Entre trayectos repetidos, contratos en serie y expedientes invisibles, el derecho a saber queda atrapado en un atasco administrativo
Qué has hecho, Fran. Fran Sánchez, director general de Deportes del Gobierno regional, gestor de lo público y presunto campeón de los contratos menores a una sola empresa. Qué has hecho con la transparencia, con la legalidad, con la ciudadanía. Qué has hecho con esos 223 contratos adjudicados entre 2019 y 2025 a BenyTours Vacaciones Empresas Grupo SL, una empresa que —casualidades de la vida— tiene su sede fiscal en Cabezo de Torres, el mismo lugar del que tú, Fran, eres originario.
Porque vamos a ver: ¿cómo se explica que el 95% de esos contratos hayan salido directamente desde la Dirección General que tú encabezas, sin licitación pública y sin que, hasta la fecha, se hayan mostrado los expedientes completos, tal y como ordena una resolución firme del Comisionado de Transparencia? ¿Qué clase de malabarismo administrativo se está practicando cuando, ante un mandato legal, la respuesta es el silencio?
Lo cierto es que la explicación no parece jurídica, sino alegórica: esto ya no es administración, es literatura mágica. Realismo institucional fantástico, donde las resoluciones no se cumplen, los contratos se multiplican sin límite y la transparencia se convierte en esa criatura mitológica que todo el mundo menciona pero nadie ha visto.
El contrato menor: esa fórmula mágica que convierte la excepcionalidad en rutina
Porque no nos engañemos: el contrato menor se pensó como un instrumento excepcional. Para casos urgentes, concretos y de pequeño importe. Pero en la Región de Murcia, y concretamente en la Dirección General de Deportes, se ha convertido —supuestamente— en el menú del día. Y en este menú, BenyTours es plato único.
Según el registro oficial de contratos menores, la Consejería ha adjudicado 223 contratos por un total de 59.749,91 euros a esta misma empresa entre 2019 y 2025, la mayoría consistentes en servicios de transporte para actividades deportivas. Casi todos con destinos repetidos: Archena, Los Alcázares, Monteagudo, Alcantarilla, Fuente Álamo… Itinerarios que no parecen justificar una adjudicación directa por singularidad o urgencia.
¿Y qué pasó en 2025, tras la resolución del Comisionado que exige acceso completo a los expedientes? Súbitamente, la contratación con BenyTours se desplomó. Un solo contrato por 150 euros en lo que llevamos de año. ¿Coincidencia? ¿Cambio estratégico? ¿Miedo escénico?
El Comisionado de Transparencia ordenó en febrero, mediante resolución firme, la entrega de toda la documentación asociada a esos contratos: presupuestos, facturas, resoluciones, informes de necesidad… Pero hasta la fecha, la Consejería de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes no ha facilitado esa información. Tampoco ha ofrecido una explicación pública sobre el motivo del retraso o la negativa, más allá de lo que solo puede definirse como silencio administrativo.
La transparencia como acto de fe… o de escapismo
En su resolución, el Comisionado es claro: no existe causa alguna para denegar el acceso a esos documentos. La ley de Transparencia de la Región de Murcia lo establece así. Pero en este caso, el papel parece no soportar el peso de los hechos. La transparencia, más que un derecho fundamental, se vuelve un concepto decorativo. Como los presupuestos participativos o las consultas ciudadanas: está ahí, pero solo si no molesta.
Y aquí llegamos a la joya de la corona: el Comisionado de Transparencia no tiene capacidad sancionadora directa. Sus resoluciones, aunque vinculantes, no se acompañan de mecanismos eficaces de ejecución. No hay multas. No hay consecuencias inmediatas. Solo la esperanza de que la administración tenga voluntad de cumplir con la ley. Y ya hemos visto cuán volátil puede ser esa voluntad.
Porque seamos honestos, Fran: cuando un órgano del Gobierno regional ignora una resolución oficial, no estamos ante un fallo puntual, sino ante un síntoma estructural. Una cultura política que percibe la transparencia como una molestia y el control ciudadano como un enemigo a evitar.
Benytours: la empresa con más kilómetros institucionales de la Región
Lo que más llama la atención no es solo el número de contratos, sino su reiteración. Un proveedor único, servicios similares, itinerarios repetidos y todo ello gestionado por la misma Dirección General.
Supuestamente, todo ha sido perfectamente legal. Pero la apariencia de legalidad no exime de la obligación de justificar el interés general, la eficiencia y la transparencia de cada contratación. Y sin los expedientes en la mano, la ciudadanía no puede comprobar si se han cumplido o no estos principios.
Además, la coincidencia geográfica entre el responsable político de las adjudicaciones y la empresa adjudicataria, ambos vinculados a Cabezo de Torres, añade una dimensión delicada al asunto. No implica ilegalidad per se, pero sí exige un plus de transparencia y cuidado, precisamente para evitar cualquier sombra de sospecha. Y en este caso, lo que hay es una sombra alargada y bien plantada.
Gobierno mudo y la ciudadanía huérfana
Ante todo esto, la respuesta del Gobierno regional ha sido el silencio más absoluto. Ni explicaciones institucionales, ni comparecencias públicas, ni compromisos de actuación. Como si la resolución del Comisionado no existiera. Como si los 223 contratos no contaran. Como si el dinero no fuera público.
Es aquí donde duele más: cuando un Gobierno presume de regeneración democrática y de transparencia, pero en la práctica permite —o al menos tolera— que una Consejería desacate una resolución sin consecuencias, el mensaje es devastador. La ley se aplica cuando interesa. Y si no interesa, se ignora.
¿Y ahora qué, Fran?
Fran, lo preguntamos sin ironía: ¿vas a entregar los expedientes? ¿Vas a comparecer y dar explicaciones? ¿O vas a esperar a que esto pase, como han pasado otras cosas antes?
Porque lo que se te pide no es heroico. Solo se te pide que cumplas la ley, que respetes el derecho a saber, que expliques por qué se contrató a una única empresa casi 60.000 euros en cinco años sin concurso alguno.
Si todo se hizo correctamente, demuéstralo. Si hay justificación para cada contrato, ponla encima de la mesa. Pero seguir negando el acceso a esa información alimenta la sospecha y debilita la confianza en las instituciones.
Y no es una cuestión personal, Fran. Es una cuestión política. Institucional. Democrática.
La Región de Murcia no puede permitirse seguir siendo el cortijo donde la transparencia es optativa
Porque si esto queda sin respuesta, si no hay consecuencias, el mensaje es claro: en esta Región, el control democrático es una cortesía, no una obligación. Y eso, en plena década de la digitalización, de los portales de datos abiertos, de las declaraciones institucionales por la transparencia, es un bochorno.
Lo que ha hecho —o dejado de hacer— la Consejería de Cultura y Deportes no es solo un asunto administrativo. Es un síntoma de un modelo institucional donde los mecanismos de fiscalización están de adorno, y donde cumplir o no cumplir una resolución del Comisionado depende del humor del día.
Y así no se construye democracia. Así se degradan las instituciones.
Fran, si algo queda de compromiso público en ti, entrega los expedientes. Y si no puedes justificar lo que hiciste, da un paso al lado. Porque esto ya no va de ti. Va de que la transparencia, la legalidad y el respeto a la ciudadanía no pueden seguir supeditados a la conveniencia política del momento. Porque si no lo haces tú, alguien más tendrá que hacerlo. Y cuanto antes, mejor.
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