La Fundación Ingenio no expulsará a sus dos patronos sancionados con casi 2 millones de euros por verter nitratos al Mar Menor

► Las empresas G’s España y Ciky Oro han sido sancionadas por la Consejería de Medio Ambiente con más de 1,1 y 0,8 millones de euros respectivamente por daños al Mar Menor ocasionados por la actividad de instalaciones ilegales de desalobración de aguas que se encontraban en diferentes fincas explotadas por las mercantiles

► La Fundación Ingenio afirma que «estas empresas no están condenadas por sentencia firme, es una sanción administrativa susceptible de ser recurrida»

El lobby del Campo de Cartagena decide seguir mirando hacia otro lado en lo que se refiere al cumplimiento de su código ético. Según el mismo, en su apartado «Uso de agua y fertilizantes» se afirma que «las empresas se comprometen a controlar que la producción en el campo de Cartagena cumpla con la legalidad siendo sostenible en cuanto al uso eficiente del agua y los fertilizantes, minimizando así el impacto en el entorno del Mar Menor».

Así las cosas, según lo expuesto por la Consejería de Medio Ambiente y por la instrucción del ‘Caso Topillo’ parece más que probable que los patronos de la Fundación Ingenio no han cumplido con el apartado de «uso de agua y fertilizantes» del código ético del lobby de los agricultores del Campo de Cartagena.

Estos patronos, dos de los más importantes de la Fundación Ingenio, G’s España y Ciky Oro, han sido sancionados administrativamente por la Consejería de Medio Ambiente que se vio obligada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) quien le forzó a exigir responsabilidad medioambiental a explotaciones agrícolas por vertidos al Mar Menor.

Tras una denuncia de Fiscalía contra el Gobierno regional de López Miras, el TSJM sentenció en marzo de 2022 que debía iniciar procedimientos contra ocho empresas y particulares por aportación de exceso de nutrientes o rechazos procedentes de la extracción de aguas de los acuíferos, relacionadas con el atestado que dio origen a la instrucción del caso Topillo.

La Sala de lo Contenciosa estimó parcialmente el recurso presentado por la Fiscalía contra la denegación de su reclamación a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente en mayo de 2020 por inactividad.

La CARM se opuso al entender que era competencia de la CHS, pero el TSJ lo dejó meridianamente claro: el artículo 114 de Ley de Costas atribuye a las comunidades autónomas la competencia que en materia de vertidos al mar tengan atribuidas en virtud de sus respectivos Estatutos. “Por tanto, la atribución de competencia en este caso a la Administración del Estado, y concretamente a la Confederación Hidrográfica del Segura, carece de fundamento legal alguno”, concluyó el tribunal en respuesta a la Comunidad Autónoma.

Ciky Oro

En abril de 2021, la Fundación Ingenio daba la bienvenida a la empresa Ciky Oro quien entraría a formar parte de su patronato. Desde la fundación la describían como una «empresa familiar con más de 20 años de experiencia en el sector» cuya especialidad era «una variedad de melón, el charentais jaune, muy valorado en Francia y Suiza».

El pasado mes de diciembre la Consejería de Medio Ambiente emitía una propuesta de resolución para el expediente de responsabilidad medioambiental a una de las empresas acusadas por daños al Mar Menor ocasionados por la actividad de las tres instalaciones ilegales de desalobración de aguas que se encontraban en diferentes fincas explotadas por la mercantil, la multinacional francesa Ciky Oro. 

Concretamente, imponía una sanción a la mercantil de 798.852 euros por los «significativos daños medioambientales causados a especies silvestres (fauna y flora), los hábitats, y las aguas del Mar Menor», todos ellos recursos naturales afectados por la actividad de las tres instalaciones desalobradoras ilegales identificadas.

Según se indicaba en la propuesta de sanción, la intensidad del daño realizado por la empresa «se puede considerar aguda, debido a que su actividad ha constituido un 40% […] del total de nitratos que han entrado al Mar Menor del total de las desalobradoras precintadas, lo que se ha calificado como infracción muy grave respecto a la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad».

