►»O se toman medidas contundentes, o el epitafio de esta legislatura será el de haber dejado morir a la sanidad pública. Y ese, señor López Miras, sería el peor legado posible«
La sanidad pública de la Región de Murcia agoniza en la camilla. El diagnóstico es grave: colapso generalizado, síntomas de abandono crónico y un pronóstico reservado. Mientras los pacientes hacen malabarismos para conseguir una cita médica y los profesionales sanitarios trabajan al límite, el Gobierno regional mira hacia otro lado.
La situación es tan crítica que podría calificarse de “epidémica”, pero el Ejecutivo de Fernando López Miras parece haber optado por tratar un cáncer con tiritas. Su receta ha sido la indiferencia y la privatización encubierta, un cóctel que ha dejado al sistema público en estado crítico. Y, como si de una mala broma se tratara, este deterioro coincide con honores y medallas para sus responsables políticos, en una desconexión con la realidad que roza el esperpento.
Murcia, conocida antaño por su huerta, hoy también lo es por sus interminables salas de espera. La sanidad pública está enferma, pero quienes deberían curarla parecen más interesados en negar los síntomas o echar balones fuera. Veamos el parte de lesiones de nuestro sistema sanitario: centros de salud colapsados, hospitales saturados, listas de espera kilométricas, negligencias mortales, recortes encubiertos y un abandono de los más vulnerables. Todo ello aderezado con la ironía de un Gobierno que se pone medallas (literalmente) mientras el paciente –la ciudadanía– se desangra esperando atención.
Colapso en la atención primaria y hospitales saturados
La atención primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario, pero en la Región de Murcia esa puerta está atrancada. Conseguir cita con el médico de familia es casi una misión imposible: días y días de espera que obligan a muchos a desistir o a saturar aún más las urgencias. Los médicos de cabecera llevan una carga inhumana, con agendas de más de 50 pacientes al día .
¿El resultado? Consultas exprés de pocos minutos, profesionales exhaustos y pacientes atendidos a la carrera. No es de extrañar que la calidad de la atención se resienta y que incluso la salud mental de los propios facultativos esté en juego. Cuando un médico debe despachar a medio centenar de personas en una jornada, está claro que el sistema hace aguas.
Este desborde en primaria tiene un efecto dominó sobre los hospitales. Al no poder ser atendidos con agilidad en su centro de salud, los enfermos acuden desesperados a urgencias, sobrecargando unos servicios ya de por sí tensionados. Las imágenes de pasillos repletos de camillas y salas de espera abarrotadas se han vuelto tristemente habituales.
En plena ola de infecciones respiratorias del invierno, los hospitales murcianos como la Arrixaca (Murcia), Santa Lucía (Cartagena) o el Rosell han vivido situaciones de saturación extrema. En la Arrixaca se han tenido que habilitar unidades adicionales de emergencia para encajar a los pacientes, y aun así la situación ha sido crítica, llegando al punto de derivar enfermos a “otras clínicas” –un eufemismo que oculta que muchos son enviados a centros privados por falta de espacio en lo público.
En el hospital de Lorca (Rafael Méndez), la falta de camas ha sido tan severa que ha puesto el grito en el cielo, y en Cartagena los profesionales y usuarios reclaman reabrir plantas hospitalarias cerradas para poder atender la demanda. Que en plena saturación existan alas de hospital clausuradas es el colmo de la dejadez: camas vacías mientras pacientes aguardan en los pasillos. La escena sanitaria murciana parece sacada de un cuadro de El Bosco, con médicos “desbordados” y enfermos esperando durante horas (incluso días) un ingreso.
Listas de espera interminables y huida a la privada
Si lograr atención inmediata es un calvario, no lo es menos la espera para pruebas o intervenciones especializadas. Las cifras oficiales son propias de un sistema en coma: más de 34.000 pacientes murcianos aguardan una intervención quirúrgica, con un tiempo medio de espera de 92 días.
