Desde el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Lorca insisten en que “una vez que ha entrado en vigor la ordenanza, elaborada por el equipo de Gobierno del alcalde, Diego José Mateos, es imprescindible crear un órgano de control para la correcta supervisión de la normativa como estaba previsto”
El concejal de Urbanismo y Seguridad del PSOE del Ayuntamiento de Lorca, ha propuesto hoy que “se cree una comisión especial de control del empadronamiento que esté integrada por Policía Local, técnicos de Urbanismo y Estadística y representantes de los grupos municipales”.
Ruiz Guillén ha insistido en que “una vez que ha entrado en vigor la ordenanza, pionera en la Región, que pretende atajar fraudes en la oficina del padrón de Lorca, es imprescindible crear un órgano de control para la correcta supervisión de la misma”.
José Luis Ruiz ha destacado que “es necesario que esta unidad de control, que era una de las propuestas que estaba prevista cuando se elaboró la nueva normativa, se ponga en marcha cuanto antes. El objetivo de esta normativa es controlar la cuestión relativa a los empadronamientos, pues se ha detectado el hacinamiento en viviendas y el empadronamiento irregular en la ciudad y en las pedanías”
Ruiz ha destacado que la ordenanza fue elaborada por el equipo de gobierno socialista, con Diego José Mateos a la cabeza” y que “estamos ante una ordenanza única en la Región de Murcia, ningún otro municipio ha implementado una regulación de esta tipología, que se realiza con el fin de suplir una laguna normativa como es la no disposición de instrumentos jurídicos suficientes para hacer una regulación de los incumplimientos que se están dando en cuanto al empadronamiento de personas”.
La nueva ordenanza reguladora de la gestión del padrón municipal de habitantes evitará el hacinamiento en viviendas e inscripciones irregulares y establecerá sanciones por el incumplimiento de la norma de entre 750 y 3.000 euros.
También establece la ordenanza un régimen sancionador por el incumplimiento de la normativa que afectará al propietario y a los moradores de la casa. Las sanciones leves serán de 750 euros por la instrucción de dos expedientes de baja de una misma persona o la inscripción indebida por falta de veracidad en la acreditación del domicilio en el caso de los moradores. Será multado el propietario con esta cantidad si se falta a la verdad en la declaración sobre el domicilio de otra persona. Las multas graves, de hasta 1.500 euros, serán para los inquilinos si tramitan tres expedientes de baja y para el arrendador si falta a la verdad reiteradamente en la exposición de los distintos datos. Las muy graves, de hasta 3.000 euros, se impondrán a los que tramiten más de cuatro expedientes de baja, se inscriban indebidamente o haya falsedad documental del propietario y los moradores.
“El rápido crecimiento de la población de nuestra ciudad que se ha producido en estos dos últimos años ha supuesto un auténtico reto para la gestión del Padrón Municipal de Habitantes y lo que queremos es crear las herramientas necesarias para dar instrumentos a la administración pública y que se pueda llevar a cabo este control que será posible gracias a la ordenanza que elaboró nuestro equipo de gobierno”, concluyó Ruiz Guillén.
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