G’s España

La multinacional G’s España dedicada al cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos en el Campo de Cartagena para exportación deberá pagar una multa de 1,1 millones de euros por verter 1,9 millones de metros cúbicos de salmuera con nitratos sin depurar al Mar Menor, procedentes de dos instalaciones desalobradoras ilegales situadas en Torre Pacheco, entre los años 2012 y 2016.

A esa cifra hay que sumar 639.441,68 euros por las obras que debió realizar la Confederación Hidrográfica del Segura para la clausura de los pozos, las desalobradoras ilegales y las conducciones. 

Ante esta propuesta de sanción la empresa presentó alegaciones que fueron rechazadas por la Comunidad Autónoma.

Ambas empresas inmersas en el ‘Caso Topillo’

La causa por los vertidos contaminantes procedentes de desalobradoras ilegales en el Campo de Cartagena que se abrió en 2017 ha sufrido varias divisiones, al tiempo que se ha impedido que ONG y Ayuntamiento ribereños se presenten como afectados.

En 2017, el por aquel entonces fiscal de la Región de Murcia de Medio Ambiente y Urbanismo y actual fiscal jefe, José Luis Díaz Manzanera, denunció los vertidos contaminantes por el uso de determinadas desaladoras no autorizadas para actividades agrícolas en el Campo de Cartagena entre los años 2012 y 2017.

En el escrito de acusación de Manzanera se calcula el perjuicio económico que causaron estas empresas en casi 19,5 millones de euros. En cuanto a la laguna salada, “no hay signos de mejora” tras años de vertidos, según ha concluido el Instituto Español de Oceanografía (IEO) este febrero.

Según publicó el periódico La Opinión «la primera pieza del caso Topillo apunta a 39 compañías o agricultores del Campo de Cartagena por deshacerse del excedente con nitratos de sus desaladoras ilegales en las ramblas o el subsuelo».

La actividad contaminante que el juez achaca a estas empresas provocó el vertido a ramblas, salmueroducto, balsas o al subsuelo de un total de 5.900 millones de litros de salmuera con nitratos (5,9 millones de metros cúbicos), además de haber extraído una cantidad desorbitada de agua del acuífero del Campo de Cartagena contaminada por nitratos, cuatro veces más de lo permitido por por las directivas europeas.

Según el mismo diario, las empresas señaladas por el juez de instrucción y de los empresarios y agricultores a quienes se pretendían llevar hasta la fase de juicio oral eran:

