El lodazal del PP en Murcia: corrupción, clientelismo y la eterna impunidad

El lodazal del PP en Murcia: corrupción, clientelismo y la eterna impunidad
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Si algo caracteriza al Partido Popular de la Región de Murcia es su capacidad de convertir la corrupción en una tradición. No importa la década, el cargo o el escándalo: siempre hay un dirigente del PP murciano con una imputación debajo del brazo y un discurso victimista listo para la ocasión.

Pero, claro, todo es una persecución política. La última hazaña de la justicia es la apertura de juicio oral contra la alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, por prevaricación continuada. Sí, otro alcalde del PP sentado en el banquillo, una escena tan habitual en la Región de Murcia como el calor en agosto. En este caso, por permitir supuestamente una macrogranja ilegal sin licencia en una zona sin recursos hídricos. Y aunque la Fiscalía ha considerado que este despropósito merece una sanción ejemplar, su jefe de filas, Fernando López Miras, no ha dudado en defenderla con su habitual retórica: «Está haciendo bien las cosas y debe defender su gestión».

Claro que sí, presidente, porque la ilegalidad, en la Murcia del PP, es sinónimo de buena gestión.

Mientras el caso de Túnez avanza, otra joya del PP murciano ha saltado a la palestra. La presidenta del PP de Calasparra, María Marín, ha sido imputada por supuestos delitos de malversación y falsedad documental en el ‘caso Caravaca Jubilar’. ¿El motivo? Desviar, supuestamente, fondos públicos destinados a la promoción del Año Jubilar para usos, digamos, más «creativos». Porque, seamos sinceros, ¿qué es el dinero público si no una caja abierta para el PP?

La trama del caso Caravaca Jubilar sigue el manual clásico: facturas falsas, justificaciones inexistentes y una red de cómplices que ahora niegan conocerla. Si a esto le sumamos los 35 municipios murcianos investigados por corrupción urbanística y las múltiples tramas de malversación que han salpicado a expresidentes regionales, queda claro que la Región de Murcia es el cortijo del PP, donde la ley se aplica a todos menos a ellos.

En Murcia, la corrupción no solo es sistémica, es un modelo de negocio. Desde los convenios urbanísticos fraudulentos hasta la gestión sospechosa de fondos públicos, el PP ha perfeccionado el arte de gobernar sin rendir cuentas. El caso de la desaladora de Escombreras, con un expresidente imputado enfrentando 11 años de cárcel, o el ‘caso Auditorio’, que llevó a juicio y condenó a una pena de tres años de prisión, al también expresidente Pedro Antonio Sánchez, son solo dos ejemplos de cómo los dirigentes populares han gestionado las arcas públicas en medio de constantes acusaciones de irregularidades.

Pero lo más preocupante no es el nivel de corrupción, sino la impunidad con la que actúan. La justicia avanza lenta, y cuando finalmente llega el castigo, los culpables ya han sido reciclados en algún otro cargo público o han encontrado refugio en algún chiringuito bien financiado. Mientras tanto, la ciudadanía sigue pagando los platos rotos de una gestión que solo beneficia a los amigos del partido.

La realidad es que la Región de Murcia lleva tres décadas siendo el coto privado del Partido Popular. Han convertido el gobierno en una empresa familiar donde los contratos públicos siempre benefician a los mismos y donde la justicia es solo un trámite incómodo. Han vaciado las arcas, hipotecado el futuro de la región y construido un sistema donde la corrupción es la norma, no la excepción.

Y lo peor de todo es que siguen ganando elecciones. Porque en Murcia, como en ningún otro sitio, el votante del PP es inmune a la realidad, y la corrupción es vista más como un pequeño exceso que como un problema estructural. Así, el lodazal de impunidad sigue creciendo, y cada nuevo caso de corrupción no es más que otro episodio en la serie interminable de escándalos del Partido Popular murciano.

¿El final de esta historia? Quién sabe. Pero si algo es seguro, es que el próximo capítulo ya se está escribiendo en algún despacho del PP, con la misma trama de siempre: corrupción, saqueo y absoluta falta de vergüenza.

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