CCOO Enseñanza asegura que actualmente estos puestos están ocupados mayoritariamente por mujeres y que la forma de contratación es un mecanismo sutil más para devaluar el trabajo femenino.
CCOO ha tenido acceso a los datos de la Consejería de Educación sobre el número de programas que tiene, cuantos de ellos son de fondos propios y cuantos dependen de fondos externos y por tanto no están sujetos al presupuesto de la CARM.
Según la información aportada al sindicato por la Consejería de Transparencia, Seguridad y Emergencias de las 531 plazas solo 1 es de fondos externos, el resto, 530, pertenecen a programas de fondos propios.
A juicio de CCOO la conclusión no da lugar a dudas. Para la Federación de Enseñanza no se justifica por una falta de presupuesto propio, sino que ha sido una decisión política. En palabras de María Ángeles García, responsable de Personal de Servicios Educativos Complementarios de CCOO Región de Murcia (PSEC) «se trata de una decisión que ha supuesto destrucción de empleo estructural de plazas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), para convertirlo en empleo precario y a tiempo parcial deteriorando los servicios públicos gravemente».
CCOO asegura que la gestión de recursos humanos llevada a cabo por la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital ha provocado desde 2012 que la brecha salarial en la CARM haya aumentado con la introducción masiva de contratos a tiempos parcial en la Consejería de Educación, en colectivos altamente feminizados. La Federación de Enseñanza recuerda que esto ocurre en una administración que lleva dos planes de igualdad aprobados y que afirma creer en las políticas de igualdad de género. Una desigualdad estructural que nace de la división sexual del trabajo, un esquema de organización social que supone asignar a las mujeres preferentemente las tareas de cuidados a las que, además, se les asigna menor valor.
Según la organización sindical en los últimos diez o quince años se ha realizado un lento proceso de destrucción de plazas en RPT y su conversión en plazas por programas. El proceso ha sido convertir plazas estables en contratos de diez meses de 20/25 horas. Para García «las consecuencias de este sigiloso proceso de deterioro han sido dobles, por un lado, se han devaluado enormemente los servicios públicos, sobre todo la atención a la diversidad, y, por otro lado, ha precarizado a varios colectivos». Se trata de sectores altamente feminizados, que se dedican a la atención de menores, a personas con discapacidad, a la limpieza, a la administración o a los servicios.
A petición de CCOO Función Pública ha accedido a convocar una mesa específica para buscar una solución a la problemática de los contratos por programas. CCOO estará vigilante para que todos estos puestos vuelvan a estar en la RPT, de donde nunca debieron salir.