«El acceso a vivienda se deteriora, la capacidad de ahorro desaparece y la emancipación juvenil se retrasa indefinidamente»
Durante décadas, el Partido Popular ha gobernado la Región de Murcia construyendo un relato económico aparentemente incontestable: crecimiento, atracción empresarial, dinamismo exportador y creación de empleo. Sobre el papel, la Región es presentada como una comunidad competitiva, abierta y en expansión. Pero tras esa narrativa triunfalista se esconde una pregunta cada vez más difícil de ignorar: ¿crecimiento para quién?
Los datos sobre salarios bajos y precariedad desmontan buena parte del discurso oficial. Si cientos de miles de trabajadores murcianos perciben ingresos por debajo del umbral que debería garantizar unas condiciones mínimas de vida, resulta difícil hablar de éxito económico sin caer en la propaganda.
El problema no es coyuntural, sino una estrategia política. La Región de Murcia ha consolidado durante años un modelo basado en sectores intensivos en mano de obra barata: agricultura, hostelería, logística, comercio y servicios de bajo valor añadido. Sectores esenciales, sí, pero caracterizados también por elevada temporalidad, parcialidad involuntaria, bajos salarios y limitada capacidad de negociación laboral.
Este modelo no es accidental. Es el resultado de decisiones políticas sostenidas en el tiempo. Bajo reiterados gobiernos del PP, se aposto por competir a través de costes bajos en lugar de hacerlo mediante productividad, innovación, diversificación industrial o fortalecimiento del capital humano. Se ha priorizado un entorno cómodo para determinados intereses empresariales, con baja presión regulatoria y una visión cortoplacista del crecimiento.
El resultado es visible: la economía regional crece, pero una parte significativa de su población no experimenta esa mejora en términos reales. El empleo aumenta, pero no necesariamente la calidad del empleo. Se produce más, se exporta más, se celebran mejores cifras macroeconómicas, y aun así demasiadas familias siguen atrapadas en una economía de supervivencia.
Mientras tanto, el acceso a vivienda se deteriora, la capacidad de ahorro desaparece y la emancipación juvenil se retrasa indefinidamente. Para una generación creciente de murcianos, trabajar no garantiza autonomía económica, sino apenas resistencia financiera.
Esta es quizá la principal fractura que deja el modelo económico regional: la normalización del trabajador pobre. Personas que cumplen con todo lo que se les exige, formarse, aceptar empleo, trabajar, pero que siguen sin reunir condiciones materiales suficientes para construir estabilidad.
Paralelamente, se amplía la distancia entre quienes dependen exclusivamente de su salario y quienes acumulan patrimonio, activos o capacidad inversora. La desigualdad deja así de ser una abstracción estadística para convertirse en una experiencia cotidiana: unos viven pendientes del precio del alquiler, de la cesta de la compra y de la siguiente factura; otros ven crecer rentas, patrimonio y capacidad de influencia.
El problema no es únicamente económico, sino profundamente político. Décadas de hegemonía del PP han consolidado un modelo de crecimiento cuantitativo, pero insuficiente en términos distributivos y sociales. La Región ha crecido sin transformar sus debilidades estructurales: baja productividad, salarios modestos, dependencia sectorial y limitada movilidad social.
Se ha instalado la idea de que cualquier crítica a este modelo equivale a estar en contra de la empresa o del crecimiento. Es una falsa dicotomía. Lo verdaderamente irresponsable es asumir que una región puede considerarse exitosa mientras buena parte de quienes sostienen su actividad económica apenas alcanzan condiciones materiales dignas.
La Región de Murcia no necesita únicamente crecer más; necesita decidir qué tipo de crecimiento quiere. Porque cuando el crecimiento beneficia de forma desproporcionada al capital mientras el trabajo pierde valor y seguridad, no estamos ante una historia de éxito económico, sino ante la cronificación de una desigualdad cada vez más difícil de justificar.
La pregunta, a estas alturas, ya no es si crecemos. La pregunta es por qué, después de tantos años de crecimiento proclamado, tantos ciudadanos siguen sin notar el progreso prometido.
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