ANSE y Ecologistas en Acción celebran la reapertura de la investigación contra 4 ex altos cargos de la Administración Regional por aprobar las órdenes de vedas de dos años sin realizar una adecuada evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000
La reapertura se produce a raíz de un recurso de las organizaciones contra el acuerdo de archivo del Juzgado de Instrucción.
Las organizaciones recuerdan que, aunque se han realizado informes de afección a la Red Natura 2000 en los últimos años, sigue sin realizarse el trámite correctamente
En 2020, ANSE y Ecologistas en Acción denunciaron ante la Fiscalía a los entonces consejeros (Antonio Luengo y Javier Celdrán), así como a dos Directores Generales de ese momento (Fulgencio Perona y Francisco Marín) por presuntos delitos contra el medio ambiente y de prevaricación al aprobar dos órdenes de vedas de caza y pesca fluvial sin la preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental que analizara los efectos sobre la Red Natura 2000, tal y como determinaba el Plan de Gestión Integral del Noroeste.
En el desarrollo de la investigación, el Juzgado de Instrucción nº 4 acordó el archivo de las Diligencias Previas de Investigación. Este archivo fue recurrido en apelación por la organizaciones ambientales y posteriormente estimado por la Audiencia Provincial, dando la razón a la acusación popular ejercida por Ecologistas en Acción y ANSE*. Ahora el Juzgado de Instrucción nº 4 ha decretado la reapertura del caso y ha citado a declarar a los dos ex-Directores Generales Fulgencio Perona y Francisco Marín para el 5 de marzo de 2024.
Las organizaciones muestran su satisfacción por la reapertura y esperan que se aclare por qué se han venido aprobando las órdenes de vedas sin someterlas a evaluación de impacto ambiental, cuando es obligatorio y así lo habían establecido los servicios jurídicos de la propia Comunidad en reiteradas ocasiones. Igualmente, las organizaciones recuerdan que realizaron múltiples advertencias en el seno del Consejo Asesor de Caza y Pesca Fluvial por el deficiente funcionamiento en cuestiones de fondo del mismo, lo culminó con el abandono del Consejo en 2019**.
Ahora, las organizaciones esperan que la reapertura del caso acabe de una vez por todas por la connivencia de la Comunidad Autónoma con los intereses cinegéticos y piscícolas en detrimento del Medio Ambiente y que sirva para iniciar una fase de respeto a los órganos de participación pública y los procedimientos legales. En este sentido, las organizaciones recuerdan que actualmente se incluyen informes de afección a la Red Natura 2000, pero no se realiza una Evaluación de Impacto Ambiental propiamente dicha que permitiese una adecuada Evaluación de Repercusiones sobre la Red Natura 2000. Por todo lo anterior, las organizaciones ambientales reclaman al actual Consejero competente en Medio Ambiente, Juan María Vázquez y a la Secretaria Autonómica María Cruz Ferreira un cambio radical en la política ambiental que junto con el cumplimiento de la normas apueste por un participación y gobernanza de calidad.
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