►»El revolcón que le ha dado el CJRM a López Miras esta semana es un golpe de realidad, un recordatorio de que la política de la apariencia y la improvisación tiene un límite, y ese límite ha quedado claramente sobrepasado»
El Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) ha dado un auténtico revolcón al Gobierno de López Miras al sacar a la luz la caótica gestión y las numerosas deficiencias en la tramitación de dos normativas clave para la protección del Mar Menor: los proyectos de Decreto sobre el Consejo del Mar Menor y el Comité de Asesoramiento Científico. Ambos dictámenes, nº 282/2024 y nº 287/2024, son un severo recordatorio de que las prisas y la falta de rigor no son compatibles con la buena gestión pública, menos aún cuando se trata de un ecosistema en estado crítico.
Procedimientos chapuceros y desdén por los requisitos básicos
El CJRM no se anda con rodeos al destacar la falta de un informe fundamental: el del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CARMA). Esta omisión, en proyectos de tanto calado ambiental, es un error garrafal. “Dadas estas funciones de toma de conocimiento y consideración, valoración, proposición, etc., sobre las diversas actuaciones a realizar en orden a la protección, conservación, gestión y recuperación del Mar Menor, consideramos que resulta evidente la incidencia ambiental que dichas funciones tienen sobre el Mar Menor, justificando el sometimiento del Proyecto al Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente”, puntualiza el dictamen.
¿El resultado? Un procedimiento que el CJRM califica como un vicio sustancial que puede invalidar los decretos. El Gobierno de López Miras, en su intento de agilizar la aprobación de estas normativas, ha pasado por alto pasos esenciales, arriesgando la legalidad y efectividad de sus propuestas.
Invasión de competencias y errores de principiantes
El CJRM también señala un error que deja en evidencia la falta de conocimiento y cuidado del Ejecutivo regional: la invasión de competencias estatales. El proyecto de Decreto para el Consejo del Mar Menor establece que los representantes de la Administración General del Estado serán designados por el departamento ministerial competente, algo que contradice las reglas de la Administración central. Este desliz no es un simple descuido; es una prueba de la negligencia en la preparación y revisión de las normativas.
Que un error de este calibre pase sin ser corregido antes de llegar al CJRM evidencia que la revisión interna brilla por su ausencia. Parece que la consigna es: mejor rápido que bien. Pero en el mundo real, donde la validez y la eficacia de las normativas importan, estas estrategias solo llevan al fracaso.
Redacción deficiente: un texto plagado de errores
Los dictámenes del CJRM no solo critican la falta de procedimientos, sino que también sacan a relucir la torpeza en la redacción de los textos. La técnica legislativa del Gobierno regional deja mucho que desear, con errores tan básicos como el uso incorrecto de términos y frases redundantes. Un ejemplo es el artículo 20 del proyecto del Consejo del Mar Menor, que dice: “La adopción de acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos”. Una frase que parece salida de un borrador mal revisado, no de un proyecto que busca regular un órgano clave para la gestión de un ecosistema en crisis.
El proyecto del Comité de Asesoramiento Científico no se queda atrás en fallos. La falta de coherencia en la descripción de las funciones y la ambigüedad en las relaciones con otros órganos de gobierno reflejan una falta de supervisión y seriedad. La sensación es que el Gobierno de López Miras ha preparado estos proyectos de manera apresurada, sin dar la importancia que merecen.
Participación pública: un proceso manipulado
La transparencia es otro de los grandes ausentes en la gestión de estos proyectos. Aunque el Gobierno regional asegura haber realizado consultas y audiencias, el CJRM revela que estas se llevaron a cabo con errores administrativos, confundiendo los destinatarios y desordenando el proceso. Las consultas públicas son un pilar para garantizar que las normativas respondan a las necesidades de la ciudadanía y de los expertos. Ignorar su correcta aplicación es un desprecio a la participación democrática y una muestra de la falta de rigor del Ejecutivo.
Una llamada de atención urgente
El CJRM concluye que el Gobierno regional debe corregir todas estas deficiencias antes de llevar los proyectos al Consejo de Gobierno. No obstante, este revolcón no es solo una crítica puntual; es un aviso de que el Gobierno de López Miras necesita un cambio de enfoque radical. La prisa y la improvisación han caracterizado la gestión de estas normativas, y las consecuencias pueden ser desastrosas para la protección del Mar Menor.
El Mar Menor no puede permitirse normativas ineficaces, redactadas de manera apresurada y tramitadas sin el cuidado que requieren. La gestión de López Miras ha quedado retratada: un gobierno que se mueve con más interés por los titulares y los anuncios vacíos que por hacer las cosas bien. Este revolcón del CJRM es un golpe de realidad, un recordatorio de que la política de la apariencia y la improvisación tiene un límite, y ese límite ha quedado claramente sobrepasado.
Es hora de que el Gobierno regional recapacite, revise sus procedimientos y demuestre un compromiso real con la protección del Mar Menor. De lo contrario, la historia de estos dictámenes será solo el inicio de una cadena de fracasos que pondrán en peligro la valiosa, y ya maltrecha, joya ambiental de la Región de Murcia.
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