Tras el despido de mil profesionales sanitarios
El Sindicato de Enfermería denuncia la «desfachatez» de la Comunidad y del SMS, que despide a mil trabajadores y acaba con el Corecaas, pero, en su lugar, mantiene un servicio externo de rastreo innecesario.
El Sindicato de Enfermería SATSE Murcia ha criticado la «nula gestión» del Gobierno regional y de la Consejería de Salud, que, tras despedir a principios de mes a mil profesionales sanitarios del Servicio Murciano de Salud, anuncia el mantenimiento de 148 rastreadores externos, «innecesarios» tras el fin de seguimientos de casos por coronavirus en la Región de Murcia.
SATSE Murcia denuncia la «desfachatez» del Gobierno regional, que mantiene el contrato, a dedo y sin publicidad, con las empresas adjudicatarias del servicio de rastreo contratado en diciembre de 2020, y que está previsto mantener, al menos, hasta final de mayo, con un coste que asciende, de momento, a 12,4 millones de euros, cuando el 31 de marzo cesó a mil enfermeros, fisioterapeutas y auxiliares de Enfermería «imprescindibles» y a 12 de abril acaba con el Corecaas.
El Sindicato de Enfermería insiste en tachar de «imprudente» y «temerario» la medida de eliminar las contrataciones y promover la desaparición del equipo de coordinación de atención a las residencias, máxime cuando los días festivos y la relajación de las restricciones pueden provocar un aumento de los casos.
«Después de que los profesionales lo han dado todo durante estos dos años, ahora la Administración, en un acto de deslealtad y poco reconocimiento, prescinde de muchos profesionales y mantiene un servicio externo de rastreos a nuestro parecer, totalmente innecesario porque no tienen qué rastrear, ya que apenas se realizan test ni se contabilizan los caseros», afirman.
«No se valora ni la profesionalidad del personal sanitario ni la calidad de la asistencia sanitaria a los ciudadanos», recalca SATSE, «y siguen sin plantearse el hacer estructurales las plazas necesarias tanto en el SMS como en el IMAS para dar un buen servicio a la población, con un criterio economicista que sí les permite contratar un servicio innecesario, cuando esa labor la pueden hacer los profesionales que ya desarrollan esa función en el ámbito público».