► El Consejo de Transparencia ha obligado a la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) a entregar las actas de su consejo de administración, desvelando una cultura de opacidad que ha definido a esta institución en los últimos años
► Entre investigaciones judiciales, acusaciones de corrupción y una gestión hermética, la APC parece ser el modelo perfecto de lo que una institución pública no debería ser
La APC lleva demasiado tiempo instalada en la opacidad. Negarse a entregar documentos públicos como las actas de su consejo de administración no es un desliz administrativo; es una decisión consciente que refuerza la percepción de que en sus despachos se toman decisiones que no soportan la luz pública. La reciente resolución del Consejo de Transparencia es un golpe a esta actitud, que no solo desprecia las obligaciones legales de la institución, sino también a la ciudadanía que tiene derecho a conocer cómo se gestiona su patrimonio.
Para colmo, en lugar de justificar su negativa con argumentos válidos, la APC optó por eludir responsabilidades acusando sin pruebas al ciudadano que solicitó la información de «abuso de derecho». Una estrategia que, además de carecer de fundamento, solo sirve para desacreditar aún más a una institución ya cargada de sospechas.
Las sospechas no son gratuitas. En los últimos años, la APC ha sido el epicentro de escándalos e investigaciones judiciales que dibujan un panorama sombrío. En 2023, la Fiscalía destapó un presunto caso de amaño de contratos que involucraba a altos cargos de la institución, incluidos la entonces presidenta Yolanda Muñoz y su predecesor, Antonio Sevilla. Las acusaciones, que abarcan delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental, son una muestra de cómo la gestión de la APC parece estar más enfocada en beneficiar a unos pocos que en servir al interés general.
Estos escándalos, lejos de ser anecdóticos, evidencian una falta de control interno que debería preocupar a cualquier administración. Muñoz dimitió en 2023, pero la llegada de un nuevo presidente, Pedro Pablo Hernández, en 2024, no parece haber traído consigo los cambios profundos que la institución necesita. Las promesas de transparencia se han quedado en palabras, mientras los hechos demuestran que el secretismo sigue siendo la norma.
La opacidad de la APC no solo mina su credibilidad, sino que tiene consecuencias reales para la sociedad. Estamos hablando de una institución que gestiona recursos estratégicos y que debería ser un motor económico para la Región de Murcia. En lugar de eso, su reputación está marcada por la falta de transparencia y la sombra de la corrupción, lo que inevitablemente afecta su capacidad para atraer inversiones y generar confianza en sus decisiones.
Es imposible no preguntarse qué esconden las actas de su consejo de administración, que han sido motivo de tanta resistencia. ¿Gestión ineficaz? ¿Favores indebidos? La negativa a entregarlas no hace más que alimentar estas sospechas y refuerza la idea de que la APC opera como un reino de taifas, donde las normas y los principios éticos son flexibles, dependiendo de quién ocupe el poder.
Más allá de los escándalos y las investigaciones, la Autoridad Portuaria de Cartagena tiene un problema estructural: la falta de transparencia no es un error ocasional, sino una política de facto que define su forma de actuar. Y esto no cambiará con promesas vacías o cambios superficiales. Es necesario un cambio profundo que pase por establecer mecanismos reales de control y rendición de cuentas.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando respuestas. Porque, al final, la APC no es una empresa privada que puede gestionar sus asuntos en la sombra; es una institución pública que debería estar al servicio de todos. Sin embargo, mientras se aferren al secretismo y sigan acumulando escándalos, será difícil que recuperen la confianza que hace tiempo dejaron de merecer.
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