«Cada concesión política a la privada debilita la independencia, la calidad y la capacidad crítica de la pública»
En la Región de Murcia, por poner un ejemplo el mapa universitario cuenta una historia que no suele aparecer en los discursos oficiales. Mientras las universidades públicas se asfixian entre recortes, burocracia y precariedad, una institución privada, la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), no deja de expandirse, acumular beneficios y presentarse como ejemplo de éxito y “eficiencia”.
Pero tras ese relato triunfal se esconde una realidad incómoda: el crecimiento de la UCAM ha sido posible gracias a la erosión planificada de lo público.
La UCAM presume de ser una universidad privada “competitiva” y “accesible”. Sin embargo, buena parte de su fortaleza se apoya en recursos públicos: convenios con hospitales del sistema regional de salud, cesión de espacios, acuerdos administrativos ventajosos, aun no se conoce que paso con la construcción de dos aularios sin licencia municipal y, una relación privilegiada con los gobiernos autonómicos que, durante décadas, le han allanado el camino.
Los precios “asequibles” de sus matrículas no se explican por milagros de gestión, sino por un modelo que externaliza costes al Estado. Mientras las universidades públicas pagan con su presupuesto cada práctica, cada laboratorio y cada servicio, la UCAM se beneficia de infraestructuras públicas que no mantiene, pero de las que obtiene prestigio y rentabilidad.
El proceso es perverso, pero eficaz:
- Se recorta el presupuesto de la universidad pública.
- Se deterioran las instalaciones, se congelan las plazas de profesorado y se reducen las becas.
- Los estudiantes, desanimados por la falta de recursos, buscan alternativas.
- La UCAM se presenta entonces como la “solución moderna y eficiente”.
Así, cada recorte en la pública se traduce en un impulso para la privada.
El Gobierno Regional se desentiende de su obligación educativa, y lo privado ocupa su lugar bajo un disfraz de autosuficiencia. La consecuencia: una educación superior más desigual, más ideológica y menos accesible para quienes no la pueden pagar.
La UCAM no solo es una institución académica: es también un instrumento de influencia política y religiosa. Su fundador, mantuvo durante años una relación estrecha con los gobiernos del Partido Popular murciano y hoy el líder de VOX fue su discípulo, logrando concesiones urbanísticas y convenios que serían impensables para cualquier otro actor privado.
Ese amparo político ha permitido a la UCAM actuar con una libertad que roza la impunidad: construcciones en suelo no urbanizable, uso de hospitales públicos a precios simbólicos, y una expansión nacional e internacional que se alimenta de la debilidad de la universidad pública. Lo que debería ser una competencia justa se ha convertido en un ecosistema de favoritismo institucional.
Bajo la bandera de “formar en valores”, la UCAM adoctrina, promueve una visión confesional del conocimiento, donde la teología y la doctrina social de la Iglesia ocupan un lugar central. No hay problema en ello, si se hace desde la transparencia y el respeto al pluralismo. El problema es cuando esa universidad, confesional y privada, se sostiene indirectamente con recursos públicos y goza de ventajas que distorsionan el mercado educativo. La educación superior debe ser el espacio de la razón, la investigación y la libertad intelectual, no un vehículo de adoctrinamiento ideológico ni una herramienta de poder económico.
Cada euro que la UCAM ahorra gracias a sus privilegios es un euro que falta en las aulas de la Universidad de Murcia o en los laboratorios de la Politécnica de Cartagena.
Cada concesión política a la privada debilita la independencia, la calidad y la capacidad crítica de la pública. Y cada vez que un político ensalza la “eficiencia” privada sin hablar de los subsidios ocultos, nos está vendiendo propaganda pagada con dinero de todos.
La UCAM no ha crecido compitiendo con la pública: ha crecido a costa de ella.
Un dato relevante es que la oferta de la pública para este curso académico entre la UM y la UPCT fue de 6.640 plazas y la demanda por preinscripciones de 21.000 solicitudes de toda España, ya se imaginan donde irá aparar el resto.
La universidad pública no es perfecta. Tiene burocracia, inercias y carencias. Pero es el único modelo que garantiza el acceso al conocimiento sin distinciones económicas, ideológicas ni religiosas. Defenderla no es una cuestión partidista: es una cuestión democrática. Lo público es lo único que nos hace iguales.
Si los gobiernos de la Región de Murcia siguen favoreciendo a la UCAM mientras recortan en la pública, estarán consolidando un sistema donde el privilegio sustituye al mérito y la ideología se impone al conocimiento.
Y eso, en una democracia moderna, no se llama progreso: se llama retroceso.
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