Estamos hablando de tres meses de demora de media, y eso es un promedio; hay especialidades mucho peores. En cirugía plástica, por ejemplo, la espera alcanza hasta 148 días (casi cinco meses). Traumatología, oftalmología o cirugía general acumulan también miles de pacientes en la lista del “ya le llamaremos”. Estos retrasos superan con creces los máximos que marca la ley y sitúan a la Región de Murcia por encima de la media nacional en tardanza.
Frente a esta situación, muchos ciudadanos se ven empujados a una disyuntiva perversa: o seguir esperando sine die con su dolor y su enfermedad a cuestas, o rascarse el bolsillo e ir a la sanidad privada. Los que pueden permitírselo acaban pagando consultas o pruebas para las que el sistema público les da cita a meses vista; los que no pueden, simplemente aguantan o empeoran. Se está creando así una sanidad de dos velocidades: una para quienes tienen recursos y otra para quienes dependen exclusivamente de lo público.
De hecho, se han documentado casos de pacientes derivados a la privada ante la imposibilidad de ser atendidos en el sistema público. Es decir, el propio Servicio Murciano de Salud (SMS) ha terminado enviando enfermos a centros concertados o privados porque en los hospitales públicos no daban abasto. Esta es la confesión más clara del fracaso: cuando tu sistema deriva pacientes fuera, reconociendo que no puede con ellos, queda en evidencia que las listas de espera son más bien listas de desesperación.
El problema ya no es solo la espera, sino lo que ocurre durante esa espera. Cada mes extra aguardando una cirugía, una consulta de especialista o una prueba diagnóstica puede significar un agravamiento de la enfermedad. Un diagnóstico de cáncer retrasado por un cuello de botella burocrático puede convertir un tumor tratable en una sentencia de muerte; una cirugía cardíaca pospuesta puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Jugar con los tiempos es jugar con la salud. Y en Murcia, lamentablemente, la espera se ha convertido en parte del protocolo.
Negligencias que cuestan vidas
Cuando el sistema falla, las consecuencias no se quedan en meros números: se cuentan en vidas y en secuelas. Las asociaciones de pacientes llevan años advirtiendo del aumento de presuntas negligencias médicas ligadas al colapso sanitario regional. En 2024, la Asociación El Defensor del Paciente registró 454 reclamaciones por negligencias sanitarias en la Región de Murcia, un 11% más que el año anterior.
Detrás de esa cifra fría hay historias de dolor: diagnósticos tardíos, operaciones mal practicadas, altas hospitalarias prematuras, infecciones contraídas en pasillos abarrotados… Lo más estremecedor es que 37 de esas reclamaciones fueron por casos que acabaron con la muerte del paciente. Sí, decenas de personas perdieron la vida posiblemente porque el sistema les falló. Son 37 familias murcianas que tenían a un ser querido enfermo y hoy tienen un recuerdo y, quizás, la amarga sospecha de que todo podría haberse evitado con una atención a tiempo.
Algunos casos han sido especialmente sangrantes. Basta recordar el escándalo destapado en el Hospital Virgen de la Arrixaca, el buque insignia de la sanidad murciana. Entre 2016 y 2018, trece pacientes murieron esperando una operación de corazón, superando los tiempos máximos de espera recomendables.
La situación fue tan grave que la Fiscalía Superior de Murcia abrió una investigación por posible negligencia a raíz de la denuncia de dos cirujanos de ese hospital. Uno de aquellos médicos, el doctor Víctor Guillén, llegó a afirmar con desesperación: “Han muerto muchos pacientes en estos años, de los cuales el 50% había pasado el tiempo máximo de estar en lista de espera”. Imaginemos por un momento la escena: profesionales del propio hospital denunciando que sus pacientes se les mueren porque el sistema les hace esperar más de la cuenta. Es dantesco.
Cada titular de prensa sobre una negligencia, cada familia que acude a los tribunales, es un recordatorio de que detrás de las estadísticas hay seres humanos pagando con su salud (o con su vida) la mala gestión sanitaria. Y mientras tanto, el discurso oficial insiste en que se están “poniendo todos los medios”. Cuesta creerlo cuando vemos este reguero de casos lamentables en los que lo único “puesto” han sido obstáculos y retrasos.