1. «Pozo Camachos S.L (Dolores de Pacheco, Torre Pacheco). Sus administradores Gregorio Madrid y Francisco José Paredes llevaron a cabo la extracción de más de dos millones de metros cúbicos de agua entre 2013 y 2016. Como consecuencia de esta actividad de desalación se generó un rechazo de 592.201 m3 que se vertió a un salmueroducto. Los daños causados se valoran en 1.741.560,89 euros».
2. «Explotaciones El Montes S.L. (El Mirador, San Javier). Siendo administradora María Mercedes Pérez (encausada), la firma operó con una máquina desaladora (adquirida en 2004) entre 2015 y 2017 extrayendo 1,7 millones de metros cúbicos de un pozo en la finca. Como consecuencia de esta actividad de desalación se generó un rechazo de 428.571 m3 y provocó un daño por valor de 1.289.534,86 euros».
3. «Explotaciones Agrícolas Los Triviños (Torre Pacheco). En la instrucción de la causa se ha acreditado que los propietarios José Madrid Egea y Mariano Madrid entre los años 2013 y 2017 esta empresa extrajo 1.489.610 m3 de agua de un pozo ubicado en su finca para posteriormente desalarla. El rechazo de salmuera ascendió a 372.402 m3 que acabaron en un salmueroducto. El daño se calcula por 1.131.333,39 euros».
4. «Explotaciones Agrícolas Guillén (San Javier). Entre los años 2014 y 2017 esta empresa extrajo 902.398,05 m3 de agua de un pozo ubicado en su finca para posteriormente desalarla, empeñando para ello una máquina desaladora. Como consecuencia de esta actividad de desalación se generó un rechazo de 225.599,51 m3 que se vertió al subsuelo y que generó 649.726,60 euros en daños. El encausado es Víctor José Guillén Sierra».
5. «Francisco Muñoz Meroño (finca en Cartagena). Entre los años 2014 y 2017 este empresario extrajo 863.896 m3 de agua de un pozo ubicado en su finca, para posteriormente desalarla empeñando para ello una máquina desaladora. Como consecuencia de esta actividad de desalación se generó un rechazo de 215.947 m3 que se vertió al subsuelo y ocasionó  659.550,90 euros en daños».
6. «Santiago León Jiménez (La Puebla, Cartagena). Entre los años 2014 y 2017 este investigado extrajo 46.638 m3 de agua de un pozo ubicado en su finca para desalarla empeñando una máquina. Como consecuencia de esta actividad se generó un rechazo de 11.409 m3 que se vertió al salmueroducto que vertía a la Rambla del Albujón. El daño es de 35.991,68 euros».
7. «José Martínez Martínez (San Javier). Entre los años 2014 y 2016 este investigado extrajo 1.203.376 m3 de agua de un pozo ubicado en su finca de San Javier, para posteriormente desalarla, empeñando para ello una máquina desaladora. Como consecuencia de esta actividad de desalación se generó un rechazo de 300.844 m3 que se vertió al salmueroducto que vertía a la rambla del Albujón. Los daños suman 866.430,72 euros».
8. «Pozo Los Relentes (Torre Pacheco). Esta empresa, administrada por José Madrid, Rafael García, José López y Antonio Francisco Marín, gestionó la extracción de 1.969.610 m3 de un pozo para más tarde distribuir el agua entre los socios. Estos hechos se repitieron desde 2014 a 2017 y como consecuencia de esta actividad de desalación se generó un rechazo de 494.402 m3 que se vertió al salmueroducto de la rambla del Albujón. El daño se cifra en 1.418.119,20 euros».
9. «SAT Pozo Villar Alto 9517 (Torre Pacheco). La junta rectora está constituida por Eulogio Sánchez, Juan Luis Sánchez, Aquilino Albaladejo, Juan Meroño y Antonio Albaladejo. Entre 2013 y 2016 esta sociedad investigada extrajo 466.940 m3 de agua de un pozo ubicado en una parcela de Torre Pacheco, para lo que tuvieron autorización hasta 2019. Se generó un rechazo de 116.735 m3 que se vertió al salmueroducto que vertía al Albujón y el valor del daño se cifra en 353.831,72 euros».
10. «Juan García León y Juan García Solana (Torre Pacheco). Entre los años 2015 y 2017 estos investigados extrajeron 719.922 m3 de agua de un pozo. Esta actividad generó un rechazo de 179.480m3, vertiéndose al salmueroducto que desembocaba en el Albujón. Los daños se cuantifican en 551.867,63 euros».
11. «Agrotomy, S.L. (Torre Pacheco). Gestionada por Nicolás Jara, quien podría ir a juicio, entre los años 2015 y 2017 este investigado extrajo 694.285,71 m3 de agua del acuífero y generó un rechazo de 173.571m3, ignorándose su destino. Daños por valor de 533.092,62 euros».
