La exconsejera de Agricultura, Agua y Medio Ambiente se enfrenta a penas de doce años de inhabilitación para empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación administrativa
Adela Martínez-Cachá vuelve a estar rehabilitada para el servicio público, o al menos para prestar servicios a la administración regional. Eso se sobreentiende de los contratos menores de las que han sido beneficiarias sus empresas en el último año.
Sus empresas BIA3 Consultores SL, y SAU Consultoría Estratégica SL han sido contratadas por el IMIDA (Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Medio Ambiental) y la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, con encargos por valor de 31.314,25 euros en los últimos meses.
Así se desprende de los datos publicados en el portal de Transparencia de la Región de Murcia, que confirman la vuelta a lo público de la que en otro tiempo fuera mujer fuerte del PP, caída en desgracia por su imputación judicial.
Doce años de inhabilitación para empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación administrativa
El juicio oral contra la exconsejera de Agricultura, Agua y Medio Ambiente Adela Martínez-Cachá por la construcción de la tubería de El Carmolí, que pasaba por un espacio protegido, sin haber tramitado previamente la declaración de impacto ambiental, se celebrará en octubre de 2023, según las fechas fijadas por la Audiencia Provincial de Murcia.
Recordemos que el ministerio público señalaba en su escrito de acusación que ese proyecto fue emprendido sin tramitar con anterioridad la declaración de impacto ambiental. Además la Fiscalía añadía que Adela Martínez-Cachá decidió emprender las obras «calificándolas de emergencia» en un intento de sortear las consideraciones sobre evaluación de impacto ambiental que pudiera realizar el órgano competente y, además, ofrecer la imagen ante la ciudadanía de que se luchaba eficazmente contra el problema de los vertidos a la laguna salada.
Aquel proyecto nunca llegó a ver la luz dado que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) no autorizó a la comunidad de regantes Arco Sur Mar Menor, en Cabo de Palos, el uso del agua que iba a circular por la tubería. Además, el órgano de cuenca impuso a la Comunidad Autónoma una multa de 3.000 euros por carecer las obras de la preceptiva autorización, al ser ejecutadas en dominio público hidráulico.
Martínez-Cachá en primera fila de los actos de Feijóo en Murcia
Se intuía que la relación de la exconsejera con el PP de López Miras había mejorada considerablemente al volver a la primera fila, al menos en los actos de partido donde participaba su amigo y ahora presidente de los populares, tal como destapamos en exclusiva en el mes de marzo de este año.
