► El Grupo Parlamentario de VOX en la Asamblea regional registra una moción donde solicita que el Gobierno regional inste al de la Nación a que los perceptores de IMV «que no estén trabajando» realicen «tareas sociales en su municipio»
► VOX continúa pensando que el IMV es una «paguica» injustificada
La ultraderecha vuelve a llevar a la Asamblea regional una de esas propuestas difíciles de entender para la mayoría de la ciudadanía, basada en la irreal conjetura de que la sociedad es perezosa y una vez que recibe un ayuda por parte del estado no quiere volver a trabajar.
El pasado 14 de febrero, el portavoz del Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpáñez, registró una moción donde solicitaba que «todas aquellas personas(titulares o integrantes), mayores de edad receptoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que no estén trabajando y no tengan ningún impedimento físico psíquico puedan contribuir a la sociedad colaborando en tareas sociales en su municipio».
Bajo este rimbombante título se esconde el deseo de la ultraderecha de que las personas que perciban el Ingreso Mínimo Vital realicen trabajos sociales en sus municipios de residencia de manera gratuita.
Afirma el texto presentado por la ultraderecha que «parece ser que el principal objetivo de la ley (19/2021 por la que se establece el Ingreso Mínimo Vital) de «reducir la pobreza», no se está consiguiendo, más bien se está consiguiendo el efecto contrario».
Utilizan como coartada un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) realizado en el año 2018, más de tres años antes de la entrada en vigor del IMV, donde se realizó un análisis sobre prestaciones de ingresos mínimos, y advertía que los programas de rentas mínimas pueden generar desincentivos a la incorporación al mercado laboral.
El estudio está basado en el período 2005-2017
Lo que no cuenta VOX es que el estudio al que se refieren como justificación de su moción está realizado por la AIReF desarrollado un modelo para explicar la dependencia de los individuos en los programas de rentas mínimas de las comunidades autónomas, sobre el periodo 2005-2017.
El ámbito temporal del informe de la AIREF es importante dado que por un lado abarca un periodo en el cual no existía el IMV y por otro estudia las rentas mínimas de las comunidades autónomas, que eran dispares, no homogéneas y no tenían ninguna relación entre autonomías.
De hecho el estudio de la AIREF lo que indica es que las prestaciones de los ingresos mínimos autonómicos deben «eliminar los requisitos relativos a la situación laboral de los potenciales beneficiarios», algo que sucede en el caso del IMV.
El beneficiario del ingreso mínimo vital puede aceptar un puesto de trabajo y cobrar un sueldo, puesto que las dos opciones son compatibles. Habrá que comunicarlo a la Seguridad Social que hará un recorte en la ayuda según la cantidad que se ingrese con el nuevo salario.
VOX da a entender que 1.329 € para una familia numerosa es demasiado
El grupo de ultraderecha argumenta que «una unidad de convivencia formada por dos adultos y tres o más menores o tres adultos y dos o más menores, o por cuatro adultos y un menor percibirían 1.329,27 euros», dejando entrever que es una cantidad elevada.
Además prejuzgan que quien recibe el IMV no realiza ninguna actividad al afirmar que «parece razonable que aquellas personas que reciben la prestación y que son mayores de edad, no están trabajando y no tienen ningún impedimento físico o psíquico, puedan realizar una actividad provechosa para la sociedad».
Y para estas personas poco provechosas, según VOX, propone que realicen «tareas como colaboración en
comedores sociales, tareas de limpieza de parques o playas, asistencia a personas con necesidades especiales, acompañamiento a mayores o trabajos en protectoras de animales».
Llegan a afirmar erróneamente que «estas actividades no sustituyen puestos de trabajo ni compiten con el mercado laboral y están siendo gestionadas actualmente por los ayuntamientos», algo que se demuestra falso al comprobar que estos trabajos son licitados habitualmente por los consistorios.
Instan a modificar la Ley
La moción presentada por VOX pide a la Asamblea Regional que inste al Consejo de gobierno de la Región de Murcia a que este a su vez «solicite al Gobierno de la Nación, a que se realicen las actuaciones legislativas procedentes de acuerdo con el articulo 36 g) de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, del Ingreso Mínimo vital, para que todas aquellas personas (titulares o integrantes) mayores de edad, que no estén trabajando y no tengan ningún impedimento físico o psíquico puedan contribuir a la sociedad colaborando en tareas sociales en su municipio».
También pretenden que se «inste al Gobierno de la Nación a articular, previo los trámites oportunos, los mecanismos necesarios para fomentar nuevas oportunidades de empleo para que las personas perceptoras del IMV puedan incorporarse al mundo laboral en cuanto sea posible»
VOX continúa pensando que el IMV es una «paguica» injustificada
En la Región de Murcia más de 500.000 personas se encuentran en riesgo de pobreza (más de un tercio de su población total), de las que, según un informe de la Fundación Foessa y Cáritas, unas 109.000 personas se encuentran en pobreza severa.
Actualmente el IMV llega a 102.000 beneficiarios según los últimos datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, cifra muy cercana a la apuntada por la Fundación Foessa y Cáritas, lo que demuestra la importancia del subsidio que está atendiendo a estas familias en grave riesgo de exclusión social.
VOX mantiene su mensaje nacional acerca de la consideración peyorativa de estas importantes ayudas para quienes peor lo pasan. Siguen tachándolas de «paguicas» injustificadas, cuando la alternativa planteada por el Gobierno, del que ahora forman parte, era la Renta Básico de Inserción que a noviembre del año pasado tan solo tenía 2.125 perceptores de la Región según la respuesta dada por la Consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Concepción Ruiz a una pregunta de la diputada socialistas Toñi Abenza.
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