«La corrupción económica es grave, pero existe otra corrupción más silenciosa, la que convierte las instituciones en instrumentos al servicio de organizaciones, intereses o carreras personales»
Cada vez que aparece un nuevo escándalo, la reacción es siempre la misma. Los implicados se defienden, los adversarios exigen dimisiones inmediatas y los ciudadanos asistimos a una nueva edición de una película que conocemos de memoria. Durante unos días parece que la corrupción vuelve a ocupar el centro del debate público. Luego llega el siguiente titular y todo continúa.
Lo verdaderamente inquietante no es que existan corruptos. Los ha habido y los habrá en cualquier sociedad. Lo preocupante es que llevamos décadas conviviendo con las mismas debilidades institucionales sin que exista una voluntad política real de corregirlas.
La corrupción se presenta a menudo como una desviación individual. Un político ambicioso. Un empresario sin escrúpulos. Un cargo público que cruza una línea. Pero esa explicación es insuficiente. La corrupción no prospera únicamente por las decisiones de algunas personas. Prosperan, sobre todo, los sistemas que facilitan esas decisiones y reducen sus costes.
Llama la atención que, tras tantos escándalos, sigamos sin afrontar reformas elementales. La acumulación de cargos continúa siendo habitual. La democracia interna de los partidos sigue siendo limitada. Las incompatibilidades y las puertas giratorias continúan generando dudas razonables sobre la independencia de determinadas decisiones públicas. Y la política sigue configurándose, en demasiados casos, como una profesión de larga duración.
Una democracia necesita que los servidores públicos sean mejores que a quienes representan. Lo que no necesita es una clase política que pase la mayor parte de su vida adulta dentro de estructuras de poder. Cuando alguien encadena durante décadas cargos orgánicos, institucionales y de confianza, corre el riesgo de desarrollar una visión corporativa de la política. El objetivo deja de ser representar a los ciudadanos para convertirse, consciente o inconscientemente, en preservar una posición dentro del sistema.
Es entonces cuando aparecen las lealtades personales, las redes de influencia, los nombramientos cruzados y la resistencia a cualquier reforma que pueda alterar los equilibrios existentes.
Por eso sorprende que muchos partidos dediquen más energía a denunciar la corrupción de sus adversarios que a promover mecanismos que limiten la corrupción de cualquiera. Porque limitar mandatos, impedir determinadas acumulaciones de poder, reforzar la transparencia o democratizar de verdad las organizaciones políticas tendría una consecuencia incómoda, reduciría el margen de control de quienes hoy lo ejercen.
La degradación institucional rara vez llega de golpe. Avanza poco a poco. Se instala cuando los ciudadanos aceptan como normales prácticas que hace años habrían considerado inadmisibles. Cuando las puertas giratorias dejan de escandalizar. Cuando el clientelismo se percibe como algo inevitable. Cuando el debate público se reduce al eterno «y tú más».
La corrupción económica es grave. Pero existe otra corrupción más silenciosa, la que convierte las instituciones en instrumentos al servicio de organizaciones, intereses o carreras personales. Esa forma de corrupción no siempre acaba en los tribunales. Sin embargo, erosiona de manera constante la confianza de los ciudadanos en la democracia.
Quizá por eso la pregunta importante ya no sea cuántos casos de corrupción hemos conocido en los últimos años. La pregunta es por qué seguimos tolerando unas reglas que facilitan que vuelvan a producirse.
Porque una democracia madura no se mide por la ausencia de corruptos. Se mide por su capacidad para impedir que el poder se convierta en un patrimonio privado de quienes lo ocupan.
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