El número de puestos es un 15,8% superior al de 2022, y todas las convocatorias deben publicarse antes del 31 de diciembre. Además, el Ejecutivo ha desarrollado el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo para evitar los despidos gracias a la recualificación de los trabajadores
El Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente al año 2023, que incluye un total de 39.574 plazas entre los distintos departamentos de la Administración General del Estado, la Administración de Justicia, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha enmarcado la OEP en el fortalecimiento del estado del bienestar como garantía de la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos de la mayoría social. Montero ha argumentado que las políticas públicas son «una red de seguridad para las personas» y que la clave de la «arquitectura constitucional de la que nos hemos dotado está en los empleados y empleadas públicas de este país, por su profesionalidad, dedicación y esfuerzo, que han permitido superar una de las etapas más complicadas de nuestra historia reciente y abordar no solo lo urgente, sino también los retos presentes y futuros».
La titular de Hacienda ha asegurado también que la defensa del empleo público es compatible con la apuesta por la creación de empleo estable y de calidad en el sector privado, como demuestran las cifras récord de afiliación a la Seguridad.
Creación de empleo neta
La OEP 2023, acordada con los sindicatos UGT y CSIF, presenta cuatro ejes básicos, según ha explicado María Jesús Montero: crea empleo neto al no limitarse a cubrir los efectivos que se pierden; refuerza la apuesta por el empleo de calidad; dota de personal suficiente a las nuevas prestaciones, y favorece la atracción de talento a la Administración.
La tasa de reposición de los efectivos varía en función de los cuerpos: la ordinaria es del 110%, la de los sectores prioritarios es del 120%, y la de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías autonómicas y locales se eleva al 125%. De esta forma, la OEP de este año alcanza las 39.574 plazas, un 15,8% más que la de 2022 y un nuevo récord histórico, el tercero consecutivo. De ese total, 27.246 plazas corresponden al turno libre, lo que, a juicio de la ministra, constituye «un gran esfuerzo» destinado a quienes quieren desarrollar su vida profesional al servicio del conjunto de los ciudadanos.
Por sectores, 29.818 plazas se destinan a la Administración General del Estado; de ellas, casi 20.000 son de nuevo ingreso y el resto, de promoción interna. En la Administración de Justicia se ofrecen 1.907 plazas (1.215 de nuevo ingreso); en el Cuerpo Nacional de Policía, 2.833 plazas (2.600 de nuevo ingreso); y en la Guardia Civil, 2.875 plazas (2.520 de nuevo ingreso). A esos puestos hay que añadir los 2.141 que ya se aprobaron el pasado 3 de mayo para las Fuerzas Armadas y la Escala de Oficiales de la Guardia Civil.
Control de la temporalidad y refuerzo de la atención a la ciudadanía
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, explica los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
La oferta de empleo incide también en el objetivo de mantener la tasa de temporalidad del empleo público por debajo del 8%, como recoge la ley que aprobó el Ejecutivo para dar estabilidad al empleo en la Administración y actuar como una referencia para el conjunto del mercado laboral.
Con esa finalidad, la OEP incluye 1.025 plazas en la Seguridad Social para la gestión del Ingreso Mínimo Vital, y 500 plazas en la escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional, que fundamentalmente desarrollan su trabajo en la Administración Local.
La ministra de Hacienda y Función Pública ha destacado, igualmente, la oferta de 2.500 plazas para entidades gestoras de la Seguridad Social, con el objetivo de facilitar la atención presencial y la asistencia a la ciudadanía. Montero ha remarcado la necesidad de reforzar las plantillas para seguir avanzando en la digitalización de la Administración y para garantizar que quienes tienen derecho a una prestación la reciban sin retrasos.
Novedades en los procesos selectivos
Entre las novedades de la OEP, María Jesús Montero ha señalado que, con la meta de agilizar los procesos selectivos, todas las convocatorias tendrán que estar publicadas antes del 31 de diciembre de 2023. Además, los procesos tendrán que completarse, incluyendo la resolución de las alegaciones, antes de que transcurran dos años.
Se trata -ha sostenido- de corregir el retraso excesivo que se venía produciendo «de forma endémica» tanto en la convocatoria desde la aprobación de la OEP como en el proceso de celebración de exámenes y de culminación del proceso. Estos cambios responden a las demandas históricas de los opositores «que quieren, antes de presentarse a otra oferta de empleo, saber si la primera la han aprobado y, por tanto, poder incorporarse a la mayor brevedad», ha indicado Montero.
No hay que despedir a nadie en tiempos de crisis
El Gobierno ha regulado el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, que es un instrumento diseñado para mantener el empleo cuando se producen situaciones de crisis. Permite a las empresas solicitar medidas de reducción de jornada y de suspensión de contratos de empleo para sus trabajadores.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha mantenido que «en tiempos de crisis no hay que despedir a nadie, sino mantener los puestos de trabajo» y este mecanismo es el antídoto para evitarlo, como se demostró durante la pandemia.
Frente a propuestas como la ‘mochila austriaca’, que supone que los trabajadores se tendrían que ir sufragado un posible despido, Yolanda Díaz ha remarcado que el Gobierno apuesta por el Mecanismo Red, que compila las acciones adoptadas con éxito en la pandemia. Estas actuaciones ayudaron a más de medio millón de empresas y protegieron a más de 3,6 millones de trabajadores.
