«Todos los suministros necesarios son objeto de contratación externa por parte de la CARM, bien a través de la Consejería de Hacienda, o bien a través de la Consejería de Presidencia. De tal forma, que la empresa adjudicataria no aporta contrato alguno al respecto, ni factura que acredite el pago de los citados suministros necesarios para la ejecución de las actividades inherentes a la prestación del servicio adjudicado»
Ayer les contábamos que, según el informe de la Inspección Provincial de Trabajo de la Seguridad Social (IPTSS), Ferrovial Servicios SA no había facilitado un local para prestar el servicio del llamadas del 112 del cual había sido adjudicatario en el periodo 2016-2020, sino que estaba utilizando dependencias públicas de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias (DGSCE), en contra de lo que marcaba el pliego de condiciones de la licitación.
Para la Inspección de Trabajo estos hechos ya suponían un claro incumplimiento del contrato firmado entre el Gobierno de López Miras y Ferrovial Servicios SA, pero no sería el único, según el informe realizado por la IPTSS.
Los gastos de luz, comunicaciones, estructura tecnológica etc. los pagaba el Gobierno regional
La inspección de trabajo solicitó a Ferrovial Servicios SA la documentación acreditativa de la contratación de aquellos suministros que son necesarios para la realización de todas y cada una de las tareas que integran el servicio de explotación operativa de llamadas del 112 y que son realizadas diariamente por sus trabajadores en las instalaciones de la DGSCE, ante lo que no obtuvo respuesta alguna.
«Todos los suministros necesarios son objeto de contratación externa por parte de la CARM, bien a través de la Consejería de Hacienda, o bien a través de la Consejería de Presidencia. De tal forma, que la empresa adjudicataria no aporta contrato alguno al respecto, ni factura que acredite el pago de los citados suministros necesarios para la ejecución de las actividades inherentes a la prestación del servicio adjudicado», explica el inspector en su informe.
Es más, la DGSCE es quien le acredita la contratación de todos los servicios necesarios para llevar a cabo el servicio contratado a Ferrovial Servicios, desde las comunicaciones hasta el suministro eléctrico, pasando por la limpieza, la explotación tecnológica o la infraestructura de medios informáticos.
La inspección de trabajo reitera que no consta «contrato alguno formalizado por parte de la empresa Ferrovial Servicios S.A», para comunicaciones, limpieza, suministro eléctrico, etc, «(necesarios para la gestión del servicio de explotación operativa de llamadas del 112 de la CARM, de que asume desde el 1 de diciembre de 2016)»
Pese a ello se pudiera dar el caso que existiera un acuerdo para que Ferrovial pagara al Gobierno regional por estos servicios que se estaban sufragando con dinero público y que deberían ser a cuenta de la empresa, pero la inspección de trabajo afirma tajantemente que «tampoco consta abono de compensación alguna a la CARM titular de los citados contratos de suministros, por la utilización de los mismos».
Tampoco cumplían con la uniformidad requerida
La inspección de trabajo realizó 7 visitas a las instalaciones del Centro de Coordinación de Emergencias de la CARM, donde se ubicaban los puestos de los trabajadores vinculados a la empresa Ferrovial Servicios SA, adjudicataria del servicio de explotación operativa de llamadas. Concretamente los días 28 y 31 de agosto, 18 de septiembre y 20 de diciembre del año 2017; y 7, 26 y 17 de julio de 2018.
En sus visitas el inspector, según consta en el informe, se percató que los trabajadores no portaban la uniformidad que les permitiera diferenciarse del resto de trabajadores públicos que prestaban sus servicios en las mismas instalaciones, tal como estaba marcado en el pliego de condiciones de la licitación.
Es más, según se refleja en el informe de la IPTSS, «no es hasta la visita realizada el 17 de julio de 2018, cuando se comprueba que los trabajadores disponen de una uniformidad que les permite diferenciarse del resto de trabajadores que prestan servicio en las citadas instalaciones». Más de un año y medio después de que Ferrovial Servicios comenzara a trabajar.
De hecho, a preguntas del inspector acerca de la fecha desde la que disponían los trabajadores de la citada indumentaria de trabajo, estos manifiestan que «se les proporcionó en el mes de abril de 2018 (la empresa Ferrovial Servicios SA asumió la gestión del servicio de explotación operativa de llamadas del 112, el 1 de diciembre de 2016)».
La IPTSS concluye que estos hecho suponen «un verdadero incumplimiento» por parte de Ferrovial
El informe recoge una dura afirmación donde se afirma que los hechos expuestos en el documento demuestran un «claro incumplimiento» por parte de la empresa adjudicataria.
«La carencia de medios materiales propios uy la falta de contratación de los suministros necesarios para la gestión del servicio de atención de llamadas del 112RM, por parte de la empresa Ferrovial Servicios S.A. además de imposibilitar en sí misma el desarrollo del mismo y la ejecución de todas las actividades que le son propios (si no fuera porque los citados medios y suministros necesarios son proporcionados de forma gratuita por la CARM)», dice literalmente el informe.
Y continúa añadiendo que «supone un verdadero incumpliendo, ya no solo de la oferta realizada por la empresa en el marco del proceso de adjudicación; sino también de las propios obligaciones recogidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Prescripciones Administrativas que se han de cumplir durante la gestión de servicio por parte de la empresa adjudicataria del mismo».
Todos estos hechos estaban en conocimiento del Gobierno de López Miras
Fueron constantes las comunicaciones y requerimientos de información realizados por la inspección de trabajo, que ponían de manifiesto las aparentes irregularidades afirmadas en el informe realizado, pero pese a ello, desde el Gobierno de López Miras se hizo oídos sordos a todos los problemas que planteaba la IPTSS.