Privatización encubierta del sistema sanitario
La sanidad pública murciana no solo sufre por lo que le falta (medios, personal, financiación), sino también por lo que le quitan. Desde hace años, diversos colectivos denuncian una privatización encubierta orquestada desde el Gobierno regional. ¿En qué consiste? Básicamente, en derivar fondos y pacientes al sector privado de forma opaca, debilitando deliberadamente lo público para beneficio de unas pocas empresas.
Recientemente ha salido a la luz, gracias a una comisión de investigación en la Asamblea Regional, que el Servicio Murciano de Salud realizó derivaciones de pacientes a clínicas privadas al margen de la ley, por valor de más de 23 millones de euros . Un informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión del hospital de la Arrixaca destapó estas prácticas irregulares, confirmando las sospechas de que se estaban firmando contratos y conciertos fuera de control por esa cuantía millonaria . En lugar de invertir ese dinero en mejorar quirófanos, contratar más médicos o abrir camas cerradas, se optó por engordar las arcas de la sanidad privada. Y lo más grave: se hizo de espaldas a la legalidad y a la transparencia, como denunció la diputada regional Marisol Sánchez, quien calificó estas maniobras de derivación como contrarias a la ley y orientadas a “privatizar encubiertamente la sanidad pública regional”.
La picaresca llegó al punto de que, cinco días antes de que dicha comisión parlamentaria comenzara sus trabajos, el SMS aprobó una nueva normativa interna para permitir contrataciones excepcionales con el sector privado sin licitación pública durante 12 meses. En cristiano: una puerta trasera legal para seguir derivando pacientes y dinero a la privada sin concurso público, saltándose controles. Una jugada maestra (y maestra en opacidad) que muestra hasta qué punto el Gobierno de López Miras está dispuesto a allanar el camino a la privatización silenciosa de servicios. Ni siquiera han podido disimularlo: la propia oposición ha señalado que estas prácticas no son casos aislados, sino parte de una estrategia sistemática del PP para desmantelar la sanidad pública.
Mientras se derivan pacientes a centros privados, infraestructuras públicas permanecen infrautilizadas. Paradigmático es el ejemplo del Hospital Santa Lucía de Cartagena: su flamante sala de radiología (telemando) solo se usa un día a la semana, mientras el resto de la semana permanece cerrada y se envía a los pacientes a centros concertados para hacerse las pruebas. Es decir, tenemos la máquina y el personal, pero se prefiere no usarlo y pagar fuera. Así, cualquiera “reduce” listas de espera: sacando la cartera pública para beneficio privado.
Este patrón se repite: desviar pacientes fuera en lugar de reforzar lo de dentro. Las listas de espera, en vez de abordarlas ampliando recursos propios, se “maquillan” comprando servicios a la privada. Se anuncia a bombo y platillo la reducción de la lista quirúrgica, pero pocas veces se dice alto y claro que ha sido pagando operaciones en clínicas privadas. ¿El resultado? Un trasvase de dinero público a negocios sanitarios privados. Se privatizan ganancias mientras se socializan las carencias.
Y, en el proceso, se mina la capacidad del sistema público para recuperarse: cada euro que se va a un concierto privado es un euro que no queda para invertir en personal o tecnología en la pública. Estamos ante una tormenta perfecta de intereses creados donde la salud se ve como un nicho de negocio. Y lo más indignante es la falta de transparencia: ha tenido que ser un informe oficial y la presión política la que saque los colores a estas maniobras que el Gobierno regional jamás reconocería voluntariamente.
Falta de recursos y personal: un sistema al límite
Detrás del colapso sanitario en Murcia hay años de recortes, desinversión y mala planificación. La Región de Murcia se ha situado sistemáticamente a la cola de España en inversión sanitaria. Un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) constataba un empeoramiento generalizado del sistema regional debido a “la falta de esfuerzo inversor” por parte de las autoridades. Los datos comparativos son demoledores: Murcia ha pasado de estar entre las últimas cinco comunidades en calidad sanitaria hace una década, a ser la última en 2021.