Este fondo colectivo salvará a las empresas y a los trabajadores, cuando lo precisen, en dos situaciones que son «absolutamente excepcionales», según ha explicado la vicepresidenta: «Que tengamos crisis cíclicas o crisis sectoriales», como viven en la actualidad algunos sectores productivos en España.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
Yolanda Díaz ha recordado que el Mecanismo Red está recogido en la denominada reforma laboral, que garantiza la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. El Ejecutivo ha acordado hoy su desarrollo reglamentario, que contempla los beneficios en la cotización a la Seguridad Social para las empresas que se acojan a él, así como las acciones formativas y el compromiso para el mantenimiento del empleo al que van vinculadas las exenciones en la cotización. Las autoridades laborales competentes serán las encargadas de iniciar el procedimiento y estudiar las solicitudes de ayudas.
La vicepresidenta ha detallado que los trabajadores tendrán protegido el 70% de su salario durante la vigencia de la medida y podrán acceder a una prestación, aunque no cumplan las condiciones de cotización exigidas habitualmente. El Ejecutivo sufragará las cotizaciones sociales de las empresas que cumplan unos determinados requisitos y activen este mecanismo para recualificar a sus trabajadores. «No se trata de despedir, se trata de recolocar a los trabajadores en otros sectores que tengan actividad productiva en nuestro país», ha resaltado.
Díaz también ha precisado que las empresas acogidas a Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) en la modalidad estacional tendrán bonificadas sus cotizaciones sociales en un 40%. Si los expedientes son cíclicos, las empresas tendrán una exoneración del 60% en las cuotas durante los cuatro primeros meses, los cuatro siguientes del 30%, y a partir del noveno mes del 20%.
Además, las empresas que se acojan a este mecanismo no podrán realizar horas extraordinarias ni contratar personal. Además, si incumplen las condiciones, tendrán que devolver de forma íntegra todos los beneficios sociales de los trabajadores acogidos a la medida.
Este mecanismo se dotará anualmente con una asignación en los presupuestos, así como con el superávit de las cuotas de cotización de desempleo de los trabajadores, por el excedente de las bonificaciones que no sean utilizadas y con 3.000 millones de euros procedentes de fondos europeos, según ha avanzado Díaz.
50 millones de euros al Plan de Empleo de Andalucía
La vicepresidenta segunda también ha informado de que el Gobierno ha autorizado una subvención de 50 millones de euros para el Plan de Empleo de Andalucía, con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), tras recibir la semana pasada la documentación de esta comunidad.
El plan de empleo se centra en la contratación de personas en desempleo en Andalucía y a la mejora de la empleabilidad de los trabajadores, en especial de los jóvenes.
Retirada de Medallas al Mérito al Trabajo
El Consejo de Ministros ha acordado retirar las Medallas al Mérito al Trabajo concedidas a nueve personas que participaron activa y destacadamente en la represión tras el golpe de Estado de 1936: el dictador Francisco Franco Baamonde, Enrique Pla i Deniel, José Ramón de Carranza, José Luis de Arrese Magra, José María Fernández Ladreda, José Solís Ruiz, Juan Yagüe Blanco, Jesús Romero Gorría y José Antonio Girón de Velasco.
Yolanda Díaz ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que estas personas «representan lo peor del régimen franquista» y que «el único trabajo que han suscitado las personas a las que hoy les retiramos el mérito es haber trabajado por violentar y violar los derechos humanos y pisotear la democracia en nuestro país».
Estrategia Nacional para la lucha contra el Sinhogarismo 2023-2030
La ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, durante su intervención en la rueda de prensa | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
El Gobierno ha aprobado la Estrategia Nacional para la lucha contra el Sinhogarismo en España 2023-2030, un marco de actuación para abordar la situación de las 28.500 personas que no tienen un hogar en España.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha explicado que el objetivo de la estrategia es reducir en los próximos siete años en un 95% el número de personas que se encuentran en esta situación.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2022, ese año había 28.552 personas sin hogar, de las cuales 7.277 se encontraban en situación de calle, 11.498 en albergues y centros de acogida y 9.778 en pisos y pensiones para personas sin techo.
Isabel Rodríguez ha destacado que la estrategia nace del compromiso del Gobierno de dar una respuesta integral y coordinada con todas las administraciones públicas a la situación de estas personas a las que a veces observamos como si fueran invisibles. La portavoz ha repasado las iniciativas adoptadas por el Ejecutivo para abordar la realidad de las personas sin hogar, entre las que ha destacado las adoptadas con las administraciones locales para buscar refugios climáticos que palíen su situación ante las altas temperaturas.
Inversiones en infraestructuras
El Gobierno ha acordado invertir 414 millones de euros en mejorar el firme de 1.515 kilómetros de carreteras convencionales que afectan a 13 comunidades autónomas. Entre estas inversiones, Isabel rodríguez ha destacado que la línea de alta velocidad Sevilla-Madrid recibirá 53 millones para mejoras tecnológicas.
Otros acuerdos
Isabel Rodríguez también ha informado de que el Consejo de Ministros ha acordado destinar 70 millones de euros para que los ayuntamientos puedan mejorar su ciberseguridad.
Además, el Gobierno ha aprobado la creación del Registro Central de Titularidades Reales y su reglamento. La finalidad de esta medida, ha indicado la portavoz, es proteger la integridad del sistema financiero de distintos sectores de la actividad económica y prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Además, el Ejecutivo apuesta por impulsar la candidatura de Madrid para albergar la sede de la Autoridad Europea para la Lucha Contra el Blanqueo de Capitales.
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