«Basta observar sistemas donde religión y Estado están formalmente unidos, como en Irán o Arabia Saudita, para comprobar cómo la desigualdad jurídica entre hombres y mujeres no es un accidente, sino una consecuencia estructural»
No hay neutralidad posible: o se defiende la laicidad del Estado o el orden político termina siendo patriarcal. Así de simple. Cuando la ley se subordina, explícita o implícitamente, a una doctrina religiosa, la igualdad deja de ser un principio universal y pasa a depender de una moral particular. Y la historia demuestra que, cuando eso ocurre, quienes primero pagan el precio son las mujeres. Defender el feminismo sin defender la laicidad es una contradicción estructural: la igualdad no puede asentarse sobre fundamentos que consagran jerarquías sagradas.
La historia es clara: las principales restricciones sobre la sexualidad, la reproducción, el matrimonio o el papel social de las mujeres han estado legitimadas por argumentos sagrados. Cuando el poder político adopta como referencia una moral confesional, los derechos dejan de ser universales y pasan a depender de una interpretación doctrinal. Y lo doctrinal no se debate en términos democráticos; se acepta o se impone.
Basta observar sistemas donde religión y Estado están formalmente unidos, como en Irán o Arabia Saudita, para comprobar cómo la desigualdad jurídica entre hombres y mujeres no es un accidente, sino una consecuencia estructural. Pero no hace falta mirar tan lejos. En democracias occidentales, los retrocesos o bloqueos en materia de aborto, educación sexual o derechos reproductivos suelen estar impulsados por presiones confesionales que buscan convertir convicciones privadas en normas públicas.
La laicidad no es una agresión contra la religión. Es una garantía de libertad. Significa que el Estado no adopta ninguna fe como propia y que legisla desde principios compartidos: igualdad, derechos humanos, soberanía popular. El modelo republicano de Francia, con todas sus controversias, parte de esa premisa: el espacio público pertenece a toda la ciudadanía, y no a los de una determinada confesión.
Algunas personas sostienen que puede existir un feminismo religioso. Y, sin duda, hay mujeres creyentes que luchan por reinterpretar sus tradiciones desde claves igualitarias. Esa labor es legítima. Pero una cosa es la fe personal y otra el marco jurídico común. Una mujer puede ser feminista y creyente; lo que no puede ser coherente es defender que el Estado legisle según principios religiosos y, al mismo tiempo, reclamar igualdad plena.
Si la ley se fundamenta en una verdad revelada, la deliberación democrática queda limitada. El feminismo, en cambio, se basa en la crítica constante de las jerarquías heredadas, incluidas las que se presentan como naturales o sagradas. Necesita un espacio político desacralizado donde todas las normas puedan discutirse sin que ninguna se blinde bajo el argumento de lo divino.
Además, renunciar a la laicidad abre la puerta a que los derechos de las mujeres dependan del equilibrio de fuerzas entre instituciones religiosas y poder político. Es decir, convierte la igualdad en una concesión, no en una garantía. Y el feminismo no lucha por concesiones; lucha por derechos incondicionales.
Por eso, defender el feminismo sin defender la laicidad es aceptar que la igualdad puede tener límites impuestos por la fe dominante. Es confiar en que las doctrinas religiosas evolucionen en sentido igualitario, en lugar de asegurar un marco donde ninguna pueda imponer su moral al conjunto de la sociedad.
En democracia, las creencias son libres y respetables. Pero la ley debe ser común, racional y universal. Cuando el altar influye en el Parlamento, la igualdad se debilita. Y cuando la igualdad se debilita, el feminismo pierde su suelo.
Si el feminismo es una política de emancipación, la laicidad es su condición institucional. Separarlos no es matizar; es vaciarlos de coherencia.
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