12. «Hermanos Hernanpe y su administrador Isidoro Hernánez (Torre Pacheco). Han sido investigados por extraer en 2017 un total de 675.324,67 m3  del acuífero, que produjo 168.831m3. El daño está cifrado en 514.899,24 euros».
13. «José Ros Vera (Torre Pacheco). Entre los años 2014 y 2017 este investigado extrajo 680.519 m3 de agua de un pozo, ocasionando de 170.129 m3 de salmuera que acababan en la rambla del Albujón. El daño se cifra en 520.372,33 euros».
14. «José María León Inglés (Torre Pacheco). Entre los años 2013 y 2017 este investigado extrajo 259.740 m3 de agua. Se generó un un rechazo de 64.935 m3 que se vertió al subsuelo y se cuantifican 201.350,45 euros en daños».
15. «Gregorio Garre García (Balsicas, Torre Pacheco). En el año 2017 este investigado extrajo 42.857 m3 de agua de un pozo ubicado en su finca, donde se generaron 10.714 m3 de salmuera. El daño se cifra en 31.739,68 euros».
16. «Salvador Conesa López (Balsicas, Torre Pacheco). Entre los años 2013 y 2017 este investigado extrajo 47.465 m3 de agua de un pozo, que generó 15.821 m3 de salmuera vertidos a una balsa. El juez cifra el daño medioambiental en 48.332,18 euros».
17. «Dolores Huescar y Alfonso Jiménez, de Gialgivi S.L. (San Javier). Entre los años 2014 y 2017 los investigados extrajeron 325.454 m3 de agua causando 81.363,50 m3 de salmuera. 246.732,54 euros en daños».
18. «Agrícola La Rambleta (El Jimenado, Torre Pacheco). Gestionada por Salvador Meroño, entre los años 2013 y 2017 se extrajo 205.714 m3 de agua de un pozo. La salmuera al Albujón se cifró en 51.428 m3 y los daos por valor de 156.896 euros».
19. «Agromaines, S.L., y su administrador Roberto Sánchez (Cartagena). Entre los años 2016 y 2017 estos investigados extrajeron 180.000 m3 de agua. Como consecuencia de esta actividad de desalación se generó un rechazo de 45.000 m3, vertiendo al salmueroducto que desembocaba en una tubería en la rambla del Albujón. Los daños son 138.349 euros».
20. «Antonio Miguel León García (Torre Pacheco). Entre los años 2014 y 2016 este investigados extrajo 116.235 m3 de agua de un pozo, con una salmuera de 29.058 m3 que acabó en el Albujón. Los daños se cifran en 89.434,57 euros».
21. «Andrés Mercader (Sucina, Murcia). Entre los años 2015 y 2017 este investigado extrajo 154.285 m3 de agua de un pozo, tiempo en el que se generó 38.571 m3 que se vertió al subsuelo. 116.099,74 euros en daños».
22. «Exportasol S.L. (Balsicas, Torre Pacheco).La mercantil de Manuel Meroño entre los años 2014 y 2017 extrajo 135.824 m3 de agua de un pozo, generando 33.832 m3 que se vertió al subsuelo y causó 103.895,33 euros».
23. «José Antonio León Armero (Torre Pacheco). En la instrucción de la causa se ha acreditado de manera indiciaria que entre los años 2014 y 2017 este investigado extrajeron 120.000 m3 de agua de un pozo. La desalación generó un rechazo de 30.000 m3 al salmueroducto que desembocaba en una tubería en la rambla del Mar Menor, a escasos metros de la laguna y que causó 93.571,56 euros».
24. «Agrícola Los Rizaos S.L. (Dolores de Pacheco, Torre Pacheco). La empresa del encausado Teodoro Vera, entre los años 2015 y 2016, extrajo 68.571m3 de agua y rechazó 17.142 m3 vertidos al salmueroducto que desemboca en el Albujón. Daños por 51.263,60 euros».
25. «Fulgencio Conesa Marín (Torre Pacheco). Entre los años 2015 y 2017 este investigado extrajo 85.714 m3 de agua de un pozo, actividad de desalación que generó un rechazo de 21.428 m3 al salmueroducto que desembocaba en una tubería en la rambla del Mar Menor. Los daños se valoran en 65.693,26 euros».
26. «Explotaciones Agrícolas El Mirador S.L. (San Javier). En la instrucción de la causa se ha acreditado que entre los años 2016 Y 2017 esta empresa, del investigado Eusebio Ferrer, extrajo 51.428 m3 de agua de un pozo, con un rechazo de 12.857 m3, desconociéndose su destino. Los daños ascienden a 39.080,75 euros».
27. «Agrícola Galindo S.L. (La Palma, Cartagena). Sus administradores Pablo y María del Mar Galindo extrajeron 649.480 m3 del acuífero entre los años 2016 y 2017, según la investigación judicial, lo que ocasionó 162.393 m3 de salmuera que acabaron en el Albujón. Los daños suben a 496.257,75 euros».
