«Las rodillas de este Gobierno de López Miras ya están en carne viva, no por rezar, sino por arrastrarse ante la ultraderecha»
«Rectificar es de sabios. No volverá a suceder». Así, sin una pizca de vergüenza, la consejera de Política Social del Gobierno de la Región de Murcia, Conchita Ruiz, se postró en la Red X (antes Twitter) para anunciar al mundo que, tras el escándalo mediático y el veto de Vox a los presupuestos autonómicos, el Ejecutivo regional daba marcha atrás y anulaba la orden por la que se iban a adquirir viviendas para acoger a menores migrantes no acompañados. Setenta y cinco caracteres de indignidad institucional. Un mensaje frío, calculado y obediente. Un punto y final sin alma para la que debió ser una política de protección y humanidad.
Pero aquí, en la Región de Murcia, ya nada de eso importa. Lo que vale es conservar el poder, mantener en pie el equilibrio artificial entre un presidente sin autoridad y un partido ultra que impone condiciones sin rubor. Lo que se escenificó el 1 de julio de 2025 no fue una rectificación. Fue una humillación. Fue el momento exacto en que Fernando López Miras entregó lo poco que quedaba de autonomía institucional al chantaje permanente de Vox. Y lo hizo, no con palabras, sino con hechos: el mismo día que la consejera anunciaba en redes que se cancelaba la compra de viviendas, el consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, firmaba una orden en el BORM retirando a la Consejería de Política Social las competencias para adquirir inmuebles. No fuera a ser que a alguien se le ocurriera volver a pensar por sí mismo.
El episodio no es anecdótico. Es una declaración de principios. Un aviso a navegantes. En la Murcia de hoy, proteger a un menor puede costarte el cargo. Tener iniciativa social se considera una deslealtad. Y usar fondos europeos para acoger niños tutelados se interpreta como una traición a la agenda ultra. El presidente regional, que podría haber pactado los presupuestos con el PSOE sin imposiciones ideológicas, prefirió rendirse. Porque sí, rendirse es el verbo. Lo dijo Francisco Lucas con claridad: «El PP ha preferido dejar a 60 niños en la calle antes que pactar unos presupuestos moderados». Y Carmina Fernández añadió: «Este Gobierno ha arrojado los derechos de la infancia por la ventana para contentar a Vox». No es hipérbole. Es descripción exacta de los hechos.
El centro de menores de Santa Cruz está saturado. No hay plazas suficientes. El programa de compra de viviendas estaba diseñado para resolver eso. Era legal, estaba financiado y respondía a una necesidad urgente. Pero a Vox le pareció una ofensa. Y al PP le pareció más rentable pedir perdón que resistir. De nada sirvieron las leyes, ni la Convención de los Derechos del Niño, ni la legislación europea, ni la autonómica. El Gobierno regional decidió vulnerarlas todas para mantener su pacto de poder. Lo denunció CCOO: «Se ha vulnerado el interés superior del menor y se ha convertido a la infancia en moneda de cambio». Y en ese proceso, la imagen de la Consejera de Política Social fue la más grotesca: saliendo a redes a anunciar con orgullo su sumisión. No volverá a suceder, dijo. Como si fuera ella la culpable. Como si cuidar de niños fuera un error que conviene evitar en el futuro.
El PP murciano ya no gobierna. Administra lo que Vox le permite. Cuando Abascal dijo que no toleraría esa compra, López Miras tembló. Cuando Antelo exigió cabezas, Marín actuó. Cuando Vox repite su mantra del «inmigracionismo», el Gobierno regional adapta su agenda. Y así, Murcia se convierte en laboratorio del miedo, en ejemplo de cómo el chantaje se institucionaliza. Hoy han sido 60 menores. Mañana serán las políticas de igualdad, los programas de diversidad, los derechos LGTBI o la educación pública. El camino ya está trazado.
Pero lo peor no es el silencio cómplice. Lo peor es la normalización. El «no volverá a suceder» como doctrina de gobierno. El miedo como estrategia. La cobardía como único plan. Las rodillas de este Gobierno ya están en carne viva. No por rezar, ni por suplicar, sino por arrastrarse. Y en cada paso que dan, dejan un rastro de sangre institucional, de vergüenza democrática, de dolor para quienes más necesitan protección.
No se trata de un error. Se trata de una elección. Y esa elección tiene consecuencias. Para los niños que han perdido un hogar. Para los profesionales despedidos. Para los ciudadanos que aún creen que la política está para defender derechos y no para sacrificar principios. Pero sobre todo, para quienes piensan que ceder al odio no tiene coste. Porque lo tiene. Y es alto. Se mide en infancia rota, en dignidad perdida, en rodillas ensangrentadas.
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