► Fuentes municipales afirman que el servicio inicial ya fue adjudicado al letrado Salvador Pérez Alcaraz mediante un contrato menor el pasado 8 de febrero
► El consistorio, aparentemente, prevé perder el recurso en primera instancia dado que anticipa la posible interposición y defensa de un recurso de casación ante una hipotética derrota judicial
► El concurso del agua, adjudicado presuntamente de forma irregular a Aqualia, por 247 millones de euros fue suspendido tras la presentación de varios recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
El pasado viernes 5 de abril fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el acuerdo de iniciación del expediente de contratación para la Asistencia Letrada para Recurso Contencioso-Administrativo Expediente 1419/2022, más conocido como ‘caso Aqualia’.
Según se expone en dicho documento “El Ayuntamiento de San Javier tiene la obligación legal de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos, siendo una de ellas la de interponer recurso contencioso-administrativo contra la Resolución 1596/2023 de 14 de diciembre de 2023, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, ya que la anulación del acuerdo de adjudicación conlleva graves perjuicios para el municipio de San Javier”.
Asegura el consistorio ribereño que “la nueva concesión (anulada por tribunal de recursos contractuales) prevé importantes inversiones en las infraestructuras de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado, necesarias para el municipio, así como la aportación de recursos económicos al Ayuntamiento y otras mejoras relevantes en la gestión del servicio. En este sentido, dada la importancia de los bienes en juego, el Ayuntamiento de San Javier debe asegurar la mejor defensa letrada posible en el asunto indicado”.
El Ayto. de San Javier busca otro gabinete jurídico pese a tener uno ya contratado
Llama la atención que en el acuerdo de iniciación del expediente de contratación se hace referencia a que el Ayuntamiento de San Javier ya dispone de un contrato vigente para la defensa letrada y el ejercicio de acciones judiciales adjudicado a la empresa Decisio Consulting SL “pero en modo alguno puede amparar un pleito de estas características, no solo por su cuantía, que ya lo configura como el más importante para el municipio de toda su historia, sino también por su nivel de especificidad y dificultad”.
En otras palabras, el despacho de abogados contratado de forma habitual por el consistorio parece que solo sirve para asuntos menores, según el criterio del Ayuntamiento de San Javier, pese a que en la página web de la empresa afirman tener “más de 30 años de experiencia en el ejercicio de la Abogacía en ámbitos relacionados con el Sector Público“.
LasNoticiasRM se interesó por conocer la opinión del despacho de Decisio y se puso en contacto con Miguel Porras, uno de los socios principales del bufete, quien nos indicó que declinaba realizar cualquier valoración al respecto de este asunto.
Aseguran que el contrato ya está dado
Fuentes municipales han asegurado a LasNoticiasRM que el servicio inicial para la defensa legal del Ayuntamiento de San Javier para este caso ya fue adjudicado al letrado Salvador Pérez Alcaraz en el pleno municipal del pasado 15 de febrero mediante un contrato menor, decisión que salió adelante tan solo con los votos del Partido Popular.
Esta decisión fue muy criticada dado que el alcalde de San Javier y número 2 del PP regional adjudicó este servicio a dedo sin informar la cuantía de la minuta ni tampoco el expediente para poder cerrar su contratación.
De hecho, el acta del pleno celebrado el pasado 15 de febrero refleja la contratación del letrado indicando que se acuerda “designar Letrados para la defensa y representación de este Ayuntamiento, en los trámites iniciales que se indican a continuación, al Letrado cuyos méritos han sido relacionados en la parte expositiva de este acuerdo”, sin especificar cuantía de los servicios prestados.
LasNoticiasRM se puso en contacto con Salvador Pérez para consultarle acerca de este extremo y nos indicó que a él solamente le han contratado “para interponer el recurso y solicitar la medida cautelar”.
Además nos confirma que sabía que el resto del procedimiento “iba a salir a contratación”, como así ha sido y hemos expuesto anteriormente.
Contrato menor por 17.908 euros
LasNoticiasRM ha tenido acceso al decreto número 2024-0971 de fecha 8 de febrero de 2024, una semana antes de llevar el asunto al pleno municipal, donde se “adjudica el Contrato menor de servicios consistente en Preparación, presentación y seguimiento de expediente e incidencias del escrito de interposición del recurso ante el TSJ de Murcia” al letrado Salvador Pérez Alcaraz “por un importe de 14.800 €, al que le corresponde por IVA la cantidad de 3.108 €, siendo el precio total de 17.908 €”.
Licitan por 229.900 euros
Según la memoria justificativa de la licitación, el valor estimado del contrato es de 229.900 euros dividiendo esta cantidad entre los 193.600 euros previstos para la defensa del recurso en primera instancia y otros 36.300 euros para la “posible interposición y defensa del recurso de casación”.
Esta separación de conceptos parece evidenciar que el Ayuntamiento de San Javier prevé perder el recurso en primera instancia dado que anticipa la posible interposición y defensa de un recurso de casación ante una hipotética derrota judicial.
El precio de la licitación aparentemente fuera de mercado
Fuente jurídicas consultadas por LasNoticiasRM nos indican que el presupuesto base de la licitación de este contrato “aparentemente es excesivo en la Región de Murcia” afirmando que “el precio de mercado estaría en torno a la mitad de las cantidades reflejadas en los pliegos de condiciones”.
Caso Aqualia
El concurso del agua, adjudicado presuntamente de forma irregular a Aqualia, por 247 millones de euros fue suspendido tras la presentación de varios recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).
Dicha decisión se fundamentó por el cuestionamiento de diversos aspectos del proceso, desde presuntas irregularidades en las valoraciones hasta posibles conflictos de interés entre la empresa ganadora, Aqualia, y los entes responsables de la adjudicación, Ingeagua y el Ayuntamiento de San Javier.
Además la Fiscalía de Cartagena investigó las posibles irregularidades relacionadas con el concurso público y la presunta connivencia entre Luengo, FCC Aqualia e Ingeagua.
