«Hasta que eso cambie, IMED y UCAM seguirán siendo los símbolos perfectos de un sistema que ha olvidado a quién debe servir«
La Región se ha convertido en un territorio peculiar. Aquí, cuando un gran proyecto privado quiere suelo público, las normas se reescriben, los informes se relativizan y la administración actúa como un facilitador servil. El último capítulo lo protagoniza el Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Pero no es el primero ni, visto lo visto, será el último. Basta recordar la larga estela de privilegios concedidos a la UCAM para entender que lo de IMED no es un accidente: es el modelo.
La operación que permite a IMED levantar un hospital privado en una parcela cedida para usos docentes y sin ánimo de lucro no es una simple irregularidad: es un síntoma de la degradación institucional que la Región ha normalizado. Informes de la Comunidad Autónoma señalan que la venta directa del suelo se hizo sin revertir la cesión, sin licitación, sin expediente completo de enajenación y utilizando una figura, la “novación”, que en derecho administrativo sirve tanto como un colador para transportar agua.
A pesar de ello, el hospital se inauguró como si todo fuera impecable: fotos oficiales, discursos institucionales, sonrisas y declaraciones sobre “progreso sanitario”. La realidad, sin embargo, es mucho más simple y mucho más preocupante: si un actor económico es suficientemente relevante, la legalidad se interpreta con una elasticidad indecente.
Mientras una asociación vecinal o un emprendedor deben superar un circuito interminable de trámites, informes y requisitos, IMED disfrutó de una vía rápida impropia de un Estado de derecho. En esta Región, la burocracia es selectiva: implacable con los débiles, sorprendentemente dócil con los poderosos.
Si el caso IMED indigna, es porque recuerda a un viejo conocido: la Universidad Católica San Antonio (UCAM). Durante dos décadas, la UCAM ha gozado de un trato institucional que sería impensable para cualquier otro actor privado: ampliaciones urbanísticas exprés, legalizaciones posteriores de edificaciones fuera de ordenación, concesiones públicas ventajosas y una inclinación sorprendente de distintas administraciones para adaptar las normas a las necesidades de la universidad.
La UCAM ha perfeccionado un método: construir primero, regularizar después y, si es necesario, cambiar la normativa en su beneficio. Es la versión institucional del “hecho consumado”. Mientras cualquier otro promotor recibe sanciones por adelantarse al planeamiento, la UCAM obtiene modificaciones legales que encajan retrospectivamente sus edificios en la normativa.
Aquí, al parecer, la ley no es un marco que se deba respetar; es un material moldeable reservado para quienes tienen influencia suficiente.
- No es casualidad que los casos IMED y UCAM sigan una misma secuencia:
- El suelo público, concebido para fines sociales, termina convertido en un negocio privado.
- Los procedimientos administrativos se flexibilizan, se reinterpretan o directamente se ignoran.
- Las regularizaciones posteriores se convierten en herramienta habitual.
- Las instituciones posan en las inauguraciones y desaparecen cuando surgen preguntas incómodas.
Este modelo no es una anomalía: es la forma de la derecha murciana de gestionar el interés público, donde el bien común queda supeditado a la conveniencia particular del actor beneficiado.
Ni IMED ni la UCAM son el problema central. Lo grave es que la administración ha interiorizado un principio devastador: las grandes entidades privadas no están sujetas al mismo marco que el resto de la ciudadanía. A unas se les exige disciplina; a otras, se les abren puertas. Esta desigualdad jurídica no es solo injusta: erosiona la credibilidad institucional y perpetúa un sistema donde el acceso al poder determina el acceso a la excepción.
En cualquier democracia madura, un caso como el de IMED habría generado una investigación sólida, suspensión de la operación y responsabilidades políticas. En Murcia, genera fotos, inauguraciones y felicitaciones. Aquí, el escándalo no frena nada: se gestiona con silencio oficial y titulares elogiosos.
Murcia necesita una administración que actúe como garante del interés público y no como promotora accidental de negocios privados. Mientras no se exija el mismo rigor a quienes concentran poder económico que a quienes no lo tienen, la región seguirá siendo lo que es hoy: un territorio donde los privilegios importan más que la legalidad y donde las excepciones se aplican siempre en la misma dirección.
Hasta que eso cambie, IMED y UCAM seguirán siendo los símbolos perfectos de un sistema que ha olvidado a quién debe servir.
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