► Según la memoria explicativa del presupuesto de 2024 de ESAMUR, la entidad prevé varias transferencias a DESAU por valor de 33.572.666 euros a lo largo de este año
► El coste final de la desaladora superará los 710 millones de euros para una infraestructura sin apenas servicio y que supone un gran agujero para las arcas regionales
La Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia (ESAMUR) ha publicado la memoria explicativa del presupuesto previsto para el año 2024. En ella se explican a groso modos los estados financieros de la entidad además de los gastos previstos.
Según el documento, el presupuesto de ESAMUR para 2024 asciende a 89,5 millones, «una inversión que permitirá a la Comunidad de Murcia seguir siendo la Región europea líder en depuración, regeneración y reutilización de aguas residuales».
Breve historia de la construcción de la Desaladora
Recordemos que la desaladora de Escombreras fue promovida por Hydro Managent S.L., participada en aquel momento por TEDAGUA S.A, para dar servicio a las necesidades del Ente Público del Agua de la Región de Murcia, quien mantenía convenios de suministro de agua potable con gran número de Ayuntamientos de la Región, pese a que estos carecían de la pertinente autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura.
La planta desaladora se ubicó en una parcela de tan solo 10.000 m2, en el Valle de Escombreras, en el término municipal de Cartagena. La parcela se encuentra dividida en dos mitades a diferentes alturas, lo cual se ha utilizado para diferenciar la zona de pretratamiento, de la de ósmosis y remineralización.
La red de distribución discurría por los Municipios de Cartagena, Torre Pacheco y Fuente Álamo, a lo largo de más de 60 km de longitud. La solución adoptada se basó en la necesidad de obtener agua de calidad para consumo humano, en cumplimiento con el RD 140 / 2.003.
Valcárcel inauguró la desaladora sin conexión al mar
El expresidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel (PP), inauguró, a pocos días de la campaña electoral del 2007, la desalinizadora de Escombreras (Cartagena). La planta no contaba por aquel entonces con los permisos preceptivos del Ministerio de Medio Ambiente y tampoco había pasado la declaración de impacto ambiental.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), José Salvador Fuentes Zorita, afirmó entonces que “no sé lo que han podido inaugurar porque están en situación de alegalidad, ya que no tienen en orden ni la toma de agua ni el emisario, ni la concesión necesaria”. Éste explicó que los requerimientos a la comunidad autónoma “no han dado paso en la dirección de legalizar las actuaciones”, y añadió que los convenios que el Gobierno regional había firmado con los ayuntamientos que se beneficiarían de la planta “no tienen soporte legal alguno”.
En este sentido, Zorita criticó “el intento de la comunidad de sortear los requisitos de la Ley de Aguas respecto a la disponibilidad de los recursos para las nuevas urbanizaciones”. “Es sorprendente que una consejería que se llama de Agricultura haga la planta para urbanizaciones”, declaró entonces el presidente de la CHS.
Casi el 40% del presupuesto para la Desaladora de Escombreras
Del análisis del documento presentado se obtiene un dato cuanto menos preocupante: de los 89,5 millones de euros de presupuesto que tiene ESAMUR, 33,5 van destinados íntegramente a la Desaladora de Escombreras (DESAU).
ESAMUR afirma que las transferencias con destino a Desaladora de Escombreras S.A.U. se incrementan con respecto al año anterior y detalla que tendrá que hacer pagos por los siguientes conceptos:
- 332.206 € para hacer frente a las necesidades corrientes de la sociedad mercantil pública.
- 27.153.335 € para los gastos de arrendamiento y mantenimiento.
- 4.255 € para los gastos de incremento retributivo.
- Transferencia de capital por importe de 6.082.870 € para inversiones en la sociedad
El total de estas cantidades asciende a los 33.572.666 euros, o lo que es lo mismo, el 37,43% del presupuesto de ESAMUR va destinado a DESAU.
Valcárcel al banquillo de los acusados
La opaca gestión de la construcción y puesta en marcha de la Desaladora de Escombreras le ha costado a su impulsor, el expresidente de la Región de Murcia, su paso por los juzgados y tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados como máximo responsable del proyecto.
El escrito de acusación del ministerio fiscal es claro y afirma que toda la trama que rodeó a la Desaladora de Escombreras era un “plan preconcebido” por el propio Valcárcel quien actuando como “instigador” consiguió esquivar todos los obstáculos que se le presentaron en el camino, desplegando una “huida hacia delante que supuso un sobre coste de 74,1 millones de euros, solo en el contrato de alquiler de la infraestructura.
Además el Fiscal solicita que se proceda al embargo de todos los bienes, inmuebles, productos financieros, planes de pensiones, sueldos o pensiones que Valcárcel tenga a día de hoy a su nombre para satisfacer los posibles daños económicos que pudiera haber causado a las arcas autonómicas.
Utilización política
En el escrito de acusación se refleja que la compra de la desaladora se realizó “en un momento de confrontación política sobre el modelo de gestión del agua y de incertidumbre sobre la suficiencia de los recursos hídricos que se consideraban necesarios”.
De esta manera se aprobó la ley de creación de la Empresa Pública del Agua (EPA) y fue con el consentimiento y aprobación de Valcárcel que se ordenara “disponer de una fuente de caudales propios procedentes de la desalación del agua de mar”.
El fiscal apunta a que el por aquel entonces presidente de la Región de Murcia hizo este encargo “a sabiendas de que, tal legítima finalidad, se iba a realizar mediante una ilícita operativa”.
Más de 60 testigos solicita la Fiscalía
La lista de testigos que solicita la Fiscalía es enorme, superando los 60 nombres, entre los que se encuentran el recientemente condenado a 3 años de cárcel, Pedro Antonio Sánchez, o la exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro.
Destaca también la presencia de varios exconsejeros como el extitular de Presidencia, Fernando de la Cierva; o la extitular de Economía, Inmaculada García. Además de 21 de los alcaldes que regían municipios cuando Valcárcel, entre ellos el exalcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, el de Torre Pacheco, Daniel García Madrid o el de Totana, Juan Morales, este último condenado a pena de cárcel en el ‘caso Tótem’.
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