«Lo ocurrido en Abanilla debería servir al menos para extraer una lección: las políticas ambientales no pueden depender de la presión mediática o de la intervención de instancias europeas»
Durante años se enterraron cientos de miles de toneladas de residuos en bancales agrícolas entre Abanilla y Orihuela. No en un vertedero controlado ni en una instalación diseñada para tratar residuos urbanos, sino en fincas agrícolas cubiertas después con tierra como si nada hubiera ocurrido. Hoy sabemos que bajo esos suelos siguen enterradas alrededor de medio millón de toneladas de basura. Y, lo que es más preocupante, también parecen enterradas las responsabilidades.
Expertos han vuelto a alertar recientemente del riesgo que supone esa masa de residuos para el suelo, el aire y, sobre todo, para las aguas subterráneas. Cuando los residuos urbanos se degradan generan lixiviados, líquidos contaminantes, que pueden filtrarse hacia los acuíferos si no existen barreras de protección. En este caso, muchas de esas toneladas se enterraron directamente en terreno agrícola, sin las medidas de seguridad que exige la normativa ambiental.
El problema no es solo lo que ocurrió, sino lo que revela sobre la forma en que durante años se gestionaron cuestiones ambientales esenciales. El vertedero de Abanilla-La Murada llegó a convertirse en uno de los mayores escándalos ambientales del sureste español. Tanto es así que la Unión Europea acabó condenando a España por el incumplimiento de la normativa sobre vertederos. Cuando Bruselas tiene que intervenir para recordarnos obligaciones básicas de protección ambiental, algo falla gravemente en el sistema de control.
Pero más de una década después, el ciudadano medio sigue sin tener una respuesta clara a preguntas muy simples. ¿Quién permitió que toneladas de residuos terminaran enterradas en suelo agrícola? ¿Quién debía inspeccionar esas instalaciones? ¿Por qué las advertencias vecinales y las denuncias tardaron tanto en traducirse en actuaciones contundentes?
El paso del tiempo ha ido diluyendo el caso entre procedimientos judiciales interminables, responsabilidades administrativas difusas y cambios políticos. Mientras tanto, el problema ambiental permanece. Los residuos seguirán allí durante décadas, generando gases y lixiviados que obligarán a mantener controles ambientales durante años. Es decir, el coste del problema lo pagaremos caro, como no, los murcianos mucho después de que desaparezcan quienes tomaron las decisiones.
Lo preocupante es que este episodio no puede entenderse como un caso aislado. En la Región llevamos años asistiendo a distintos conflictos ambientales que comparten un patrón similar: advertencias técnicas ignoradas durante demasiado tiempo, controles insuficientes y actuaciones que llegan cuando el daño ya es difícil de revertir. El ejemplo más visible es el deterioro de nuestra joya de la corona, El Mar Menor, donde décadas de falta de planificación y supervisión han desembocado en una crisis ecológica de dimensiones históricas.
El medio ambiente no es un lujo ni una preocupación secundaria. Es la base sobre la que se sostiene la salud pública, la agricultura y el propio desarrollo económico de la región. Cuando las instituciones no ejercen con rigor su función de control, el coste termina apareciendo tarde o temprano en forma de contaminación, pérdida de recursos naturales y desconfianza ciudadana.
La cuestión de fondo es sencilla: una administración que no vigila adecuadamente termina convirtiéndose, aunque sea por omisión, en parte del problema. Y cuando eso ocurre, la credibilidad institucional se resiente.
Lo ocurrido en Abanilla debería servir al menos para extraer una lección. Las políticas ambientales no pueden depender de la presión mediática o de la intervención de instancias europeas. Deben formar parte del funcionamiento ordinario de una administración responsable.
Porque cuando la basura se entierra bajo tierra, pero también se entierran las responsabilidades, lo que queda al descubierto es algo mucho más grave que un problema ambiental: una peligrosa cultura de la impunidad.
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