«El PP vuelve a recurrir a una vieja estrategia: presentar los servicios públicos como un problema, sembrar dudas sobre su viabilidad y preparar el terreno para justificar reformas cuyos costes suelen recaer sobre la mayoría social»
La derecha que trabaja para que los ricos sean cada vez más ricos quiere privatizarlo todo. Y cuando pone sus ojos en las pensiones, no estamos hablando solo de dinero, estamos hablando de derechos, de justicia social y del modelo de sociedad que queremos.
La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, anuncia que el sistema público de pensiones “va a petar” y reclama cambiarlo de forma “valiente”. ¿Valiente para quién? ¿Para los trabajadores que llevan décadas cotizando o para quienes pretenden abrir nuevos mercados al capital privado?
El PP vuelve a recurrir a una vieja estrategia: presentar los servicios públicos como un problema, sembrar dudas sobre su viabilidad y preparar el terreno para justificar reformas cuyos costes suelen recaer sobre la mayoría social. Mucho alarmismo y pocas explicaciones sobre las medidas concretas que propone.
Cuando el PP anuncia que las pensiones van a reventar, tiene la obligación de explicar qué pretende hacer con ellas. ¿Reducir prestaciones? ¿Endurecer las condiciones de jubilación? ¿Trasladar una parte mayor de la responsabilidad al ahorro privado? Que deje de esconder sus intenciones detrás de la palabra «valentía» y enseñe sus cartas.
Vox, por su parte, defiende avanzar hacia un sistema mixto que dé mayor protagonismo a la capitalización individual. No es exactamente la misma propuesta que la del PP, pero ambas posiciones obligan a debatir qué papel debe desempeñar el sistema público y quién asumirá los riesgos de la jubilación.
El negocio detrás del miedo. España afronta desafíos demográficos y financieros que exigen soluciones. Negarlos sería irresponsable. Pero también lo es presentar el colapso como un destino inevitable, como si no existieran alternativas para reforzar los ingresos, mejorar el empleo, combatir la precariedad y garantizar una financiación suficiente.
El PP debe explicar por qué habla de catástrofe antes de concretar sus soluciones. Porque cuestionar la confianza en las pensiones públicas sin aclarar qué se propone hacer puede alimentar precisamente el argumento de quienes quieren dar más espacio a los fondos privados.
La experiencia de otros servicios públicos invita a la vigilancia: cuando la protección colectiva se debilita, aparecen oportunidades de negocio para quienes pueden convertir una necesidad social en una fuente de ingresos.
La sanidad, la educación y las pensiones no deberían ser mercancías. Son conquistas sociales que permiten que los derechos no dependan exclusivamente del dinero disponible.
La capitalización individual favorece a quienes tienen salarios elevados y carreras laborales estables, porque pueden ahorrar más. Quien encadena contratos precarios, cobra poco o atraviesa periodos de desempleo difícilmente podrá acumular un patrimonio suficiente para vivir dignamente durante la jubilación.
Además, los ahorros invertidos están expuestos a las comisiones, la inflación y las oscilaciones de los mercados. El riesgo no desaparece: cambia de manos.
¿Es ese el modelo que queremos? ¿Que después de toda una vida trabajando la tranquilidad dependa de cuánto dinero hayas podido acumular y de cómo se comporten los mercados financieros?
La derechona debe explicar a quién beneficia su modelo y quién pagará sus consecuencias. No basta con invocar la sostenibilidad mientras se deja en segundo plano la suficiencia de las pensiones y la protección de quienes menos tienen.
Las pensiones públicas no son una limosna del Estado ni un regalo de ningún Gobierno. Son parte de un sistema de protección social construido durante generaciones y sostenido por millones de trabajadores.
Por supuesto que hay que garantizar su futuro. Pero la solución no puede consistir en utilizar el miedo para que la ciudadanía acepte como inevitable una mayor privatización de sus derechos.
El PP debe dejar de anunciar apocalipsis y explicar qué pretende recortar, cambiar o privatizar. Si tiene propuestas, que las presente con claridad y asuma el debate público. Los trabajadores merecen saber qué consecuencias tendrían antes de que se les pida otro sacrificio en nombre de una supuesta valentía política.
La sociedad no está para garantizar que los ricos sean cada vez más ricos. Está también para proteger a quienes han construido la riqueza de este país con su trabajo.
Las pensiones deben garantizar una vejez digna, no convertirse en otro negocio para quienes ya lo tienen casi todo.
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