► LasNoticiasRM ha tenido acceso a las resoluciones estimatorias del Consejo de la Transparencia que no atiende el ejecutivo regional
► Decenas de resoluciones del Consejo de la Transparencia dan la razón a los reclamantes e instan al Gobierno de López Miras a facilitar la información solicitada, pero este las ignora y no las ejecuta
La opacidad de los ejecutivos del Partido Popular en la Región de Murcia siempre ha sido muy alta pese a contar la Comunidad Autónoma con una ley específica de Transparencia y Participación Ciudadana (Ley 12/2014) desde el año 2014.
Fue muy sonada la negativa del Gobierno regional a entregar la lista de personas vacunadas saltándose el protocolo marcado formulada por un particular.
El Pleno del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia aprobó en su reunión del 23 de noviembre una resolución que obligaba a la Consejería de Salud a publicar, en el plazo de quince días, los nombres de todos los altos cargos de la Comunidad que fueron vacunados indebidamente contra la Covid-19, saltándose el protocolo.
A fecha de hoy dicha resolución sigue sin ejecutarse pese a que los dictámenes del Consejo de la Transparencia son vinculantes y deben ser acatados por los afectados en el proceso, en este caso la Consejería de Sanidad del Gobierno de López Miras, que fue noticia nacional por permitir la vacunación de personas saltándose el protocolo marcado.
Decenas de resoluciones sin cumplir
LasNoticiasRM ha tenido acceso a decenas de resoluciones emitidas por el Consejo de la Transparencia que fecha de hoy se encuentran sin contestar por temas tan diversos como los fondos destinados para disminuir las listas de espera de la Dependencia en la Región, asuntos relacionados con explotaciones ganaderas o las agendas de distintos consejeros de la pasada legislatura.
Un análisis de la documentación demuestra el absoluto desprecio de la administración regional hacia el Consejo de la Transparencia, dado que en la mayoría de estas resoluciones se expone que le fueron remitidos múltiples requerimientos sin que estos fueran atendidos y contestados por la consejería a la que se dirigían.
Requerida en tres ocasiones sin atender ninguna
En varias de las resoluciones a las que ha tenido acceso este digital se puede apreciar la absoluta desconsideración de la administración regional, dado que el Consejo ha requerido a la consejería responsable de la información hasta en tres ocasiones sin que esta haya siquiera contestado.
Falta de medios en el Consejo de la Transparencia
La constante falta de medios técnicos y humanos a la que el Ejecutivo de López Miras lleva sometiendo al Consejo de la Transparencia ha sido denunciada en multitud de ocasiones hasta el punto de que el Gobierno regional denunció ante los tribunales la creación de puestos de trabajo iniciada por el Consejo, algo inédito y sin precedentes.
En una entrevista con el programa Tarde Abierta, de Onda Regional, el profesor de Derecho Administrativo Santiago Manuel Álvarez Carreño, quien asumió la presidencia del consejo de manera interina tras la marcha de Julián Pérez-Templado, fue más allá y denunció que el Consejo de la Transparencia estaba «sufriendo un boicot por parte del Gobierno regional que le está llevando a no cumplir su función».
Interposición de contenciosos administrativos
A los reclamantes que han recibido la estimación de sus pretensiones por parte del Consejo de la Transparencia, pero ven que tras el plazo marcado en las resoluciones el Gobierno regional no les traslada la información solicitada solo pueden recurrir a la justicia.
Concretamente, deben acudir al juzgado Contencioso-Administrativo de Murcia para que este obligue al ejecutivo de López Miras a cumplir los dictámenes del Consejo de la Transparencia, proceso que supone gastos en abogados y procuradores, además del tiempo que se dilatan esos procesos.
Si algo se ha comprobado, es que las dilaciones temporales que supone la judicialización de estos asuntos suele producir una pérdida de interés en la información, retardos considerables en la entrega o la pasividad de unos cargos públicos sabedores de que cuando se resuelva la cuestión ellos ya no serán responsables del órgano incumplidor.
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