«No se trata de prohibir nada ni de eliminar expresiones culturales. La cuestión es otra: ¿por qué el Estado y sus altavoces mediáticos actúan como si una tradición concreta representara a toda la ciudadanía?»
No, no soy creyente. Y, sin embargo, cada año tengo la sensación de vivir en una ciudad que da por hecho que lo soy. No por lo que ocurre en las iglesias, sino por lo que sucede fuera de ellas: en la televisión pública, en las instituciones, en la agenda política. La Semana Santa se despliega como un fenómeno total, omnipresente, incuestionado. Y es ahí donde empieza el problema.
Desde que llegó la democracia a España es, en teoría, un Estado aconfesional. Pero basta observar el espacio público durante todos estos años para preguntarse hasta qué punto esa aconfesionalidad es real o simplemente declarativa. Porque una cosa es respetar las tradiciones religiosas, y otra muy distinta es convertirlas en el eje simbólico compartido de toda la sociedad.
Hay un dato que rara vez se pone sobre la mesa: la participación activa en estas manifestaciones religiosas es minoritaria. No alcanza, ni de lejos, a la mayoría social. Y sin embargo, su presencia mediática, institucional y política es abrumadora. ¿Cómo se explica esta paradoja? ¿Cómo puede una práctica minoritaria ocupar un espacio que se presenta como si fuera de todos?
El papel de los medios de comunicación resulta clave en esta distorsión. No se limitan a informar: amplifican, celebran y, en muchos casos, legitiman una visión concreta de la identidad cultural. Las procesiones no se presentan como lo que son, manifestaciones de una parte de la ciudadanía, sino como si fueran un patrimonio emocional común, casi obligatorio. Lo minoritario se proyecta como mayoritario, y lo mayoritario la indiferencia, la distancia o la falta de identificación, simplemente desaparece del relato.
Pero el problema de fondo es político. La relación entre poder institucional y religión en España sigue marcada por una ambigüedad calculada. Representantes públicos que participan en actos religiosos ofreciendo carácter oficial, instituciones que ceden espacio simbólico a confesiones concretas, discursos que apelan a “tradiciones” para evitar debates de fondo. No es solo tolerancia: es complicidad estructural.
Y ahí surge la sensación de imposición. No porque alguien obligue directamente a participar, sino porque el espacio común se configura como si esa tradición fuera la norma. Cuando lo público se llena de símbolos, narrativas y prioridades que no representan a la mayoría, lo que debería ser opcional se percibe como dominante. No es una imposición legal, pero sí cultural e institucional.
No se trata de prohibir nada ni de eliminar expresiones culturales. La cuestión es otra: ¿por qué el Estado y sus altavoces mediáticos actúan como si una tradición concreta representara a toda la ciudadanía? ¿Por qué no existe el mismo esfuerzo en visibilizar la pluralidad real de la sociedad española?
La respuesta, incómoda pero evidente, es que la laicidad nunca ha sido una prioridad política real. Se invoca en abstracto, pero se evita en la práctica. Porque avanzar hacia un espacio público verdaderamente neutral implicaría renunciar a herramientas simbólicas útiles: la tradición como elemento de cohesión, la religión como lenguaje compartido, la emoción colectiva como recurso político.
Y, sin embargo, esa renuncia es precisamente lo que exige una democracia madura. La laicidad no es una postura contra la religión, sino una garantía a favor de todos. Significa que ninguna creencia, ni su ausencia, debe ocupar una posición de privilegio en lo común.
Mientras tanto, la paradoja seguirá ahí: una minoría movilizada, visible y respaldada institucionalmente, frente a una mayoría silenciosa e indiferente que no participa, pero que siente que ese espacio también debería pertenecerle.
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