«¿Pueden nuestros gobernantes enfrentarse con plena independencia a los intereses de los grandes grupos empresariales?»
La familia Fuertes vuelve a los titulares con la compra de Jamones Albarracín y la apertura del primer hotel de cinco estrellas de Murcia. Pero detrás de estas operaciones hay una realidad que merece ser debatida, la concentración de poder económico en una región donde los grandes empresarios mantienen una capacidad de interlocución muy superior a la de la mayoría de sus ciudadanos.
Las cifras hablan por sí solas. El Grupo Fuertes cerró 2025 con una facturación conjunta de 2.772,9 M€, 333,7 M€ de beneficio neto y casi ocho mil trabajadores. El Pozo Alimentación, su buque insignia, facturó 1.950 M€ y obtuvo un beneficio récord de 144,4 M€.
Son datos de éxito empresarial. Pero también son cifras que obligan a preguntarse cuánto poder puede acumular un grupo con intereses en tantos sectores estratégicos y qué capacidad tienen las instituciones para garantizar que ese poder nunca se imponga al interés general.
El imperio Fuertes va mucho más allá de El Pozo. Su estructura empresarial incluye sociedades como Cefusa, Procavi, Fripozo, Sediasa, Sediatlantic, Agrifu, Aquadeus, Palancares, Bodegas Luzón y Profu, entre otras. También mantiene participaciones en compañías de diferentes sectores, incluidos el ocio, las infraestructuras y la energía.
No estamos ante una empresa aislada, sino ante un conglomerado diversificado que extiende sus intereses por la alimentación, la ganadería, la agricultura, el agua, el inmobiliario, la industria y el turismo.
Tomás Fuertes ha proyectado una imagen pública discreta, cercana y poco ostentosa. Pero la campechanía de un empresario no debe servir para apartar la mirada de la dimensión de su patrimonio y de su capacidad económica. El poder no deja de ser poder porque se ejerza sin ostentación.
Especial atención merece Profusa, la sociedad inmobiliaria del grupo, dedicada a la gestión de suelo, la promoción de viviendas y los arrendamientos. Su propia web reconoce que dispone de suelo en distintas fases de tramitación urbanística y suelo finalista, además de desarrollar proyectos inmobiliarios y turísticos.
En 2020, responsables de la compañía declararon una cartera de 26 millones de metros cuadrados de uso residencial, dos millones de uso industrial, 1,5 millones de uso comercial y equipamientos y 150.000 metros cuadrados de uso hotelero. 29,65 millones de metros cuadrados declarados entonces, una cifra histórica que no debe confundirse con el patrimonio actual verificado.
No es un dato menor. El suelo es poder económico y también capacidad de intervenir en el futuro de las ciudades. Su clasificación, sus aprovechamientos y las infraestructuras que lo rodean pueden cambiar radicalmente su valor.
En 2019, Profusa e Idur promovieron una actuación de unas mil viviendas en la zona norte de Murcia, con una superficie de 73.911 metros cuadrados. Y hay otra cuestión pendiente: los grandes terrenos frente al Olimpic Club, en el entorno de la avenida Miguel Induráin, cuya titularidad y situación urbanística todavía no he podido verificar. Se ha sostenido durante años que pertenecían a Profusa. Si así fuera, sería importante conocer su clasificación, sus aprovechamientos y cualquier posible relación con actuaciones urbanísticas o deportivas.
No se trata de acusar sin pruebas. Se trata de exigir que el patrimonio inmobiliario de semejante dimensión y sus relaciones con el planeamiento puedan examinarse con transparencia.
En la Región de Murcia se ha denunciado públicamente la influencia de los grandes poderes económicos. Durante el debate de investidura de Fernando López Miras en 2023, la diputada María Marín mencionó expresamente a Tomás Fuertes al referirse a esos poderes.
¿Puede afirmarse que la familia Fuertes pone y quita gobiernos? No sin pruebas concretas. Pero hay una cuestión política sigue siendo legítima, ¿pueden nuestros gobernantes enfrentarse con plena independencia a los intereses de los grandes grupos empresariales?
Un conglomerado que factura miles de millones y emplea a miles de personas dispone de una capacidad de interlocución que una asociación vecinal, un colectivo ecologista o un trabajador corriente jamás tendrán. El riesgo aparece cuando esa desigualdad económica se convierte en desigualdad de influencia política.
Y la responsabilidad no es únicamente de los empresarios. Es también de los partidos y de los gobiernos que deben demostrar que no gobiernan pendientes de los poderosos.
Si las instituciones no pueden explicar con transparencia sus decisiones cuando afectan a grandes intereses privados, el problema es democrático.
El éxito empresarial merece reconocimiento, pero no puede confundirse con el bienestar colectivo. La prosperidad de una región también se mide por sus salarios, el acceso a la vivienda, la calidad del empleo y la protección de su territorio.
La familia Fuertes tiene derecho a ampliar su patrimonio. Lo que no tiene es un derecho especial a condicionar las decisiones públicas.
Necesitamos transparencia en las relaciones entre empresas y administraciones, controles rigurosos sobre las ayudas públicas y explicaciones claras sobre las decisiones urbanísticas que puedan beneficiar a intereses privados.
Porque la cuestión no es si un empresario es campechano o discreto. Es cuánto poder concentra, qué capacidad de influencia tiene y qué controles existen sobre él.
Los gobiernos deben responder ante los ciudadanos, y no ante los poderosos.
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