► La denuncia presentada ante la Fiscalía por el presunto fraccionamiento de contratos en «La Mar de Arte» pone en entredicho la gestión de los fondos públicos destinados a la cultura por el Ayuntamiento de Cartagena
La gestión de los recursos públicos es una de las responsabilidades más sensibles de cualquier administración. En teoría, los principios de transparencia, igualdad y concurrencia deberían guiar todas las contrataciones, especialmente cuando hablamos del uso del dinero de todos. Sin embargo, en la práctica, hay ocasiones en las que estos principios parecen difuminarse entre justificaciones burocráticas y decisiones más que cuestionables.
El caso de la presunta fragmentación de contratos en el evento cultural «La Mar de Arte», organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, es una de esas situaciones que despierta más dudas que certezas y que expone, una vez más, las grietas de un sistema que permite que la falta de control y la discrecionalidad administrativa perviertan su propósito.
Responsabilidades en el Ayuntamiento de Cartagena
La denuncia presentada ante la Fiscalía por un posible fraccionamiento en la adjudicación de contratos dentro del marco de «La Mar de Arte» no solo pone en tela de juicio la legalidad de las decisiones administrativas, sino que también arroja sombras sobre la ética con la que se han gestionado estos fondos. En este caso, los documentos analizados apuntan a que, en lugar de licitar un único contrato conforme a la normativa, se optó por dividirlo en varias adjudicaciones menores para eludir los procedimientos de libre concurrencia.
Es pertinente señalar que la responsabilidad directa de esta gestión recae en el Concejal de Cultura, Ignacio Jáudenes Murcia. Nacido en Cartagena en noviembre de 1998, Jáudenes estudió en el CEIP Casa del Niño y en el Colegio Santa Joaquina de Vedruna (Carmelitas). A pesar de su juventud, ha asumido cargos de relevancia en el consistorio cartagenero, incluyendo las áreas de Hacienda, Educación y Cultura, además de ser portavoz del gobierno municipal.
Como máximo responsable del área de Cultura, Jáudenes debería garantizar que todas las contrataciones se realicen siguiendo los principios de transparencia y legalidad. Sin embargo, la presunta práctica de fraccionamiento de contratos en «La Mar de Arte» sugiere una gestión que podría estar más orientada a facilitar adjudicaciones directas que a fomentar la competencia y la igualdad de oportunidades entre los proveedores culturales.
Asimismo, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, como máxima autoridad del Ayuntamiento, comparte la responsabilidad política de asegurar que todas las áreas de su administración operen dentro de los márgenes legales y éticos. La falta de supervisión o la permisividad ante estas prácticas cuestionables reflejan una deficiencia en el liderazgo y en el compromiso con la buena gobernanza.
Los adjudicatarios y su vínculo personal
Otro aspecto que añade complejidad a este asunto es la identidad de los adjudicatarios de estos contratos presuntamente fragmentados. Se trata de Carolina Parra e Ignacio Ruiz, quienes, además de compartir una relación matrimonial, son conocidos por regentar la galería T20 en Murcia. Esta galería ha ganado reconocimiento en el ámbito artístico regional, lo que podría justificar su participación en eventos culturales. Sin embargo, la combinación de su vínculo personal con la administración y la forma en que se han adjudicado los contratos genera sospechas sobre posibles favoritismos y conflictos de interés.
Un patrón que se repite
La normativa en materia de contratación pública es clara en su intención de evitar el fraccionamiento irregular de contratos. Esta práctica, que consiste en dividir artificialmente una contratación mayor en contratos más pequeños para evitar los requisitos de publicidad y concurrencia, ha sido identificada en numerosas ocasiones por los órganos de fiscalización como una de las tácticas más utilizadas para burlar la ley. En este caso, la acumulación de pequeñas adjudicaciones con objeto similar en un corto periodo de tiempo refuerza la sospecha de que se ha podido emplear esta estrategia para evitar una licitación pública.
Más allá de las cuestiones técnicas, lo que resulta verdaderamente preocupante es la reincidencia de este tipo de prácticas en diferentes administraciones. No estamos ante un hecho aislado ni fruto de una casualidad administrativa; estamos frente a un modelo de gestión que, amparándose en la supuesta urgencia o especificidad de determinados servicios, parece diseñado para facilitar la adjudicación directa en lugar de fomentar la competencia entre proveedores.
¿Casualidad o estrategia?
