«La Entidad Regional de Saneamiento y Depuración gestiona una pieza estratégica del modelo murciano del agua y recauda en torno a 54 millones de euros anuales a través del canon de saneamiento»

En la Región de Murcia el agua ocupa portadas, discursos y confrontación política permanente. Hablamos de trasvases, sequía, desalación, regadío y, ahora también, de contaminación y recuperación ambiental. Sin embargo, uno de los engranajes institucionales más relevantes del sistema hídrico regional permanece prácticamente fuera del debate público: ESAMUR.
La Entidad Regional de Saneamiento y Depuración gestiona una pieza estratégica del modelo murciano del agua y recauda en torno a 54 millones de euros anuales a través del canon de saneamiento, una figura de naturaleza tributaria y carácter finalista que pagan obligatoriamente ciudadanos y empresas para financiar infraestructuras y servicios de depuración.
No hablamos, por tanto, de una tarifa vinculada a un servicio voluntario, sino de recursos públicos obtenidos mediante una prestación patrimonial obligatoria. Y eso debería traducirse en una exigencia reforzada de transparencia, rendición de cuentas y control político.
ESAMUR gestiona decenas de millones de euros, coordina infraestructuras críticas y supervisa un modelo de depuración que la Administración Regional presenta como referencia nacional, especialmente por su capacidad de reutilización de agua. Y, pese a ello, su presencia en el debate político regional es prácticamente nula.
Formalmente, la entidad publica memorias, presupuestos, contratos y documentación administrativa. Cumple, en apariencia, con las obligaciones de transparencia. Pero publicar no equivale necesariamente a transparentar.
La información existe, sí, aunque dispersa, altamente técnica y difícilmente accesible para el ciudadano medio. El resultado es un modelo de opacidad funcional: una entidad financiada mediante un tributo (el canon de saneamiento) obligatorio, con capacidad de decisión presupuestaria muy relevante y escaso escrutinio político real.
Con apenas una veintena de empleados y un gasto de personal cercano a 1,6 millones de euros, ESAMUR no funciona como gran operador público, sino como estructura ligera de gestión, supervisión y contratación. El núcleo de su actividad descansa esencialmente en contratos, concesiones y explotación externalizada a empresas privadas.
Es decir: una entidad pública de tamaño reducido, financiada con ingresos tributarios obligatorios, que concentra una notable capacidad de contratación y articulación presupuestaria.
Precisamente por eso resulta políticamente relevante preguntarse quién o mejor dicho por qué no se controla realmente este modelo.
¿Quiénes son los principales adjudicatarios? ¿Existe competencia efectiva y rotación real en los contratos? ¿Qué concentración empresarial existe en la explotación y mantenimiento de infraestructuras? ¿Qué mecanismos de fiscalización política acompañan decisiones de este volumen económico?
A todo ello se suma otro elemento especialmente simbólico: el nivel retributivo de su dirección.
Resulta, como mínimo, políticamente difícil de explicar que el máximo responsable de una entidad instrumental financiada mediante un canon tributario obligatorio pueda percibir una remuneración superior a la del presidente de la Comunidad Autónoma.
No se trata de cuestionar que perfiles técnicos o directivos deban estar adecuadamente remunerados. Se trata de exigir coherencia institucional y justificación pública.
Cuando una entidad recauda decenas de millones vía tributo, externaliza buena parte de su operativa, mantiene baja exposición pública y opera con márgenes de autonomía relevantes, la exigencia política no puede limitarse a la publicación de PDFs.
El Gobierno Regional presume de liderazgo técnico en depuración y reutilización. Pero una comunidad no debería aspirar únicamente a liderazgo tecnológico, sino también a excelencia institucional.
No basta con depurar agua. También hay que depurar zonas grises de gobernanza pública. Porque cuando el dinero es obligatorio, público y masivo, el silencio político nunca debería ser la norma.
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