar portadas de periódicos y artículos informativos que replicaban el anuncio del Ejecutivo autonómico.

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Captura del PPT de la licitación del POTPRI

La realidad es que en octubre de 2020 salió a licitación el citado POTPRI donde tan solo la empresa García de los Reyes Arquitectos Asociados S.L. fue la única que optó a la redacción del plan, pero que por problemas en la documentación que presentó finalmente la Consejería de Fomento no aceptó su oferta.

Y ahí quedó todo. Desde entonces hasta ahora no se ha hecho nada. El Gobierno de López Miras se echó a dormir, como llevan haciendo los gobiernos del PP en la Región de Murcia en los últimos 33 años, y aquel anuncio de cartón piedra quedó en algún cajón de la Consejería de Fomento durmiendo el sueño de los justos.

Nada se sabe de las “250 medidas para dar solución a las inundaciones” anunciadas por López Miras, dado que ninguna de ellas fueron definidas concretamente. Solo algunas fueron citadas de manera genérica y escueta para así no verse comprometido en el caso que no las llevara a cabo, como finalmente ha sucedido.

Así las cosas, la Región de Murcia se encuentra desprotegida ante la posible llegada de otra DANA, dado que los encargados de tomar las medidas necesarias para evitar las graves consecuencias de este terrible fenómeno natural siguen mirando las estrellas porque dicen que brillan más y contemplando la luna porque afirman que se ve mejor desde nuestra tierra.

La doctora por la UPCT Angela Franco subrayó hace unos días, en la presentación de una tesis doctoral que propone mejoras del planeamiento urbanístico para mitigar la inundabilidad en las ciudades de la Región, “la importancia de que la Región de Murcia disponga cuanto antes de un instrumento de planificación territorial de la gestión del riesgo de inundación a nivel regional con capacidad para influir en los usos del suelo, por la creciente problemática que van a tener las ciudades del Mediterráneo en esta materia por los efectos del cambio climático, que proyecta fundamentalmente escenarios a futuro con menores precipitaciones anuales, pero con episodios torrenciales cada vez más extremos como las DANA”.

Al POTPRI o plan similar se refería Franco. Ese que no existe ni parece que vaya a ver la luz en corto plazo debido a que ni siquiera se ha vuelto a sacar a licitación.

No se extrañen que en los próximos días veamos un nuevo anuncio de este presidente nuestro, maestro en el arte del mentira, la tergiversación y la venta de humo en pos de sus intereses personales, y que mantiene a esta tierra en la más absoluta miseria, de alguna medida que supuestamente esté encaminada a proteger a la población ante eventuales DANAS que nos puedan afectar.

Tampoco se asusten si sale públicamente a echarle la culpa de que no haya hecho nada en todos estos años a Pedro Sánchez, Puigdemont, ETA y los independentistas. Forma parte de su plan de actuación. Solo espero que la ciudadanía de la Región tome nota y le pida cuentas en el próximo proceso electoral que parece estar a la vuelta de la esquina.

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