Ocupa el último lugar o de los últimos en prácticamente todos los indicadores: número de camas hospitalarias por habitante (solo 2,03 camas por 1.000 habitantes, de las peores ratios de España), número de médicos y enfermeras tanto en hospitales como en primaria (1,73 médicos especialistas y 3,33 enfermeras por 1.000 hab, también de los peores registros; y en atención primaria 0,69 médicos y 0,57 enfermeras por 1.000 hab, cifras indignas que la sitúan en los últimos puestos nacionales). Con tan pocas camas, pocos médicos y pocas enfermeras, es casi milagroso que el sistema aguante siquiera como lo hace. Es como intentar atender a una población creciente con medios de hace 20 años: simple y llanamente no da abasto.
A esta escasez crónica de recursos se suma el déficit financiero galopante que arrastra el Servicio Murciano de Salud. Según el último informe del Defensor del Paciente, las arcas sanitarias regionales tienen un agujero de 3.600 millones de euros. Este agujero negro se traduce en facturas sin pagar, infraestructuras que no se mantienen y servicios que se cierran. No es casualidad que en los últimos años se hayan cerrado plantas enteras en hospitales clave, como ocurrió en el hospital del Rosell en Cartagena o en el Virgen del Castillo de Yecla. También se han suspendido intervenciones quirúrgicas por falta de recursos, dejando a muchos pacientes compuestos y sin operación. Cada cierre de planta o quirófano es un clavo más en el ataúd de la sanidad pública regional, porque recuperar esos servicios luego cuesta el doble (si es que se recuperan). La falta de personal agrava este círculo vicioso: faltan médicos de familia, faltan pediatras, faltan enfermeras, faltan especialistas en áreas críticas.
En la Región de Murcia no hay suficientes médicos de familia ni pediatras, especialmente en zonas rurales, lo que deja a muchos consultorios descubiertos y obliga a sobrecargar a los profesionales que sí están . Los servicios de urgencias padecen igualmente esta escasez de personal, lidiando con un volumen de pacientes muy por encima de su capacidad humana. Esta carencia de plantilla no es fruto de la mala suerte, sino de la falta de planificación y de incentivos.
Durante años no se han convocado las plazas necesarias, o no se han hecho atractivas para que los médicos formados en la Región se queden. De hecho, sucede al contrario: muchos médicos jóvenes murcianos, tras hacer el MIR, prefieren irse a trabajar a otras comunidades o al extranjero antes que quedarse en un sistema que ofrece peores condiciones laborales y salariales. Así, la pescadilla se muerde la cola: menos personal implica peores servicios; servicios precarios ahuyentan al personal; y la rueda sigue.
Los propios profesionales llevan tiempo advirtiéndolo. Sindicatos médicos y de enfermería denuncian que las plantillas son insuficientes y las cargas de trabajo inasumibles. En primaria, una de cada tres plazas de pediatra está vacante o cubierta por médicos no especializados, según datos aportados por la oposición. ¿El resultado? Casi 600.000 niños en España sin pediatra asignado, y Murcia contribuye generosamente a esa estadística nefasta. Dependiendo del área de salud donde viva un menor murciano, puede darse el caso de que jamás sea evaluado por un pediatra en toda su infancia, sino por médicos de familia desbordados. Esto “pone en peligro la salud de la infancia”, como ha llegado a acusar el propio Colegio de Médicos y grupos como Podemos. Porque no tener pediatras no es un fallo menor: es dejar a nuestros niños sin la atención especializada que merecen en sus años más delicados.
Los más vulnerables, los más perjudicados
Se suele decir que las crisis las pagan quienes menos culpa tienen. En la sanidad murciana, la población más vulnerable es la que está llevando la peor parte de esta debacle. Pensemos en los ancianos, que suelen depender exclusivamente de la sanidad pública: si un jubilado de renta baja necesita una prótesis de cadera o una cirugía cardíaca, está condenado a esperar meses (cuando no años) con dolor o con un riesgo creciente, porque no tiene la opción de ir a una clínica privada. Muchos mayores han visto reprogramadas sus citas una y otra vez, o han pasado interminables mañanas en un centro de salud a rebosar que al final les da cita para la semana siguiente (con suerte). Para un anciano frágil, cada mes de retraso en una intervención puede suponer perder movilidad para siempre, o que una dolencia se agrave irreversiblemente. Las largas esperas son particularmente crueles con ellos.
