El PSOE pide explicaciones a López Miras ante la evidencia de lo poco que le importa el medio ambiente, mientras que a IUVRM y Ecologistas en Acción no les sorprenden las presuntas irregularidades en la construcción del segundo tubo de captación de agua de mar sin una nueva declaración de impacto ambiental
Las reacciones de los partidos políticos y grupos ecologistas a la noticia dada por LasNoticiasRM en exclusiva acerca de la construcción del segundo tubo de captación de agua de mar sin una nueva declaración de impacto ambiental obviando los informes de la Dirección General de Evaluación Ambiental no se han hecho esperar.
PSOE
Desde las filas socialistas, el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la ejecutiva regional, Fernando Moreno ha denunciado «la pasividad del Gobierno regional al permitir que Hydro Management construyera el segundo tubo de captación de agua de mar de la Desaladora de Escombreras sin pedir autorización a la CHS es un capítulo más de su forma de hacer política, basada principalmente en los trapicheos«.
Moreno ha recodado que «el Gobierno regional vuelve a demostrar su incapacidad para gestionar esta comunidad autónoma y que el Partido Popular solo trabaja para los intereses privados de unos pocos y no por el bien de la mayoría social de la Región de Murcia».
«Vuelven a poner en evidencia lo poco que les importa el medio ambiente y que lo único que quieren es enriquecerse a costa de los murcianos y murcianas», ha denunciado Moreno quien ha terminado solicitando a López Miras que dé «explicaciones de inmediato sobre este asunto».
IUVRM
Para José Luis Ávarez-Castellanos, coordinador regional de IU-Verdes «la noticia sobre la pasividad del gobierno regional hacia Hydo Management en lo concerniente a la petición de informe de evaluación ambiental para construcción del segundo tubo de captación de agua de la Desaladora de Escombreras no sorprende en absoluto. Se trata de un episodio más de la cadena de despropósitos y corrupción que rodea a todo este proyecto».
Álvarez-Castellanos ha explicado que la desaladora de Escombreras es «un proyecto que ejemplifica claramente la esencia de las políticas de los gobiernos del PP en la Región saturadas de opacidad, de corrupción y de prioridad de los intereses privados sobre el interés general y el desprecio de estos mismos gobiernos por la afección medioambiental este proyecto pudiera implicar. Precisamente la contundencia del escrito de acusación de la fiscalía en el juicio contra Valcárcel dan sobrada muestra de todo ello».
Ecologistas en Acción
Pedro Luengo, coordinador y portavoz de Ecologistas en Acción de la Región Murciana, a declarado a LasNoticiasRM que a «Ecologistas en Acción no le sorprende las presuntas irregularidades que se están destapando en el caso de la Desaladora de Escombreras. En primer lugar, por que en sucesivas legislaturas del Partido Popular en la Región de Murcia hemos vivido situaciones en las que el ejecutivo ha obviado e intentado esquivar evaluaciones de impacto que podían poner en riesgo proyectos que querían desarrollar a toda costa, aunque se incumpliera la normativa: Zerrichera, Marina de Cope, Paramount, Tubería del Carmolí, Decreto de Vedas… son ejemplos de ello».
«Muchos de estos casos han terminado en los tribunales por las denuncias de Ecologistas en Acción y otras organizaciones», ha recordado Luengo.
«Desde Ecologistas en Acción opinan que uno de los principales motivos por los que se construyó la Desaladora de Escombreras sería el poder ‘justificar’ que el Ente Público del Agua tenía suficiente agua y podía firmar con todos los municipios la garantía de suministro, que era requisito indispensable (exigencia legal de la CHS) para todos los nuevos desarrollos urbanísticos -no olvidemos que estábamos en pleno boom inmobiliario-, que entonces era uno de los principales escollos que podían truncar millonarias inversiones privadas«, ha valorado.
«Es decir, parece que se pretendía soslayar el requisito legal e indispensable de disponer de dotación de agua suficiente para ejecutar nuevos desarrollos urbanísticos, entonces en crecimiento exponencial, que era uno de los requisitos que podía impedir la aprobación de dichos planes parciales», ha afirmado el líder de la asociación ecologista.
Luego ha finalizado aseverando que «para la organización ecologista, se trataría de un nuevo caso en el que el Gobierno Regional trató de retorcer la legalidad y destinar enormes cantidades de dinero público, para favorecer, presuntamente, intereses privados».