«Recortar implica tensionar aún más unos servicios que ya operan bajo presión, en una comunidad que lleva años denunciando su infrafinanciación»
La patronal murciana ha puesto sobre la mesa una propuesta tan cómoda como problemática: pedir la supresión temporal del impuesto de hidrocarburos para abaratar el combustible. En un contexto de incertidumbre internacional y precios al alza, la iniciativa tiene un evidente atractivo político y económico. Pero también encierra una realidad incómoda que conviene no perder de vista: no existen las rebajas fiscales sin coste.
La propuesta se presenta como un alivio directo para empresas y consumidores. Y lo es. En la Región de Murcia, la eliminación de este impuesto supondría un ahorro cercano a los 40 millones de euros mensuales. Una cifra relevante, especialmente para sectores intensivos en transporte como la agricultura, la logística o la distribución.
El problema aparece cuando se traslada esa medida al ámbito competencial de la Administración regional, al terreno presupuestario. Porque una parte sustancial de ese impuesto, en torno al 60% de lo que se recauda, financia directamente a las comunidades autónomas. En términos concretos, suprimirlo implicaría para la dejar de ingresar entre 20 y 25 millones de euros mensuales. Es decir, hasta 300 millones de euros al año.
No es una cifra menor. El presupuesto autonómico ronda los 6.700 millones de euros, con más de dos tercios destinados a sanidad, educación y políticas sociales. Solo la sanidad absorbe cerca de 2.500 millones. En ese marco, una caída de ingresos de 300 millones equivale a aproximadamente un 4% del total. Traducido: no es un ajuste técnico, es un recorte estructural.
Y aquí es donde la propuesta deja de ser económica para convertirse en política. Porque el Gobierno regional, si apoyase esta petición, tendría que tomar decisiones concretas. O bien reduce gasto, con impacto directo en servicios públicos, o bien incrementa la deuda para cubrir el desfase, o incluso podría aceptar el nuevo sistema de financiación propuesto por el Gobierno de España para aliviar el sistema y que supondría recibir cada año 1.800 millones más. No hay otra.
Recortar implica tensionar aún más unos servicios que ya operan bajo presión, en una comunidad que lleva años denunciando su infrafinanciación. Endeudarse, por su parte, permite ganar tiempo, pero a costa de trasladar el problema al futuro y limitar la capacidad de actuación de la propia administración en los próximos años.
La contradicción es evidente. Hasta hace nada se renuncia a más financiación por parte del sistema autonómico mientras se plantean medidas que reducen los ingresos disponibles. Es una forma de cuadrar el círculo que, en la práctica, no cuadra.
Lo más llamativo, sin embargo, no es la propuesta en sí, sino el modo en que se formula. Se cuantifica con precisión el ahorro para el sector privado, pero se evita detallar qué partidas del presupuesto público deberían absorber el impacto. Se habla de competitividad, pero no de sostenibilidad fiscal. Se pone el foco en el corto plazo, ignorando deliberadamente las consecuencias a medio.
Es legítimo que el tejido empresarial defienda sus intereses. Pero cuando esas demandas se trasladan al ámbito de la política pública, deberían venir acompañadas de algo más que un diagnóstico parcial. Gobernar no consiste solo en aliviar costes, sino en decidir cómo se financian los servicios que sostienen el funcionamiento cotidiano de la economía y la sociedad.
Porque, en última instancia, la pregunta es sencilla: si bajan los impuestos, ¿qué baja con ellos? En una comunidad autónoma, la respuesta rara vez es abstracta. Suele traducirse en menos recursos para aquello que, paradójicamente, también reclaman empresas y ciudadanos: mejores infraestructuras, mayor calidad sanitaria, educación más sólida.
La propuesta de la patronal apela a una lógica comprensible, pero incompleta. Y ahí reside su problema. Porque en economía, y más aún en política presupuestaria, las soluciones fáciles suelen ser, también, las más caras.
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