Se ha detenido a cinco personas en las provincias de Zamora, Málaga y Madrid como presuntos responsables de los delitos de estafa, frustración de la ejecución, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal
Constituían sociedades con las que realizaban facturación cruzada con otras empresas investigadas para aparentar un incremento del volumen de negocio y financiaban el aumento de su capital social para después declararse en concurso de acreedores.
La investigación se inició tras recibirse varias denuncias de entidades bancarias, financieras de vehículos y proveedores de productos electrónicos por el impago de préstamos y material electrónico. Los agentes, en el análisis de las denuncias la posible existencia de un grupo criminal que con distintos métodos había defraudado unos 10.000.000 de euros.
Los investigadores detectaron que el método más habitual que utilizaba la red criminal para llevar a cabo los fraudes, consistía en que uno de los miembros del grupo criminal adquiría una sociedad con la que comenzaba a operar sin que los investigados hicieran grandes inversiones o desembolsos, sino que maquillaban la actividad empresarial para mostrar solvencia de cara a transmitir solvencia a los proveedores a los que pretendían defraudar.
Para lograr la aparente solvencia, realizaban facturaciones cruzadas con otras empresas investigadas y mediante compras y ventas con terceras empresas para incrementar el volumen de negocio. También solicitaban financiación de pequeñas cantidades que abonaban mensualmente para no levantar sospechas y aumentaban su capital social realizando ampliaciones mediante inmuebles a los que inflaban su valor.
Usaban como testaferros a extranjeros o personas con discapacidad
Una vez que aumentaban la facturación, accedían a préstamos y financiación de mayor cuantía, financiaban vehículos y realizaban pedidos de mayor valor con la intención de no abonarlos. A continuación ponían la sociedad a nombre de un testaferro, extranjeros o incluso personas con problemas mentales o de salud, justo antes de comenzar a solicitar el grueso de las financiaciones para así, evitar que la acción de la justicia se pudiera dirigir contra los verdaderos responsables.
Por último, se declaraban en concurso de acreedores que preparaban de manera intencionada para que las quiebras fortuitas se tuvieran que resolver por la vía civil. Además, se lucraban vendiendo los vehículos, que adquirían mediante financiación y que no abonaban, en terceros países como Francia o Portugal y mediante la venta de los productos electrónicos o informáticos no pagados en el mercado negro.
Tras detectar a los integrantes del entramado criminal, los agentes detuvieron a cinco personas, tres en Zamora, uno en Móstoles y un quinto en Benalmádena, imputando el juzgado de Madrid que entiende de la causa a otras ocho personas en sede judicial.
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