Nos queremos vivas, libres e iguales

► El reto pendiente de la igualdad en la Región de Murcia: precariedad, brecha salarial y violencia machista, una realidad que no cambia

Cada 8 de marzo, miles de mujeres salen a las calles en la Región de Murcia para exigir igualdad real, derechos efectivos y un futuro libre de discriminación. Sin embargo, más allá de las pancartas y consignas, la realidad de muchas murcianas sigue marcada por la precariedad, la brecha salarial, la falta de recursos y la violencia de género. La igualdad formal se ha conseguido en los textos legales, pero su aplicación en el día a día sigue dependiendo de factores estructurales y de la voluntad política de quienes gobiernan. Mientras algunas administraciones avanzan en la dirección de garantizar estos derechos, otras parecen conformarse con mantener el statu quo o, peor aún, retroceder ante presiones ideológicas.

Las cifras reflejan una situación preocupante. Murcia encabeza la brecha salarial de género en España, con un 20,14% de diferencia en favor de los hombres. Esto se traduce en que las murcianas ganan, de media, 5.000 euros menos al año que sus compañeros varones. No es solo una cuestión de sueldos desiguales: es la consecuencia de trayectorias laborales truncadas por la maternidad, de sectores feminizados con peores condiciones y de una sobrecarga de cuidados que sigue recayendo mayoritariamente en ellas. Si bien en los últimos años se han impulsado políticas para combatir esta desigualdad, su impacto en la Región sigue siendo insuficiente.

El acceso al empleo tampoco es equitativo. La tasa de paro femenina en Murcia es superior en más de cinco puntos a la masculina, y las mujeres representan menos del 43% de la población ocupada. La temporalidad y el trabajo a tiempo parcial, muchas veces involuntario, siguen siendo la norma en sectores como los servicios y el comercio, donde ellas son mayoría.

En contraste, apenas un 10% de quienes trabajan en la construcción, la industria o el transporte son mujeres. Aunque se han puesto en marcha medidas para fomentar la igualdad retributiva y la estabilidad laboral, la realidad es que muchas de estas iniciativas no han sido acompañadas del impulso suficiente para que su efecto se note con claridad en Murcia.

Si la brecha salarial y la precariedad laboral afectan el día a día de las mujeres, la violencia machista sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes. La Región de Murcia tiene una de las tasas más altas de violencia de género del país: 114 mujeres víctimas por cada 10.000, muy por encima de la media nacional. En 2023, se registraron casi 9.000 denuncias por violencia sobre la mujer en los juzgados murcianos, una cifra que sigue en aumento.

En respuesta a esta crisis, se han desplegado recursos como unidades especializadas, pulseras de teleprotección o el primer Centro de Crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual, que abrió sus puertas en El Palmar. Sin embargo, muchas mujeres siguen encontrando barreras para acceder a la protección que necesitan, y la falta de una estrategia clara para reforzar estas políticas deja a demasiadas víctimas en una situación de vulnerabilidad.

El contexto político también ha influido en la percepción y gestión de estas problemáticas. Mientras en algunos niveles de gobierno se han reforzado las iniciativas para erradicar la violencia de género, en otros se ha optado por diluir el problema en un discurso más ambiguo sobre la «violencia intrafamiliar». En municipios de la Región de Murcia gobernados por coaliciones conservadoras, se han dado pasos preocupantes, como la eliminación de simbología contra la violencia machista o la expulsión de colectivos feministas de espacios municipales, como ocurrió recientemente en Las Torres de Cotillas. Estos gestos, aunque simbólicos, envían un mensaje claro: la lucha por la igualdad no es una prioridad para todos.

A esto se suma la falta de recursos para la conciliación. En Murcia, solo dos de cada diez niños menores de tres años tienen acceso a una escuela infantil pública o subvencionada, y apenas un 2% del alumnado recibe beca de comedor. Esto deja a muchas madres sin opciones reales para compatibilizar su empleo con el cuidado de sus hijos, obligándolas a reducir su jornada o abandonar el mercado laboral. Mientras se han promovido medidas como el Plan Corresponsables o la ampliación de los permisos de paternidad, la escasez de inversión en infraestructuras de apoyo a la crianza sigue pesando sobre las mujeres, que continúan asumiendo la mayor parte de la carga doméstica y de cuidados.

En este contexto, el papel de los movimientos feministas y de la sociedad civil es fundamental. A pesar de las resistencias políticas, las movilizaciones del 8M siguen siendo un altavoz para denunciar las desigualdades y exigir medidas efectivas. En Murcia, miles de mujeres han salido a la calle bajo lemas como «Nos están matando» o «Queremos vivir, no sobrevivir», poniendo el foco en la necesidad de políticas reales que transformen sus vidas. El feminismo ha demostrado ser una fuerza capaz de impulsar cambios legislativos y culturales, pero para que estos avances se materialicen en mejoras concretas en la vida de las mujeres murcianas, es imprescindible un compromiso claro por parte de todas las administraciones.

Las cifras y los hechos demuestran que aún queda mucho por hacer. La igualdad no puede ser una cuestión de discursos vacíos ni de compromisos que no se traducen en acciones. Es un derecho que debe garantizarse con políticas firmes, inversión en recursos y una voluntad real de cambiar las estructuras que perpetúan la discriminación. En este 8 de marzo, el mensaje es claro: nos queremos vivas, libres e iguales, y no vamos a conformarnos con menos.

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