Lo mismo ocurre con los pacientes crónicos o con enfermedades graves. Un enfermo de cáncer en Murcia sufre no solo la angustia de su diagnóstico, sino la incertidumbre de si llegará a tiempo el tratamiento o la cirugía que necesita. Retrasar tratamientos oncológicos o pruebas diagnósticas esenciales (como PET-TAC, biopsias, etc.) puede hacer que cuando por fin se realicen, la enfermedad haya avanzado. Y no nos olvidemos de la salud mental, a menudo el pariente pobre del sistema: los pacientes que requieren psicólogo o psiquiatra en la pública se cuentan entre los más abandonados, con demoras que pueden superar el año para una primera cita. ¿Quién puede permitirse esperar un año con una depresión severa o un trastorno mental agudo? Los que no pueden, se hunden o tienen que costearse ayuda privada; los que esperan, lo hacen con riesgo personal enorme.
También los habitantes de zonas rurales de Murcia están sufriendo este abandono sanitario. En pequeños municipios, la falta de médicos de familia y pediatras, ya mencionada, implica que haya consultorios que solo abren unos días a la semana o que un solo médico tenga que atender a varios pueblos. Estas poblaciones, a menudo envejecidas y con menos recursos de transporte, se ven obligadas a desplazarse decenas de kilómetros para acudir a un centro de salud u hospital comarcal donde igualmente les espera la cola. Han cerrado servicios esenciales en hospitales cercanos, y eso obliga a los pacientes a viajar lejos para recibir atención.
No es una exageración: el propio informe del Defensor del Paciente señala que el cierre de plantas en Yecla o el Rosell (Cartagena) dejó a muchos ciudadanos “sin soluciones a corto plazo” en sus comarcas. Es decir, si tu hospital de referencia cierra su unidad de cirugía, te tocará ir a Murcia capital; si tu centro de salud no tiene pediatra, tendrás que llevar al niño al hospital de la ciudad más próxima. Y eso, para quien tiene coche y medios. Quien no, simplemente se queda con un servicio mermado o inexistente. La brecha sanitaria se ensancha: territorio, edad, nivel socioeconómico… Los más pobres, los más mayores, los más aislados son los que se llevan la peor parte de este desastre.
En definitiva, la desatención del sistema público está castigando sobre todo a quienes más dependen de él. Irónicamente, quienes tienen seguro privado o dinero para pagarse consultas particulares apenas notan el problema: ellos siempre encontrarán una puerta abierta (mediante pago) a su necesidad médica. Pero la mayoría social, que confía en la sanidad pública, se siente traicionada. Porque el pacto implícito era claro: uno aporta mediante sus impuestos, y el Estado devuelve garantizando una asistencia sanitaria digna cuando la necesites. En Murcia, ese pacto hace aguas. Los ciudadanos aportan (sí, incluso más que en otros sitios, pues Murcia no es la que menos impuestos paga ni mucho menos), pero no reciben a cambio una atención acorde a un país desarrollado. Y esto afecta especialmente a los colectivos más débiles, para quienes la sanidad pública no es una opción más, sino la única tabla de salvación.
La gravedad del problema y la responsabilidad de López Miras
Llegados a este punto, el diagnóstico está claro: la sanidad pública murciana está gravemente enferma. Pero toda enfermedad tiene causas identificables y, en este caso, la etiología apunta directamente a decisiones (o indecisiones) políticas. La gestión del presidente Fernando López Miras y su Gobierno regional es, sin ambages, la principal responsable de este colapso. No hablamos de un virus desconocido o de un desastre natural inevitable: hablamos de políticas sanitarias equivocadas, de presupuestos raquíticos, de prioridades desviadas y de una negligencia continuada en la planificación.
Llevan años prometiendo remedios que nunca llegan o que se quedan cortos: anuncian plan de choque por aquí, inversión extraordinaria por allá, pero la realidad apenas cambia. Se destinó, por ejemplo, una partida de 30 millones de euros para intentar reducir las listas quirúrgicas, un parche insuficiente que no ataca la raíz del problema. Porque puedes inyectar dinero puntualmente, pero si no contratas más personal, no mejoras la gestión ni detienes la sangría de fondos al sector privado, el paciente (nuestro sistema sanitario) seguirá en la UCI.
