► Los cajones de la administración regional son grandes y están repletos de expedientes en estado vegetativo por los intereses personales de algunos ya que, de ser tramitados, perjudicarían a los amigos del ejecutivo autonómico
Esta semana hemos conocido que el Plan de Ordenación de la Cuenca Vertiente del Mar Menor estuvo a punto de publicarse en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) en diciembre de 2022, pero la propia Consejería de Fomento e Infraestructuras de entonces, bajo las órdenes del Partido Popular, reculó, guardando el documento técnico en un cajón.
Y además la información ha salido a la luz a través de un respuesta a una pregunta de un diputado socialista que este no había recibido. Expliquemos el expediente X. Resulta que en mayo de este año Manuel Sevilla, diputado regional del PSRM-PSOE, presentó un pregunta escrita a Ordenación del Territorio para interesarse por el estado del proyecto.
Según ha asegurado el líder de VOX, José Ángel Antelo, entonces vicepresidente y consejero ‘de la cosa’, su departamento dio respuesta a la consulta y esta, siguiendo el procedimiento habitual, fue remitida a la Consejería de Presidencia para que diera el visto bueno final y la remitiera a la Asamblea Regional.
Pero ¡oh sorpresa!, esa respuesta nunca llegó. Ese documento que ponía de manifiesto que el Gobierno de López Miras había echado atrás la publicación del fundamental documento técnico y por tanto su entrada en vigor, quedó en algún cajón de la Consejería que dirige Ortuño, o peor aún, en el de la super secretaria general con rango de consejera, Mar Moreno.
Y, ¿Qué interés podría tener el Gobierno de López Miras en que ese documento no viera la luz? Fácil. Con la publicación del Plan de Ordenación de la Cuenca Vertiente del Mar Menor los agricultores de la zona tendrían mayores restricciones, o lo que es lo mismo, una importante bolsa de votantes del PP se vería damnificada y Fernando correría el riesgo de perderlos.
Tan sencillo como eso, y tan complejo como movilizar a toda una consejería para que ejerza de ‘Gran Censurador’ para filtrar la información que interesa y la que no de tal manera que lo que se publique no dañe los intereses personales de Fernando López Miras por perpetuarse en el poder.
Los cajones de la administración regional son grandes y están repletos de expedientes en estado vegetativo por los intereses personales de algunos ya que de ser tramitados perjudicarían a los amigos del ejecutivo autonómico.
Renaturalización de El Carmolí
Ejemplos hay muchos. Me viene a la cabeza el macro proyecto de renaturalización de la marina de El Carmolí, que nuestro flautero presidente anunció a bombo y platillo ahora hace tres años, y que a día de hoy sigue durmiendo en sueño de los justos en algún cajón de alguna consejería y del que solo sabemos que la comunidad autónoma se gastó más de un millón de euros en comprar unos terrenos que a día de hoy por no estar, no están ni vallados ni señalizados.
Un proyecto anunciado con todos los fuegos de artificio habidos y por haber en el año 2021, con el consiguiente gasto en publicidad, marketing y compra de espacios en medios afines vendiendo las bondades de la obra, vistiéndola con el traje de la protección medioambiental, y que los grupos ecologistas calificaron de «innecesaria» por no ser una zona ni degradada ni que necesitara ser renaturalizada.
Modificación Ley del Juego
O también recuerdo la modificación legal para restringir el acceso a los salones de juegos a menores que desde hace más de 6 años sigue en la oscuridad de algún otro cajón. En septiembre de 2018 el Gobierno regional anunciaba la ampliación de la distancia mínima entre locales y con respecto a los centros educativos y fijaba nuevas medidas para proteger a menores y personas en riesgo de ludopatía que a día de hoy se encuentran paralizadas sine díe.
Para ello el Consejero de Hacienda de la época, Fernando De la Cierva anunciaba una batería de medidas entre las que destacaban el bloqueo automático de los terminales de juego a menores y personas con restricciones a la práctica del juego, identificación de todas las personas que accedieran a establecimientos de juego, limitación a 500 metros la distancia entre cualquier negocio de juego respecto a los centros educativos e imponer la distancia de 1000 metros entre cada negocio para dificultar su proliferación.
Una modificación legal que se antoja imprescindible para una Comunidad Autónoma peninsular con el porcentaje más alto de locales de apuestas por ciudadano (un local por cada 4.068 personas), lo índices de ludopatía entre los jóvenes en máximos y con la Comisión del Juego sin reunirse desde hace casi dos años.
Pero claro, de publicarse esta modificación legal, los afectados serían, de nuevo, otros de los amigos del Gobierno regional como por ejemplo podría ser el Grupo Orenes patrocinador oficial de multitud de eventos organizados por los populares a lo ancho y largo de la Región de Murcia.
Los cajones de Fernando
Y así seguimos en una región que se encuentra a la cola de todos los indicadores sociales, que los mismos ciudadanos han calificado como una de las peores para vivir, según los datos del estudio publicado esta semana por el Instituto Nacional de Estadística que colocan a la Región de Murcia la cuarta por la cola en el índice de calidad de vida.
Por lo que si, los cajones de Fernando son esos agujeros negros donde todo entra pero rara vez sale. Manteniendo en el olvido proyectos y modificaciones legales importantes para la ciudadanía en general, pero perjudiciales en algunos casos para sus intereses personales.
Pozos sin fondo administrados y controlados por un equipo censor creado exprofeso para velar por asegurar la perpetuidad en el poder de nuestro flautero presidente. Algún día habrá un cambio de gobierno y eso cajones serán abiertos. Cuando eso suceda, el PP entrará en barrena y los ciudadanos sabremos cuánto nos ocultaron. Los ciudadanos tenemos la llave para que esto pase, no lo olviden.
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