La recientemente aprobada línea de ayudas de baterías tendrá un presupuesto asignado de 837 millones de euros. El resto del presupuesto se dedicará a la línea del vehículo eléctrico y conectado
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ultima la redacción de la orden de bases y la convocatoria de la segunda parte del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado, tras un constante diálogo con el sector de la automoción. En total, el Gobierno dedicará unos 3.000 millones de euros que comprende la dotación de la segunda convocatoria (baterías más proyectos específicos) y la adenda de los fondos europeos que aprobó recientemente el Consejo de Ministros.
El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, está convencido de que se agotarán los fondos de las dos próximas convocatorias. «España va a estar a la altura del reto industrial y vamos a liderar la movilidad sostenible en Europa».
La segunda convocatoria de 2023 contará con dos líneas. La primera de ellas es la proyección para la fabricación de celdas de baterías y para potenciar proyectos del procesado del litio y del cobalto, y estará dotada con 837 millones de euros.
«Esta primera parte es fundamental, porque es la que garantiza el futuro de nuestras plantas de automoción, así como la entrada de nuevos operadores que por primera vez en la historia invertirán en nuestro país», ha destacado Gómez.
Por su parte, la segunda línea se centrará en potenciar nuevos modelos de vehículos eléctricos y de prototipos de batería y de pila de combustible, así como en dar una segunda vida a estos. En estos momentos, el Gobierno está pendiente de la publicación por parte de la Unión Europea de la normativa de excepción por categorías. En total, la segunda convocatoria del PERTE VEC contará con un presupuesto de unos 1.500 millones de euros. A esto le sucederá una tercera convocatoria por más de 1.450 millones.
El régimen de concesión de estas convocatorias, que suman más de 3.000 millones de euros contando con partidas adicionales, será de concurrencia simple. Por ello, suponen una flexibilización de las condiciones de participación, un incremento de las categorías de proyectos susceptibles de ser apoyados y una actualización y mejora los umbrales de ayudas máximas de acuerdo al nuevo marco temporal que establece la UE.
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