Los defensores de esta forma de contratación argumentarán que los contratos fueron concedidos dentro de la legalidad y que no existe prueba de una intención deliberada de fraccionar el gasto. Sin embargo, cuando en un mismo evento se repiten adjudicaciones menores que, sumadas, alcanzarían el umbral de licitación pública, resulta difícil sostener que se trata de una simple coincidencia.
En este caso concreto, el hecho de que se haya recurrido a este mecanismo para otorgar contratos a dos personas vinculadas profesionalmente refuerza la percepción de que la administración ha empleado un ardid administrativo para evitar el procedimiento de licitación. No se trata solo de si se ha incumplido la ley de manera flagrante, sino de la erosión de la confianza ciudadana en la gestión pública.
Las consecuencias de la opacidad
El problema del fraccionamiento irregular de contratos no se reduce únicamente a una cuestión de normativa incumplida. Tiene un impacto directo en la calidad de la gestión pública y en la percepción de la ciudadanía sobre cómo se administran sus impuestos. Cuando se eluden los procedimientos de concurrencia, se priva a otros profesionales de la oportunidad de competir en igualdad de condiciones y se abre la puerta a la ineficiencia en la asignación de recursos.
En el caso de «La Mar de Arte», la reiteración de adjudicaciones menores plantea interrogantes sobre si verdaderamente se ha buscado la mejor oferta posible o si, por el contrario, se ha priorizado la conveniencia administrativa sobre la optimización de los recursos públicos. La falta de un proceso competitivo impide conocer si otras empresas o profesionales podrían haber ofrecido mejores condiciones económicas o técnicas, lo que, en última instancia, supone un perjuicio para el interés general.
Responsabilidades y soluciones
Es evidente que la Fiscalía tendrá la última palabra sobre si en este caso concreto se ha incurrido en una ilegalidad. Sin embargo, más allá de la resolución judicial, lo que debería preocupar a la administración es el modelo de contratación que permite que este tipo de prácticas se reproduzcan con tanta facilidad.
Urge una revisión profunda de los mecanismos de control interno y de fiscalización para evitar que la discrecionalidad se convierta en norma. No basta con confiar en que los gestores públicos actúen con responsabilidad; es necesario establecer protocolos más estrictos que garanticen que las contrataciones respondan realmente a los principios de transparencia y libre concurrencia.
Además, la ciudadanía debe exigir mayor rendición de cuentas. Es fundamental que se implementen herramientas de auditoría accesibles que permitan un seguimiento exhaustivo de la asignación de contratos, para que estos no queden en manos de unos pocos bajo justificaciones administrativas ambiguas.
El arte de la transparencia
El arte, como expresión cultural, debería ser un símbolo de apertura, participación y diversidad. Sin embargo, cuando la gestión de los fondos destinados a su promoción se ve empañada por la opacidad y las maniobras administrativas, su esencia queda pervertida. «La Mar de Arte» podría haber sido un ejemplo de cómo la inversión pública en cultura puede democratizar el acceso a la producción artística. En cambio, ha terminado siendo el reflejo de una administración que parece más preocupada por fragmentar contratos para eludir procedimientos que por garantizar una gestión realmente transparente y equitativa.
Mientras no se asuman responsabilidades y no se reformen los mecanismos de control, seguiremos viendo cómo el dinero público se gestiona con opacidad. Y la cultura, en lugar de enriquecerse con la pluralidad de talentos, seguirá siendo administrada a conveniencia de unos pocos.
¿Quieres contactar con el autor de esta noticia?
Si has visto algún error en esta noticia o tal vez puedes aportar alguna información extra, puedes contactar directamente con nuestra redacción mandando un email a news@lasnoticiasrm.es o escribiendo un mensaje por Whatsapp en el teléfono 641387053. Estaremos encantados de atenderte.
Esta y otras noticias puedes tenerlas al instante subscribiéndote a nuestro canal de Telegram
Puedes subscribirte a nuestro nuevo canal en Telegram, y disponer de todas las noticias importantes de la web en tiempo real.
Recuerda, pincha en t.me/lasnoticiasrm y dale a subscribir al canal en tu aplicación Telegram.
!!Te esperamos en LasNoticiasRM¡¡
Tabla de Contenidos
Datos del autor
- LasNoticiasRM
- Email: news@lasnoticiasrm.es
- Teléfono y Whatsapp: 641387053
