«Criticar a otros gobiernos por no aprobar cuentas y normalizar hacerlo en casa es una incoherencia que ya no se disimula»
Por quinta vez la Administración Regional que dirige López Miras, arranca el año con los Presupuestos prorrogados. Y, aun así, el líder del PP aprovechó el discurso de fin de año para pedir “tender puentes” y apelar al consenso. El problema no es solo la contradicción; es la impunidad con la que se pronuncia.
Porque no se puede invocar diálogo desde la trinchera ni responsabilidad desde la prórroga perpetua. Aprobar unos Presupuestos no es un gesto magnánimo: es la obligación básica de cualquier gobierno. Fallar en ello cinco veces seguidas no es mala suerte, ni culpa ajena: es una incapacidad política sostenida.
La comparación con otras comunidades resulta reveladora. Aragón y Extremadura, con escenarios políticos complejos, optaron en su momento por anticipar elecciones autonómicas cuando los sondeos les eran favorables, buscando mayorías claras que permitieran gobernar con estabilidad. Podrá discutirse la oportunidad de aquella decisión, pero no su lógica: asumir riesgos para desbloquear la situación institucional.
Nada de eso ocurre en la Región de Murcia, donde se prefiere aguantar, prorrogar y culpar antes que afrontar una solución política de fondo. Haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga.
Aquí no hay audacia ni liderazgo; hay comodidad. Se gobierna sin Presupuestos nuevos mientras se mantiene el relato de la estabilidad, como si la prórroga fuera una virtud y no el síntoma de un bloqueo crónico. El Partido Popular, que durante años ha hecho de la “buena gestión” y la disciplina presupuestaria su principal bandera, ve cómo ese discurso se derrumba por el peso de los hechos. Criticar a otros gobiernos por no aprobar cuentas y normalizar hacerlo en casa es una incoherencia que ya no se disimula.
Económicamente, la Región de Murcia parece haberse instalado en el papel del hijo malcriado del Estado: reclama recursos, denuncia agravios y exige solidaridad, pero es incapaz de cumplir con el mínimo deber de ordenar y actualizar sus propias cuentas. Gobernar con presupuestos diseñados para otro contexto económico y social permite eludir decisiones incómodas, evitar prioridades claras y esquivar la rendición de cuentas. Es administrar el pasado mientras se pide comprensión para el presente.
Las consecuencias no son abstractas. La sanidad, la educación, los servicios sociales o las inversiones estratégicas quedan atrapadas en un marco obsoleto que limita la capacidad de respuesta ante la inflación, el encarecimiento de la vivienda o el deterioro de los servicios públicos. La prórroga presupuestaria no es neutral: perjudica, y lo hace especialmente a quienes dependen más de lo público.
Resulta especialmente cínico que el llamamiento al consenso llegue tras años de confrontación calculada, vetos cruzados y una política basada más en señalar culpables que en construir acuerdos. Los puentes no se tienden con discursos de fin de año, sino con hechos: negociación real, cesiones y voluntad de desbloqueo. Si Aragón y Extremadura entendieron que la falta de mayorías exigía una salida política, en Murcia se ha optado por cronificar el problema y convertirlo en rutina.
En política, las palabras no se desgastan: se desacreditan cuando los hechos las desmienten una y otra vez. El problema del PP en la Región de Murcia no es la oposición ni la aritmética parlamentaria, sino la renuncia a asumir responsabilidades. Gobernar sin Presupuestos no es estabilidad, es desidia institucional; no es prudencia, es miedo a decidir.
Seguir prorrogando cuentas mientras se reclama diálogo es la prueba definitiva de un liderazgo agotado. La Región no necesita más discursos de fin de año ni llamamientos vacíos al consenso: necesita un gobierno que gobierne. Todo lo demás, la prórroga eterna, el victimismo fiscal y la apelación retórica a los puentes, no es política, es una forma de hacer el vago.
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