► Como en la conocida adivinanza, parece que quien no lo adivine tonto es y eso es en lo que debería estar pensando el alcalde de San Javier cuando redactó los pliegos para la contratación de los servicios jurídicos para defender al consistorio de la condena del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales
Si grazna como un pato, camina como un pato y se comporta como un pato, entonces, seguramente será un pato. Este dicho popular viene muy a cuento cuando nos ponemos a analizar la licitación promovida por el Ayuntamiento de San Javier para el «Servicio de Asistencia Letrada para Recurso Contencioso-Administrativo del Expediente 1419/2022».
Esta semana hemos informado en exclusiva de la más que sospechosa licitación promovida por el número dos del Partido Popular en la Región de Murcia y Alcalde de San Javier, José Miguel Luengo. Tan sospechosa y trasnochada que ni siquiera hay mención a ella en la página web del consistorio ribereño.
Un alcalde propenso al exceso mediático, adalid de la foto antes que de la bonanza de los hechos que justifican esa foto y con una altanería propia de los de su partido arropada por la mayoría absoluta que conserva en su municipio, resulta que no ha hecho ninguna comunicación de esta importante licitación que según afirman desde el consistorio es «una obligación para el Gobierno local porque defiende los intereses municipales» a razón de casi 250.000 euros que le ve a costar.
Sin embargo, para ser una obligación tan importante, Luengo llevo a pleno la aprobación del paso previo a ese recurso con nocturnidad y alevosía. Además de hacerlo sin informar de los costes económicos de ese primer contrato menor adjudicado a dedo por una cantidad que está al límite legal de este tipo de contrataciones.
Aqualia
Recordemos que el concurso del agua, adjudicado presuntamente de forma irregular a Aqualia, por 247 millones de euros fue suspendido tras la presentación de varios recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), donde ponían en entre dicho la intervención de Luengo por su pasado laboral.
Tan poca transparencia lo único que hace es levantar sospechas sobre la legalidad del proceso, pero si a esto le sumas el análisis de los pliegos de la licitación, las dudas iniciales pasan a ser claros indicios de un contrato dirigido para que solo una persona pueda ser el receptor del mismo.
Luengo y sus pliegos de condiciones
La cláusula duodécima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para el Contrato de Servicios plantea seis criterios concretos para puntuar a los posibles candidatos, a saber:
- Experiencia del letrado en base al número de pronunciamientos judiciales.
- Formación jurídica en base al número de libros y artículos doctrinales publicados por el aspirante.
- Oferta de mejora consistente en defender gratis al consistorio ante cualquier posible recurso de las empresas afectadas.
- Rebaja sobre el precio base de la licitación.
- Experiencia del letrado basada en los años de experiencia como profesor de universidad
- Descuento sobre el precio base del (más que probable) recurso de casación ante el Tribunal supremo.
Y ante esto, muchos podrían pensar que parecen condiciones bastante lógicas. El problema viene cuando esos criterios los analizan abogados y bufetes legales. Entonces vienen los problemas. Dado que cinco de los seis criterios podrían apuntar a que están ahí para excluir a la mayoría de candidatos.
Hablé personalmente con al menos ocho abogados distintos, la mayoría con larga trayectoria legal y una reputación intachable dentro del ámbito del derecho administrativo. Y todos, repito, todos afirmaban que esas condiciones eran demasiado limitantes. Varios de ellos apuntaban a que el motivo de la redacción tan concreta de esos criterios pudiera ser el hacer que la licitación pudiera estar hecha para una sola persona.
Y llegados a este punto yo me pregunto, ¿Luengo se piensa que somos tontos? ¿De verdad creía que la redacción de estos criterios no iban a ‘cantar por soleares’?
Oro parece
Como en la conocida adivinanza, parece que quien no lo adivine tonto es y eso es en lo que debería estar pensando el alcalde de San Javier cuando redactó los pliegos para la contratación de los servicios jurídicos para defender al consistorio de la condena del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.
Estoy deseando que termine el proceso y ver el abogado que se lleva la licitación y también ver cuantos más aspirantes hay en el proceso. Cuando eso pase les escribiré la segunda parte de este artículo donde incluiré los detalles hablados con la persona que puede tener muchas posibilidades de ser el beneficiario del mismo, porque con ella también hablé.
Hasta entonces, compren palomitas porque esta película se puede poner muy interesante, Máxime cuando alguno de los letrados consultados afirmaban que había claros indicios de delitos y se estaban pensando muy mucho el presentar alguna acción legal contra este proceso.
Así que, oro parece, plata no es, quien no lo advine tonto es. Y esto, queridos lectores, tenían que saberlo.