«La seguridad no puede ser una herramienta propagandística activada únicamente cuando permite señalar al vulnerable, al extranjero o al diferente»
La derechona española lleva años construyendo una parte central de su discurso político sobre una idea selectiva de seguridad. Una seguridad convertida en espectáculo ideológico, donde algunas amenazas se amplifican hasta el agotamiento mediático mientras otras recibe una atención mucho más discreta.
La imagen de una patera es perfecta para ese relato: frontera, invasión, descontrol, amenaza exterior. Una fotografía funcional para alimentar miedo, polarización y promesas de orden. Sirve como símbolo político y como combustible electoral.
La reciente aparición de embarcaciones con potentes motores en operaciones vinculadas al narcotráfico marítimo en las costas de la Región de Murcia no es un fenómeno anecdótico ni un simple suceso policial. Se suma a una realidad que la Región conoce desde hace tiempo: proliferación de plantaciones de marihuana, fraude eléctrico masivo, viviendas utilizadas para cultivos indoor, economías paralelas y consolidación de redes criminales cada vez más sofisticadas.
Aquí ya no hablamos de un enemigo abstracto construido desde la retórica del miedo. Hablamos de crimen organizado real: estructuras logísticas, grandes flujos de dinero ilícito, deterioro de barrios, corrupción potencial y erosión institucional.
Es decir, delincuencia en su sentido más literal.
Y, sin embargo, resulta difícil no advertir la asimetría política. Lo que provoca una sobreactuación constante cuando afecta a personas vulnerables y sin recursos genera bastante menos intensidad discursiva cuando implica combustible, embarcaciones de alta velocidad y mafias internacionales.
La diferencia no es casual.
Una patera encaja perfectamente en la batalla cultural sobre identidad, fronteras y amenaza demográfica y por tanto genera gasto. Una narco lancha obliga a hablar de cuestiones bastante también incomodas: economía sumergida, blanqueo de capitales, redes clientelares, debilidad institucional y ausencia de estrategia sostenida frente al crimen organizado pero que genera ingresos.
No deja de resultar revelador que parte de quienes más explotan el discurso de la seguridad arrastren también contradicciones históricas difíciles de ignorar. La fotografía de Feijóo junto al narcotraficante Marcial Dorado quedó fijada en la memoria política española como símbolo involuntario de esa ambigüedad: enorme dureza retórica frente a determinadas amenazas y mucha más incomodidad cuando el problema conecta con circuitos económicos ilícitos incrustados en determinados territorios y élites locales.
En numerosos municipios regionales, PP y VOX llegaron al poder con la seguridad como bandera, uno de sus principales estandartes. Prometieron orden, control y firmeza. Hoy, mientras la Región afronta simultáneamente el impacto del narco cultivo y la amenaza creciente del narcotráfico marítimo, conviene preguntarse qué quedó de aquella retórica más allá del marketing electoral.
La seguridad no puede ser una herramienta propagandística activada únicamente cuando permite señalar al vulnerable, al extranjero o al diferente. Una política seria de seguridad exige afrontar también aquello que no produce titulares tan cómodos: crimen organizado, redes económicas ilícitas y deterioro institucional.
Porque, al final, una patera sirve para agitar emociones. Una narco lancha obliga a gestionar realidades. Y ahí es donde terminan los eslóganes y empiezan las responsabilidades.
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