Martínez Alpañez registró este martes la Proposición de Ley de Modificación de la Ley 5/2017, de 5 de julio, de participación instituciones de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito de la Región de Murcia a las que les retira los fondos públicos
Primer envite de la formación de ultraderecha al Partido Popular de Fernando López Miras al registrar, en silencio y sin ningún comunicado, la modificación legal para retirar las subvenciones a organizaciones sindicales y empresariales de la Región de Murcia.
Este martes a las 13:29 fue registrada en la Asamblea regional por el Grupo Parlamentario VOX la modificación legal que el partido de la ultraderecha quiere realizar en la Ley 5/2017 para dejar a sindicatos y patronal sin ningún tipo de sustento económico sufragado con fondos públicos para realizar sus labores constitucionalmente reconocidas.
En el preámbulo de dicha propuesta legal, VOX justifica el cambio normativo afirmando que «la sociedad murciana ha evolucionado, y hay que llamar a la participación institucional, no solamente a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la Región de Murcia, sino también a cualesquier otro grupo social o institucional, fin de que, a través de su participación en los distintos ámbitos de las instituciones, puedan enriquecer, aportar y colaborar en una mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos murcianos».
«Dentro de esa evolución de la Región», continúa el texto promovido por el partido de ultraderecha, «en sus distintos sectores económicos y sociales, se hace necesario la modificación de la presente Ley 5/2017 de 5 de julio, ya que comporta un agravio comparativo con la diversificación de necesidades y sectores con los que contamos en este momento en la Región».
Según VOX «si en otro tiempo los agentes sociales eran las organizaciones empresariales y los sindicatos, hoy en día existen una multitud de entes sociales, tan legítimos como aquellos, para participar en los ámbitos institucionales, y a los que se les dota de la citada potestad en las diversas normas de nuestro Ordenamiento Jurídico».
«Los ciudadanos no tienen que asumir el coste de las organizaciones empresariales y sindicales»
Según la propuesta de modificación legal presentada por el portavoz de VOX en la Asamblea regional, «todo lo dicho anteriormente no implica que sean los ciudadanos los que tengan que asumir el coste del funcionamiento de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, ya que las mismas, son entidades privadas, de gestión particular y de asociación voluntaria, en los que la Administración no debe de interferir dotándolos de un presupuesto anual por el mero hecho de ser un colectivo, como tantos otros, con derecho de participación institucional».
Para tras ello afirmar que «se considera necesario suprimir esos beneficios económicos discriminatorios a determinados agentes sociales concedidos con la Ley que se pretende reformar, produciendo con ello un ahorro en los próximos y futuros presupuestos de la Región».
VOX justifica el cambio legislativo por el «gran ahorro presupuestario»
«A través de esta ley se pretende contribuir a un gran ahorro presupuestario, sin menoscabar, tanto en términos de participación en los órganos y entidades públicas de su ámbito de aplicación, como en lo que se refiere a su colaboración institucional a través de una acción social proactiva, comprometida y con resultados patentes para la sociedad murciana, en la mejora de la economía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con el fomento de la empleabilidad y el emprendimiento», afirma el documento presentado por Martínez Alpañez.
Se suprime el apartado 1 y 2 del Articulo 6 de la Ley 5/2017
El texto que pretende validar VOX suprime el apartado 1 y 2 del Articulo 6 de la Ley 5/2017 y constando el cese del sustento económico proporcionado por el Gobierno regional quedando el citado artículo redactado de la siguiente manera:
Artículo 6. Recursos y financiación
1.- los gastos en los que incurran las organizaciones sindicales y empresariales intersectoriales más representativas a causa de dicha participación, serán asumidas por las mismas con sus recursos propios.
2.- La presencia de las personas que representen a las organizaciones sindicales y empresariales en los órganos consultivos de asesoramiento, se presume a título gratuito y no percibirán indemnización alguna por asistencia o compensación de gastos.
Con la modificación legal propuesta por el partido de la ultraderecha todas las organizaciones sindicales y patronales dejaría de recibir dinero público vía subvenciones para mantener su actividad, y deberían sufragar todos sus gastos con fondos propios.
VOX va más allá de lo firmado con el PP
Las organizaciones sindicales y patronales de mayor representación en la Región de Murcia ya mostraron su rechazo al texto que aparecía en el acuerdo de investidura de Fernando López Miras por el que VOX le dio su apoyo para ser presidente de la Comunidad Autónoma.
El punto 25 del acuerdo firmado afirmaba que «modificaremos la Ley de Participación Institucional para promover el método de concurrencia competitiva en la concesión de subvenciones, frente al modelo de subvención directa, garantizando así un uso más eficiente de los fondos públicos».
Sin embargo el articulado presentado por VOX, elimina de un plumazo toda subvención pública para todas las organizaciones sindicales y patronales.
CROEM, UGT Y CCOO en contra
CROEM ya manifestó sus dudas con el «planteamiento» del citado punto 25 del acuerdo de investidura firmado por PP y VOX. Afirmaba la patronal murciana que «los agentes sociales llevan a cabo otra serie de trabajos que emanan de pactos regionales y que no están sometidos a concurrencia competitiva».
Y concluían afirmando que «Las tres leyes de Simplificación Administrativa, el pacto por la Estabilidad en el Empleo, el similar en Economía Sumergida, el acuerdo en materia de Prevención de Riesgos Laborales y el de Formación Profesional Dual, entre otros muchos, justifican sobradamente el interés social del trabajo que lleva a cabo esta confederación empresarial y que en ningún caso compensa el coste económico al que tiene que hacer frente para llevar a cabo estos fines».
Por su parte CCOO esperaba que la aceptación de aquel punto en el acuerdo de investidura «responda realmente a un gesto de responsabilidad y no a un ejercicio de marketing político que busque manchar la imagen del trabajo» de los agentes sociales en el marco del diálogo social, «cuya desaparición supondría un retroceso en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía».
UGT criticaba que con la asunción de ese punto por parte del ejecutivo regional se pusiera en duda la labor sindical. Además afirmaban que «las subvenciones no llegan a cubrir el coste que su participación en los órganos consultivos ocasiona al sindicato, que las completa con recursos propios».
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