Lo más indignante es la desconexión entre la realidad y el relato oficial. Mientras médicos y enfermeros alzan la voz, salen a la calle o directamente se van de la Región buscando mejores condiciones; mientras pacientes y familiares claman por sus demoras y sus condiciones indignas de atención; mientras todo eso ocurre, el Gobierno de López Miras se atreve a sacar pecho de su gestión.
Incluso el Colegio Oficial de Médicos de la Región –en un movimiento difícil de justificar– premió al presidente con su medalla de colegiado de honor y emblema de oro. Que se condecore al capitán mientras el barco se hunde resulta un sarcasmo doloroso para quienes están en la sala de espera o en el quirófano cancelado. Ese reconocimiento ha sido recibido con perplejidad e ira por muchos profesionales: ¿un premio a qué? –se preguntan–, ¿a las listas de espera récord?, ¿a las plantas cerradas?, ¿a las 37 muertes en un año por negligencias?. La propia concesión de la medalla ilustra el divorcio total entre la cúpula institucional y la realidad asistencial.
Ha quedado en evidencia que el Ejecutivo regional ha sido incapaz de garantizar un servicio sanitario de calidad a los murcianos. Ya sea por falta de voluntad política, por incompetencia o –peor aún– por cálculo interesado de promover la sanidad privada, el hecho objetivo es que la ciudadanía está desprotegida. Y la protección de la salud es un derecho constitucional y un pilar básico del Estado de bienestar; cuando quien gobierna no lo asegura, está faltando a su deber más elemental.
La enfermedad de la sanidad pública en Murcia tiene cura, sí, pero requiere un cambio drástico de tratamiento: más recursos, mejor gestión, transparencia y prioridades claras en favor de lo público. Sin embargo, nada de eso será posible si no se reconoce primero al responsable del mal. Y en este caso, el Gobierno de Fernando López Miras debe asumir que esta crisis sanitaria lleva su nombre. Los síntomas llevan tiempo ahí, los diagnósticos se han hecho una y otra vez (por colectivos médicos, por informes oficiales, por estadísticas comparativas), pero el tratamiento aplicado ha sido negligente. La consecuencia es esta sanidad agonizante.
La sanidad pública está enferma, sí. Pero no ha caído enferma de la noche a la mañana ni por mala fortuna, ha sido enfermada por la desidia y las malas decisiones. Cada médico que falta, cada cama cerrada, cada euro desviado, ha sido un germen inoculado en el organismo sanitario. Los murcianos no merecen este trato. Merecen que sus impuestos se traduzcan en médicos suficientes, en atención ágil y segura, en hospitales que sean lugares de curación y no de peregrinaje interminable.
Merecen, en suma, un gobierno que mire por su sanidad y no mire para otro lado. Porque el estado comatoso de la sanidad regional es, ante todo, un fracaso político. Y al igual que un médico negligente debe rendir cuentas, también un gobernante debe hacerlo. Es hora de exigir responsabilidades y, sobre todo, soluciones. De lo contrario, seguiremos asistiendo a la paradoja cruel de ver a López Miras con medallas al pecho, mientras en la Región de Murcia la salud de la gente sigue en estado crítico. La enferma es la sanidad pública, sí; pero la cura empieza por sanar la gestión política que la ha llevado hasta aquí.
Murcia no necesita paliativos retóricos, necesita cirugía mayor: inversiones reales, personal suficiente, transparencia y una defensa firme de lo público. De lo contrario, la paciente –nuestra sanidad– corre el riesgo de entrar en fase terminal. Y con ella, se apagaría uno de los derechos fundamentales de todos los murcianos. Es momento de cambiar de rumbo antes de que sea demasiado tarde. La salud de una región entera está en juego, y ya no valen ni excusas ni satirones de hombros: o se toman medidas contundentes, o el epitafio de esta legislatura será el de haber dejado morir a la sanidad pública. Y ese, señor López Miras, sería el peor legado posible.
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