La precariedad como modelo político

La precariedad como modelo político

«Cuando una administración no cuida a la juventud y a sus mayores, está renunciando al bienestar, a la igualdad»

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La semana pasada a través de Cáritas y la Fundación FOESSA supimos que más de 320.000 personas viven en exclusión social en la Región de Murcia, una de cada cinco. Pocos días después, conocimos otro dato: casi la mitad de los hogares no puede afrontar un gasto imprevisto, y más del 40% no puede permitirse ni una semana de vacaciones al año.

No son datos aislados. Es la radiografía de un modelo económico y político sostenido durante tres décadas por el Partido Popular en la Región, basado en una idea muy clara: ganar competitividad a consta de bajos salarios y debilitar servicios públicos para favorecer al sector privado.

No hablamos de lujos. Hablamos de una lavadora que se rompe, de una muela que duele, de unas gafas nuevas, de poder descansar unos días. Hablamos de vida normal. Y para demasiada gente, eso ya es inalcanzable.

Aquí se trabaja mucho y se cobra poco. Aquí se encadenan contratos precarios con sueldos insuficientes. Aquí el alquiler se dispara mientras los salarios se estancan. Aquí la vida se encarece y los derechos se abaratan. Y todo eso es deliberado.

El resultado es una clase trabajadora agotada, endeudada y sin horizonte. Personas que cumplen, cotizan, producen riqueza… pero no participan de ella. La precariedad atraviesa todas las edades.

Murcia es una de las regiones donde los jóvenes más tarde se emancipan. No por elección, sino por imposibilidad. Salarios de supervivencia y alquileres descontrolados impiden construir proyectos de vida propios. Se habla de emprendimiento y talento, pero se ofrece inestabilidad y precariedad. Y al otro extremo están nuestros mayores.

La Región arrastra un déficit histórico de plazas públicas en residencias y una atención a la dependencia claramente insuficiente. Los sucesivos gobiernos regionales han optado por dejar el cuidado en manos del sector privado. Quien puede pagar, accede. Quien no, espera o depende de su familia. Así que, un derecho básico se convierte en negocio.

Cuando una administración no cuida a la juventud y a sus mayores, está renunciando al bienestar, a la igualdad. Gobernar para el mercado, no para la gente. Insisto, todo esto es el resultado de la acción política muy concreta durante años: poner al empresario por delante del trabajador, favorecer la privatización en perjuicio de lo público, y una fiscalidad que, nada tiene que ver con “Que pague más quien más tiene”.

Se recortan recursos para dependencia, vivienda o educación. Mientras se protege a los grandes propietarios, se abandona a los inquilinos. Mientras se presume de estabilidad, se tolera la precariedad.

Que nadie se engañe, una región donde una de cada cinco personas vive en exclusión y casi la mitad no puede afrontar un imprevisto no es una región próspera. Es una Comunidad injustamente retrasada. La precariedad no es una desgracia natural. Es el resultado de un modelo político.

Y los modelos que empobrecen a la mayoría deben con urgencia ser sustituidos. No basta con gestionar la precariedad. Hay que combatirla. No basta con discursos. Hace falta redistribución, servicios públicos fuertes y derechos garantizados. Eso es política. Y también es una responsabilidad colectiva.

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