El Tribunal Administrativo Central ha sentenciado no solo la adjudicación de 247 millones de euros a Aqualia, sino que ordena la repetición de la misma al encontrarse diversas irregularidades
José Miguel Luengo, alcalde de San Javier y secretario general del Partido Popular de la Región de Murcia, acaba de subir un duro revés que pudiera costarle el cargo, algo que no es nada improbable debido a la motivación dado por el Tribunal Administrativo Central que ha echado por tierra sus pretensiones de adjudicar el contrato para la gestión del agua del municipio a Aqualia, empresa perteneciente a FCC.
La sentencia es muy dura contra la gestión realizada por el alcalde del PP en relación a la tramitación y proceso de adjudicación del contrato de alcantarillado y gestión del agua del municipio.
Un poco de historia
El Ayuntamiento de San Javier decidió poner fin a la relación que tenía desde hace décadas con Hidrogea (Agbar) para sacar a concurso este servicio de primera necesidad, algo que en principio no estaba obligado a hacer, ya que tenía la posibilidad de ir renovándolo cada dos años. Pero tras un análisis de la Universidad de Cartagena y considerar que los servicios de agua a futuro no estaban recogidos, decidió abrir un nuevo proceso.
En este punto, y aquí está la clave de la polémica, el consistorio contrató a la consultora Ingeagua para que pilotara el proceso de adjudicación y otorgara las calificaciones a los distintos participantes. Esta pequeña consultora, de seis trabajadores, que también presta servicios en México, accedió a este trabajo a través de un contrato menor, adjudicado sin publicidad, para dar un servicio especializado con trabajos que se extenderían por más de dos años por 15.000 euros, impuestos aparte. Ya esto supuso motivo de sospecha, detalla uno de los implicados en el proceso, ya que varias fuentes del sector señalan que se trata de un presupuesto muy corto para los trabajos a desarrollar.
Las alarmas se encendieron entonces porque esta consultora, Ingeagua, que debía ejercer de juez y examinador con las concursantes, a su vez admite que hace trabajos para otras empresas como la propia FCC Aqualia, según consta en el currículo de su director general.
La polémica se desató cuando se conoció la calificación técnica. FCC Aqualia logró la máxima puntuación en todos los aspectos (49 de 49). Con una nota muy por encima de otras compañías como la propia Agbar (44) y otras grandes del sector como Acciona (35), Sacyr (25) o Saur (35). Las fuentes consultadas no se explican esa gran diferencia de notas entre empresas que participan en concursos de este tipo por todo el territorio y gozan de la mejor cualificación.
La cuestión llegó a tal punto que un concejal del PSOE solicitó la suspensión temporal de este concurso como medida cautelar, ante las dudas surgidas alrededor del mismo, algo que, sin embargo, las autoridades administrativas denegaron.
La Fiscalía ve indicios de prevaricación
Solo un día después de que el Ayuntamiento de San Javier adjudicara a Aqualia el contrato, ahora anulado por el Tribunal Administrativo Central, la Fiscalía abría diligencias de investigación contra el Ayuntamiento de San Javier y su alcalde José Miguel Luengo porque ve «indicios de un posible delito de prevaricación«.
Según indica la fiscal responsable de la investigación en el decreto por el que inician las diligencias, la consultora Ingeagua, «no solo redactó las condiciones del contrato, sino que también valoró las propuestas presentadas. Su cliente, Aqualia, obtuvo la puntuación más alta en los criterios técnicos evaluables subjetivamente, 49 punto de los 49 posibles en todos los apartados evaluables de forma subjetiva por parte de su propia consultora», explica.
Alude también a la decisión municipal de mantener la oferta de Aqualia en la licitación, a pesar de haber presentado una propuesta «que supera en 16 millones el límite de temeridad» y que se sitúa «un 56% por encima del resto de concurrentes», y a las reclamaciones presentadas por la actual concesionaria, Hidrogea, para que se le excluya del proceso.
La justicia sentencia el contrato
El recurso de una de las licitadoras no solo pedía la nulidad en la adjudicación, que hubiera podido derivar en una nueva calificación de los proyectos entregados, sino que requirió al juez la repetición del concurso desde su inicio. Es decir, empezar de cero, incluyendo la contratación de Ïngeagua para su elaboración.
Así las cosas, el Ayuntamiento de San Javier tendrá que volver a redactar los pliegos sin intervención de la consultora de la que se sospecha su implicación en la adjudicación, y deberá poner en marcha una nueva licitación.
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