28. «Agroalframa S.L. (Lentiscar, Cartagena). A cargo de Francisco Sánchez Escudero, la firma extrajo en 2017 un total de 17.142 m3 de agua de un pozo ubicado en su finca, donde se rechazaron 4.285 m3 que se vertieron a un embalse. Los daños suman 13.196,12 euros».
29. «Veryfruit Eco (Balsicas, Torre Pacheco). Su administrador José Meroño empleó una desaladora en 2017 de la que la empresa aprovechó para extraer 17.142 m3 de agua. El rechazo de 4.285 m3 se vertió al subsuelo y los daños ascienden a 13.196,12 euros».
30. «La Maraña S.L. (Torre Pacheco). Al mando del encausado Roque Madrid, la empresa extrajo 1.117.947 m3 de agua de pozo ubicado en su finca, donde se generó un rechazo de 279.486 m3 que se vertió al salmueroducto de la rambla del Albujón. Los daños suman 847.622,83 euros».
31. «Finca Lo Cerezuela (Cartagena). Administradores: Miguel García Jiménez, José Gómez Sánchez, Emilio Sánchez García y Rafael Pérez Almagro. En la instrucción de la causa se ha acreditado de manera indiciaria que entre los años 2016 y 2017 esta investigada extrajo 545.195 m3 de agua con un rechazo de 136.299 m3. Los daños suben a 721.231,82 euros».
32. «Agrícola Almazara C.B. (Balsicas, Torre Pacheco). El encausado es Aquilino Albaladejo Hernández. Entre los años 2015 y 2017 esta empresa investigada extrajo 540.000 m3 de agua para acabar generando 135.000 m3 que acabaron en el Albujón. Los daños suben a 414.501,30 euros».
33. «Vanda Agropecuaria (Lentiscar, Cartagena). El administrados Juan Macia y el empleado Valentín Pardo se encuentran imputados por extraer del acuífero entre 2015 y 2017 un total de 904.744 m3 y cuya salmuera (226.186 m3) acabó en el Albujón. Los daños suman 698.616,17 euros».
34. «Agropecuaria La Cerca S.L. (Pozo Estrecho, Cartagena). El juez ve indicios de delito en Tomás Inglés Navarro, el administrador, por extraer entre los años 2017 y 2018 un total de 184.203 m3 de agua, causando 46.073 m3 en el Albujón. Los daños ascienden a 141.411,91 euros».
35. «Agropecuaria Erica S.L (El Algar, Cartagena). El encausado es Alejandro León, de quien queda acreditado que entre los años 2015 y 2016 extrajo 128.181 m3 de agua caudando 32.045 m3 de salmuera, que se desconoce dónde llegó a parar. 266.723,81 euros en daños».
36. «GS España (Torre Pacheco). El holding empresarial GS España, una de las mayores empresas exportadoras del Campo de Cartagena y de mayor producción, tendrá que sentarse en el banquillo al estar imputado su administrador David Abram, ya que entre los años 2012 y 2016 la multinacional extrajo 3.272.727 m3 de agua de un pozo ubicado en la finca situada en paraje Barranquillo, de Torre Pacheco, para posteriormente desalarla empleando para ello dos máquinas desaladoras. Como consecuencia de esta actividad de desalación se generó un rechazo de 818.181 m3, desconociéndose su destino, indica el juez en su auto. Esta empresa es la que presuntamente más daño medioambiental ha realizado al Mar Menor de todas las encausadas, al cifrar el valor del perjuicio en 2.554.886,88 euros».
37. «Ciky Oro (El Algar, Cartagena), cuyo administrador es Gilbert Dennis Bernard. En la instrucción de la causa se ha acreditado de manera indiciaria que entre los años 2013 y 2016 esta investigada extrajo 1.767.188 m3 de agua, generando un rechazo de 441.769 m3 y cuyo valor en los daños es de 1.349.766,93 euros».
38. «Ángel Sánchez Fructuoso (Torre Pacheco). En la instrucción de la causa se ha acreditado de manera indiciaria que entre los años 2015 y 2017 este investigado extrajo 392.727 m3 de agua, causando 98.181 m3 que vertía a la rambla de Miranda».
39. «Empresa Insal. La causa se dirige contra Santiago Pedreño Meroño, presunto responsable de comercializar el material necesario para el funcionamiento de las desaladoras ilegales».

La Fundación Ingenio no hará nada, de momento

Fuentes de la Fundación Ingenio han confirmado a LasNoticiasRM que Ciky Oro y G´s España «no están condenadas por sentencia firme, es una sanción administrativa susceptible de ser recurrida».

Afirman que «desde Fundación Ingenio siempre hemos dicho lo mismo: El día que haya una sentencia condenatoria en firme, se valorará, pero mientras tanto, no prejuzgamos».

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